Inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria grave se ha duplicado desde el inicio de la pandemia

El número de hogares en España que sufre inseguridad alimentaria ha crecido casi dos puntos por la crisis del coronavirus hasta llegar al 13,3% de la población, casi 2,5 millones de hogares. 

Esta es una de las principales conclusiones del estudio Alimentando un futuro sostenible. Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles antes y durante la covid-19, realizado por la Universidad de Barcelona. 

Se trata de la primera encuesta representativa de hogares que sufren inseguridad alimentaria o, lo que es lo mismo, una falta de un acceso regular a suficientes alimentos sanos y nutritivos para el crecimiento y una vida saludable. Y los datos son bastantes claros: a raíz de la pandemia, 656.418 personas han pasado a experimentar esta falta de acceso a los alimentos. Las escenas de las colas del hambre frente a los centros de reparto de alimentos, la mayoría de ellos organizados por los propios vecinos, eran una señal de un fenómeno mucho más amplio y que llegó para quedarse. 

Del total de la población española, señala el informe, el 5,2% —unos 2,4 millones de personas— sufre de inseguridad alimentaria grave o moderada y se ha visto obligado a reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos

Del total de la población española, señala el informe, el 5,2% —unos 2,4 millones de personas— sufre de inseguridad alimentaria grave o moderada y se ha visto obligado a reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos. Y el número de personas que sufre la inseguridad alimentaria grave, aquellas que se quedaron sin alimentos o estuvieron todo un día sin comer varias veces al año, se ha duplicado desde el inicio de la pandemia, de un 0,9% a un 1,9%. 

La inseguridad alimentaria moderada siguió una evolución parecida, con una aumento de un punto desde el 2,4% al 3,3% de la población española, 1,5 millones de personas. Las familias que sufren esta situación, relata el informe, no tiene dinero o recursos suficientes para llevar una dieta saludable, tiene incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos, se vieron obligados a saltarse alguna comida o se quedaron sin alimentos ocasionalmente.

Durante la pandemia, medio millón más de personas acudió a los bancos de alimentos hasta llegar a los 1,5 millones, un 50% más que antes del covid-19 sumando nuevos perfiles a gente joven que había perdido sus empleos con la pandemia o familias con rentas medias y bajas con hijos menos a su cargo

Esta deficiencias en la alimentación de seis millones de familias se ve paliada en parte, indica el estudio, por distintos tipos de ayuda. Un 57% de los hogares recibe ayudas o prestaciones de las administraciones públicas, mientras que un 13% se beneficia de ayuda monetaria de familiares, amigos o vecinos. Sin embargo, solo el 22% de las personas que lo necesitaría reciben ayuda directa en alimentos, sobre todo de familiares, bancos de alimentos, vecinos o iniciativas de autoconsumo. Durante la pandemia, medio millón más de personas acudió a los bancos de alimentos hasta llegar a los 1,5 millones, un 50% más que antes del covid-19 sumando nuevos perfiles a gente joven que había perdido sus empleos con la pandemia o familias con rentas medias y bajas con hijos menos a su cargo.

Los datos recogidos en el estudio sirven para certificar que “en España no se garantiza el derecho a la alimentación adecuada” y que el país se encuentra lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero de la agenda 2030, que pretende para ese año “poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular a las personas pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”.

Según el informe, los datos que “muestran que el problema de los hogares españoles para acceder a alimentos adecuados es de carácter estructural y que no está únicamente ligado a crisis coyunturales”

Y no se trata solo de hambre. Según afina el estudio, en España se producen cerca de 90.000 muertes al año por dietas inadecuadas, mientras que los costes de tratar el sobrepeso suponen para las arcas públicas cerca de 1.950 millones de euros, una enfermedad que sufre cerca del 60% de las personas y está estrechamente unida a “situaciones económicas precarias”. Según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, el 47,3% de los niños y niñas que viven en entornos familiares con ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales tienen problemas de sobrepeso u obesidad.

El número de personas que sufren distintos tipos de inseguridad alimentaria, concluye el informe, equivale a total de la población del País Valencià y las Islas Baleares, unos datos que “muestran que el problema de los hogares españoles para acceder a alimentos adecuados es de carácter estructural y que no está únicamente ligado a crisis coyunturales”.