Industria
EH Bildu saca adelante una iniciativa para que las empresas que deslocalicen devuelvan los fondos públicos

Con 175 votos a favor, 158 en contra y 11 abstenciones, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la iniciativa de EH Bildu para la futura Ley de Industria que tiene por objetivo condicionar las ayudas públicas que reciben las empresas con el mantenimiento de la producción y de los puestos de trabajo o que devuelvan las subvenciones en caso de que abandonen el Estado. 

La iniciativa transaccional de EH Bildu ha sido acordada con PSOE y Unidas Podemos y permitirá el desarrollo legislativo que establecerá los requisitos para recuperar las ayudas públicas otorgadas a las empresas que deslocalicen su producción. 

En la tribuna, el diputado Oskar Matute ha explicado que, aunque esta enmienda está inspirada en la reciente salida de Ferrovial, existen en la última década un sinfín de ejemplos —Faurecia, Miasa, Apoyos Metálicos, Siemens-Gamesa, Drenasa, entre otros— de empresas que han sustituido la “producción propia por producción extranjera, alimentada por la liberación de los flujos del capital”. Ha indicado que el 63% de estas empresas son fondos de inversión y empresas con directivas extranjeras, pero que también hay un 37%, como Ferrovial, de empresas española que, tras recibir subvenciones públicas, han decidido marcharse a otro país que consideran que les conviene más fiscalmente. También ha indicado que EH Bildu pide condicionar las ayudas al mantenimiento del empleo un mínimo de cinco años —un matiz concreto que no se ha acordado en la enmienda y que deberá debatirse en la futura ley—.

La coalición soberanista vasca considera que este acuerdo supone “un buen punto de partida” para negociar la Ley de Industria y “relevante”, al ser la primera vez que el PSOE se abre a recuperar las ayudas públicas

Ante esta situación, Matute ha explicado que en política hay tres vías: una escasa participación de los poderes públicos en los sectores estratégicos y confiar en la “tibia” legislación europea, la inacción o “avanzar” hacia una legislación que, como en Bizkaia, ponga trabas a las empresas que pretenden deslocalizar sus centros de trabajo tras recibir fondos públicos.

El incumplimiento de las condiciones que recoge la futura Ley de Industria supondrá el reintegro de las ayudas públicas obtenidas. La coalición soberanista vasca considera que este acuerdo supone “un buen punto de partida” para negociar y alcanzar un acuerdo amplio en la Ley de Industria, que permita legislar sobre la devolución de las ayudas públicas que incumplan las condiciones establecidas. Recalcan que es el primer acuerdo político de esta envergadura en esta materia y que es “relevante” en el sentido de que es la primera vez que el PSOE se aviene a legislar para recuperar las ayudas públicas.