Iglesia-Estado
El Estado ha invertido más de 126 millones de euros en patrimonio religioso solo con el programa del 1,5% cultural

El partido político valenciano Compromís ha formulado una pregunta parlamentaria sobre el gasto público en concepto del 1,5% cultural dedicado a la Iglesia en los últimos años. La respuesta ha sido un desglose por comunidades autónomas y conceptos de 126 millones de euros en las dos últimas décadas, que muestran un reparto desigual entre territorios, y que suponen una suma que el senador de Compromís Carles Mulet valora como “una cantidad escandalosa de dinero público de todos” que se invierte anualmente en arquitectura religiosa “y se explota sin que se regule o limite el cobro de las entradas”.

De hecho la coalición, según explican en el comunicado en el que compartan el desglose por comunidades autónomas y expedientes, planteó esta iniciativa “después de ver cómo se cobran tarifas nada accesibles por visitar monumentos religiosos adscritos a la Iglesia Católica que han recibido sustanciosas cantidades económicas para la reparación, reconstrucción y reformas de estos bienes”.

También destacan las grandes diferencias entre cuantías recibidas por comunidades autónomas, siendo Andalucía la que se coloca a la cabeza con algo más de 19 millones de euros en una treintena de expedientes,  seguida de Catalunya (18.154.169 euros), Castilla y León (casi 14 millones), y Madrid (13.899.637 euros). Las menos beneficiadas han sido Navarra (472.245,26 euros) y Ceuta (720.488,79) seguidas de Asturias y Baleares, que superan el millón pero no llegan a los dos millones.

En línea con la denuncia de que haber recibido dinero público fuera un pretexto para no cobrar entrada por visitar estos bienes “más allá de una cantidad simbólica”, valora Mulet, destaca que algunas de obras arquitectónicas que han recibido mayores cuantías, como la abadía del Sacromonte en Granada (dos millones y medio de euros) o el antiguo templo de San Nicolás en València (misma cuantía) cobran, respectivamente, 5 y 7 euros por entrada al público. Algo que, a juicio de Mulet, supone “limitar el acceso a la cultura de los ciudadanos y dando cuantiosos negocios, en ocasiones, a empresas privadas o instituciones que luego aseguran no disponer de dinero para mantener el patrimonio”.

En este sentido recuerdan que las bases reguladoras no recogen ninguna condición o limitación relacionada con el cobro de entradas algo que, a juicio del organismo demandante de información, supone que el Gobierno “legitime que la Iglesia esté haciendo negocio con la venta de entradas cuando en otros lugares de Europa el Estado es titular de los bienes sobre los que invierte y posteriormente mantiene y explota, lo que es muy diferente de lo que ocurre en el Estado español”.