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Industria armamentística
La banca española financió con 13.500 millones de euros la militarización de las fronteras entre 2020 y 2022
La militarización de fronteras es cara, y también lucrativa. Un negocio en el que no pueden faltar las principales entidades financieras españolas. Según un estudio publicado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, un total de 44 entidades financieras españolas han destinado más 14.308 millones de dólares —alrededor de 13.500 millones de euros según el cambio actual— a financiar a doce empresas armamentísticas que participan en la militarización de fronteras. “Todo indica que, sin su apoyo, no se podrían llevar a cabo las acciones militares, de seguridad y control en la Frontera Sur, acciones que está ampliamente documentado que provocan la muerte de miles de personas año tras año”, denuncia Gemma Amorós, investigadora del Centre Delàs.
A la cabeza, por dinero aportado y con mucha diferencia, figuran el BBVA y el Banco Santander, que habrían aportado en los dos últimos años 4.985 y 4.752 millones de dólares respectivamente —4.698 y 4.479 millones de euros según el cambio de hoy—. Otras entidades involucradas son CaixaBank y Banco Sabadell con volúmenes de financiación de 182 millones de dólares —171 millones de euros— y 95 millones de dólares —90 millones de euros— respectivamente. “Son corresponsables de una de las tragedias contemporáneas más flagrantes. y, en la medida en que seamos clientes de estos bancos, es muy probable que esto lo estén haciendo con nuestro dinero”, añade Amorós.
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Entre las empresas armamentísticas que han recibido más dinero destaca Airbus, con cerca de 5.620 millones de dólares —cerca de 5.300 millones de euros—. La empresa transeuropea está especializada en fabricar aeronaves y misiles. En territorio español ha construido nueve aviones de transporte modelo A400M Atlas que fueron enviados a Turquía entre los años 2014 y 2019. También ha fabricado misiles, junto a otras dos empresas incluidas en el estudio —Boeing y Leonardo— a través de la compañía MBDA Missile Systems. Misiles que han sido exportados a Chipre, Grecia, Egipto y Marruecos. Y helicópteros, junto a Leonard, a través de NH Industries y de su subsidiaria Airbus Helicopters.
Según señala el informe, Airbus es “uno de los proveedores principales de aeronaves que sirven para patrullar las fronteras terrestres y marítimas de Europa”. Sus aviones y helicópteros han sido utilizados en operaciones de Frontex como la operación Poseidón en Grecia —que llevó a la dimisión del director de Frontex por las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en su desarrollo— o la operación Sophia.
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Entre las empresas españolas financiadas se encuentran Eulen e Indra. En concreto, Eulen, grupo empresarial fundado por la familia Álvarez Díaz, con actividades tan variadas como la limpieza, la gestión de residencias de mayores, el telemarketing o la seguridad, recibió desde 2019 26 contratos para el control de fronteras, la mayor parte de ellos por gestionar los centros de estancia temporal de personas inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla, en los que, según denuncia el Centre Delàs, se cometen flagrantes violaciones de derechos humanos. En total ha recibido financiación de la Banca Armada por más de 197.000 millones de euros entre 2020 y 2022.
Por su parte Indra, cuyo accionista mayoritario es el Ministerio de Hacienda español a través del SEPI, es una de las principales contratistas para la instalación de los perímetros fronterizos en la frontera sur de España. Desde 2014, ha conseguido 75 contratos por valor de más de 43 millones de euros para el fortalecimiento de la frontera sur de Europa.
Sólo en 2022, el Estado español adjudicó a Indra nueve contratos de emergencia valorados en más de un millón de euros, para reforzar las estaciones del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil (SIVE) con nuevos radares. Ya en 2006, Indra recibió un contrato por 11 millones de euros para reforzar las vallas de Melilla y construir una tercera valla.
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En torno a la seguridad de las fronteras nacionales hay una serie de lugares comunes, como la efectividad real que tienen, cómo violan los derechos de las personas migrantes y la exclusión que generan los muros. Son elementos analizados desde porCausa.
Indra también es la entidad coordinadora del proyecto Perseus, donde también participan Airbus y Boeing, financiado con 47 millones de euros, que busca el fortalecimiento del sistema de vigilancia Eurosur, y también desarrolló el programa Sea Horse Network, una red de la UE de vigilancia de personas en Mauritania, Marruecos, Cabo Verde y Senegal, para la recolección y el intercambio de información con el objetivo de controlar y detener la migración. Indra también forma parte del consorcio para el proyecto de vigilancia marítima de la UE Ocean2020.
Según explica el informe del Centre Delàs, la financiación de las actividades de estas empresa por parte de las entidades financieras se habría producido a través de créditos y préstamos, con la compra de acciones, con operaciones de underwriting —compra de bonos o acciones para su posterior venta— o con la compra directa de bonos de estas empresas.
“Es fundamental dejar de ser clientes de bancos, aseguradoras y todo tipo de instituciones financieras que puedan estar respaldando a empresas que participen de todo este engranaje que alimenta la militarización de nuestras sociedades y fronteras”, concluye Edu Aragón
“Es fundamental dejar de ser clientes de bancos, aseguradoras y todo tipo de instituciones financieras que puedan estar respaldando a empresas que participen de todo este engranaje que alimenta la militarización y el militarismo de nuestras sociedades y fronteras, impactando en los derechos, vidas y cuerpos de las personas desplazadas y refugiadas. Ante ello, las entidades de la banca ética son la única alternativa”, concluye Edu Aragón, investigador del Centre Delàs y coautor de la publicación.
Denuncias desde las juntas de accionistas
El informe Financiación de la militarización y la guerra de fronteras en el Mediterráneo. Ranking de la banca armada 202, se ha publicado el mismo día que el BBVA celebra su junta general de accionistas en Bilbao, una cita a la que acudirán hoy activistas de la campaña Banca Armada que denunciarán estas prácticas en nombre de los accionistas de la entidad que no las aprueban.
En anteriores años, organizaciones antimilitaristas como Alternativa Antimilitarista-Moc, han convocado acciones como la que, en marzo de 2019, llevó a que varias activistas fueran sancionadas en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. El pasado año, tres juzgados anularon las sanciones al considerar que el derecho a la protesta y la libertad de expresión estaban por encima de la conocida como Ley Mordaza.
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