Industria
Cuando España dejó de ser un país industrial

La urgente necesidad de material sanitario para afrontar la crisis sanitaria ha puesto de relieve la debilidad del sector industrial español y su fuerte dependencia de los mercados internacionales para abastecerse de productos tan sencillos de producir como las mascarillas sanitarias. El debate sobre la necesidad de un rearme industrial de España vuelve a estar sobre la mesa, en un contexto en el que los tambores de la desglobalización vuelven a sonar por doquier y la idea de que el Estado tutele algunos sectores estratégicos de la economía se abre paso tras décadas de consenso neoliberal. Hoy muchos miran con envidia la economía del País Vasco, la comunidad autónoma con mayor peso del sector secundario en su PIB, los mejores sueldos, y que gracias a su fortaleza industrial logró resistir mejor la pasada crisis. Con España cerrada al turismo, probablemente sea de nuevo Euskadi el territorio que mejor resista el impacto económico que se avecina. 

Nostalgia de la fábrica

En las elecciones del 24M de 2015 Pedro Sánchez hizo campaña hablando de la necesidad de “una España industrial que exporte bienes y servicios, y no inteligencia y trabajadores”. Tener fábricas vuelve a estar de moda en la España de la post-burbuja inmobiliaria. No siempre fue así. En los últimos tiempos el PSOE ha vuelto a arrimarse al significante industria, asociando al PP con el partido del crecimiento económico de los pies de barro, el bajo valor añadido y los malos salarios.   Sin embargo, el mismo partido socialista que hoy abandera el discurso de la reindustrialización, fue en los años 80 y primeros 90 el mismo que pilotó la desmantelación de buena parte del tejido productivo nacional, así como la venta de los sectores más rentables, una vez saneados con dinero público, al capital internacional. Fue bajo los gobiernos de Felipe González cuando SEAT, el gran emblema de la automoción española, se vendió a la multinacional alemana Wolkswagen, Pegaso, la otra gran compañía pública de automóviles, pasó a manos de la firma italiana FIAT, o se preparó el terreno para que la gran industria siderúrgica ENSIDESA se privatizase, acabando, tras un largo proceso de fusiones y reventas, en los bolsillos del magnate anglo-hindú Lakshmi Narayan Mittal, uno de los más ricos del planeta. 

Crisis industrial y Transición democrática

Para entender lo que fue en los años 80 y 90 la llamada reconversión industrial española, tenemos que retroceder un poco antes, a los estertores del franquismo y la Transición. Hoy la industria representa el 16% de nuestro PIB, pero en la España de 1975 suponía el 30%. Desde finales de los años 50 el país había vivido un acelerado desarrollo industrial basado en una fuerte apuesta del Estado a través del Instituto Nacional de Industria y una política de contención salarial que permitía la falta de libertades sindicales y la represión al movimiento obrero, que pese a todo comenzaría a reorganizarse en los años 60 en torno a Comisiones Obreras. Llegados a 1975 sin embargo el momento del esplendor industrial de España tocaba a su fin. Por un lado los precios del petróleo se encarecían y por otro, la ofensiva del movimiento obrero ante un franquismo agónico había llevado a una elevación de los salarios. España sería durante la Transición democrática uno de los países con más conflictividad social del mundo.

En opinión de David Rivas profesor jubilado de estructura económica de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Transición se pondría de manifiesto la debilidad de la mayoría de las empresas españolas, al frente de las que estaban  “empresarios muy anquilosasdos y que muchas veces no eran más que unos incompetentes amparados por el Estado”. “La hipótesis del franquismo era que la clase obrera no se organizaría nunca, lo cual es absurdo, dado que los procesos industriales justamente favorecen eso, al agrupar a grandes masas de trabajadores en el mismo espacio”, señala el ex profesor de la Autónoma, para quien al calor del franquismo había crecido un tipo de empresariado escasamente formado, “con mucho miedo a los cambios y la innovación”, y que no sabía manejarse en un escenario de libertades sindicales y apertura de España a los mercados internacionales. Para Rivas el empresariado podía haber optado por modernizar sus fábricas, diversificar sus productos y abrir nuevos mercados, pero dado que en su mayoría no sabían, y el clima político impedía una ola de despidos que habría desestabilizado la Transición, optarían por aquello que tenían más a mano, subir los precios, produciéndose así una escalada de la inflación. En ese contexto se producirían los Pactos de la Moncloa, cuyo objetivo era contener los salarios y frenar la espiral inflacionista. 

Llegados a los años 80 España ya no era ni un país de salarios tan bajos como en los 50, 60 y primeros 70, ni tenía una producción con el valor añadido de las economías avanzadas. Comenzaría a hablarse entonces de una “reconversión industrial” que obligaría a hacer sacrificios, pero que lograría a cambio una industria más moderna y competitiva en el mercado internacional. Si España quería entrar en el mercado europeo también debía estar dispuesta a reducir protección a sus empresas. Sobre el papel parecía sencillo, pero ¿quién le ponía el cascabel al gato? El ajuste del sector industrial español, no llegaría hasta 1982 y la victoria del PSOE, dado que la UCD no tenía la legitimidad necesaria para hacer una política económica que habría provocado una ola de conflictividad obrera con la que difícilmente podía lidiar un partido de postfranquistas. El PSOE en cambio sí tenía esa legitimidad y algo más importante, un sindicato en el que apoyarse. 

Los gobiernos de González

En 1983 el PSOE presentaría sus planes para la industria. Para el historiador Sergio Gálvez si bien las ideas del primer ministro de economía de Felipe González, Miguel Boyer, tenían un aroma neoliberal, su sucesor en el cargo a partir de 1985, Carlos Solchaga, ya eran abiertamente neoliberales.  Aunque el discurso era el de la reconversión y modernización, pronto se demostraría que el PSOE daba por perdidos muchos sectores industriales y apostaba más por liquidarlos, que por modernizarlos. Uno de ellos sería el textil, afectado por la competencia cada vez más importante de los productores asiáticos. La industria textil había crecido en España durante el tardofranquismo gracias a una mano de obra femenina muy barata. En los años 80 buena parte de las empresas tenían pérdidas y estaban cerrando o al borde del cierre. Ana Carpintero, sindicalista de IKE, una mediana empresa del textil gijonés, que protagonizaría una dura y dilatada lucha por la supervivencia, considera que los planes para modernizar el sector fueron una estafa, y que en realidad se apostó o por su extinción o por su supervivencia, pero en la economía sumergida: “decían que iban a modernizar el sector apostando por el diseño y la moda, pero en realidad fueron un sumidero de millones de pesetas para subvencionar a los empresarios sin pedirles nada a cambio. Las fábricas fueron cerrando y lo que prosperaron fueron al principio la economía sumergida y las pseudocooperativas, con mujeres cosiendo en los pueblos o en sótanos por cuatro duros, y luego sacar a producción fuera, como hace ZARA”

En 1984 el desempleo crecía y la conflictividad social se disparaba de nuevo en los grandes núcleos industriales del país. En octubre de 1984 una huelga general paralizaba Xixón en respuesta a la muerte de un joven estudiante en el transcurso de una protesta obrera. Un mes después, en el astillero de Euskaduna, Bilbao, la policía utilizaba fuego de metralleta para reprimir una protesta laboral. Un trabajador sería herido y otro caería muerto a consecuencia de un infarto. La producción naval sería uno de los sectores que entrarían en crisis cuando los astilleros españoles no sean capaces de competir ni con la mano de obra barata de los países asiáticos, ni con la producción con mayor valor añadido de los países del norte de Europa. Xixón, Bilbao, el Ferrol y la bahía de Cádiz serían los puntos calientes de un sector que en 1984 empleaba a unos 40.000 trabajadores, cuando España era aún una de las principales fábricas de barcos a nivel mundial. 

En agosto de 1985 el PSOE anunciaba que la reconversión industrial pronto mostraría su “rostro más amable”. Poco antes se había filtrado al diario EL PAÍS, que el Instituto Nacional de Industria preparaba un estrategia comunicativa para mejorar la muy desfavorable imagen de los planes económicos del Gobierno. Sergio Galvez señala que el primer gobierno de Felipe González desarrollaría una política más inteligente que la de Margaret Thatcher con respecto a los sindicatos. “González divide al movimiento obrero, marginando a CCOO y ofreciendo a UGT ciertas prebendas sindicales para que colabore con su política de reestructuración industrial” señala el autor de “La gran huelga: el sindicalismo contra la modernización socialista”. En opinión de Rivas UGT “tenía mucho miedo a dañar al Gobierno del PSOE y transigiría inicialmente con todo”. Mientras tanto un reguero de huelgas y conflictos laborales sacudiría los principales núcleos industriales del país. Francisco Prado Alberdi, electricista y sindicalista de CCOO en ENSIDESA, recuerda momentos de mucha tensión en la fábrica con los compañeros que eran de UGT. Según Alberdi el PSOE no le veía mucho futuro al sector siderúrgico: “entre sus planes llegó a estar cerrar ENSIDESA o al menos reducirla a la mínima expresión”. CCOO convocaría huelgas y movilizaciones para defender el futuro de los altos hornos asturianos, al principio sin la UGT, y finalmente arrastrando al sindicato socialista. La unidad sindical sería clave para lograr las inversiones que salvaron a la industria siderúrgica asturiana de cerrar, como pasó con Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterráneo.

En torno a 1986 UGT comenzaría a evolucionar hacia una posición más combativa con respecto al Gobierno de Felipe González, y de mayor colaboración con CCOO y otras fuerzas sindicales minoritarias. Un paulatino enfrentamiento que desembocaría en la gran huelga general del 14D de 1988 que obligaría al PSOE a moderar los elementos más neoliberales de su política económica. En cuanto al terreno estrictamente industrial la movilización obrera lograría salvar algunas fábricas, prolongar la vida de algunos sectores condenados a muerte con la entrada en la Comunidad Económica Europea, como la minería del carbón, que no podía sobrevivir sin fuertes ayudas públicas y protección arancelaria, y sobre todo lograr que mucha de la gente afectada por los ajustes de plantilla o el cierre de industrias enteras se fuera a casa con buenas condiciones. Sin embargo, el país en la práctica perdería capacidad industrial, sobreviviendo algunas grandes industrias en las que España se ha especializado, como la de la automoción o la siderúrgica, pero controladas por multinacionales europeas. Sería un fenómeno generalizado, que afectaría tanto a la cornisa cantábrica, como al cinturón obrero de Madrid, que se había industrializado en los 50 y 60, la Barcelona metropolitana, el País Valenciano, así como enclaves del sur y el centro de España que también tenían actividades fabriles. 

La entrada de los grandes fondos estructurales de la Comunidad Económica Europea amortiguaría el golpe para el empleo que supondría el desprenderse de una industria poco competitiva a nivel europeo e internacional, y que en pocos casos se lograría modernizar para hacer rentable. Cuando esto se produjo, como al principio adelantábamos, grandes empresas estatales saneadas con dinero público terminaban siendo vendidas por muy poco dinero a empresas europeas, a veces de titularidad pública Para Rivas la entrada en la CEE podía haber sido compatible con la supervivencia de un fuerte sector industrial nacional, incluso público, como ha sucedido en algunos países europeos, que siguen conservando empresas totalmente estatales o participadas por el Estado, “pero con buenos gerentes a los mandos, y no con el político de turno”. Gálvez en cambio considera que la desindustrialización era la condición no escrita de nuestra entrada a la CEE como país especializado en el sector terciario y en los bajos salarios en el marco de la división europea del trabajo, que reservaba a los países centrales las actividades con mayor valor añadido y a la periferia mediterránea las de menos valor. Para el historiador la desindustrialización suponía además un golpe al movimiento sindical, que se quedaba sin su vanguardia. El camino quedaba despejado para volver a una España con bajos salarios, eso sí, dentro del contexto europeo. 

¿Podían haberse hecho las cosas de otra manera?

En opinión de David Rivas en el clima cultural de los 80 pesaba un ambiente muy hostil hacia la industria, que la equiparaba con algo anticuado y pasado de moda. Para este economista, algunos de sus colegas “jugaban a ser adivinos con una bola mágica, cuando en realidad tenían un espejo retrovisor, y no estaban atentos a la apuesta de futuro por la industria que estaba haciendo China y otros países asiáticos”. Según Rivas Euskadi sería una de las pocas excepciones de la que el resto de comunidades deberían tomar nota: “en el País Vasco  hubo una política autonómica a favor de la industria, un empresariado autóctono que supo adaptarse a los nuevos tiempos y una sociedad muy articulada que ayudó a salvar la industria vasca”.