Iglesia católica
El abuso a menores, la Iglesia católica y la justicia de las consecuencias reales

Nací como católico irlandés de Boston, hice la primera comunión y confesión (pero me resistí a la confirmación, me alegro de apuntar), fui a una escuela secundaria católica y a una universidad jesuita, y enseñé en un instituto católico. El primer y único profesor de religión que tuve fue el ahora notorio violador de niños, el padre Paul Shanley. Baste señalar que conozco la Iglesia, y todavía puedo recitar la oración del “Padre Nuestro” en latín. Pater noster, qui est en chaelis, etc. 

Abandoné la Iglesia años antes de que los escándalos de pedofilia estallaran en el conocimiento público, pero cuando explotaron a dos bloques de mi casa en las puertas de la residencia del cardenal en Boston, me di cuenta de quién era Shanley, y cómo de cerca había estado del peligro (muy específicamente le recuerdo con pinta de cadáver animado cuando le daba la luz de la ventana, así que me salté las primeras clases de religión porque me ponía los pelos de punta). Detrás de todo el incienso y las elevadas paredes de la catedral había una edificación construida sobre el ocultamiento de las lágrimas de niños, que eran derramadas debido a las acciones de curas de confianza y de los responsables eclesiásticos que les protegían.

Mi relación con la Iglesia empezó con miedo, con los años mutó en respeto temeroso, después el respeto en desacuerdo, luego desprecio, hasta que finalmente acabé en un frío charco de perfecto horror… y eso era antes del informe de Pensilvania la tercera semana de agosto:
“Un cura violó a una chica de siete años mientras la visitaba en el hospital después de que le quitaran las amígdalas. Otro cura obligó a un chico de nueve años a tener sexo oral, después enjuagó la boca del chico con agua bendita. Un chico fue obligado a confesarse ante el cura que abusó sexualmente de él”.

Mi propuesta: cerrar con candado todas las iglesias católicas del país. Quitarles cualquier exención fiscal de la que disfruten y cualquier descuento fiscal que consigan de gobiernos estatales y locales

Esos niños están entre las víctimas de aproximadamente 300 curas católicos romanos en Pensilvania que acosaron sexualmente a más de mil niños —y posiblemente muchos más— desde la década de los 40, según un exhaustivo informe del gran jurado estatal hecho público el martes 14 de agosto que acusaba a veteranos cargos de la Iglesia, incluido un sacerdote que es actualmente el arzobispo de Washington DC, de encubrir las quejas sistemáticamente.

Los altos cargos de la Iglesia han sido en su mayoría protegidos y muchos, incluidos algunos nombrados en el informe, han sido ascendidos, dijo el gran jurado, que concluía que “es demasiado pronto para cerrar el capítulo del escándalo sexual en la Iglesia católica”.

Uno de los aspectos más pérfidos de la Iglesia es la manera en la que ha ido extendiéndose en áreas donde se encuentran los más vulnerables de entre nosotros (aparte de los niños). A mediados de los 90 San Francisco quería dar iguales derechos a los trabajadores municipales LGBTQ, pero la Iglesia dijo que no, y amenazó con dejar de hacer trabajo en los hospicios para los pacientes de SIDA en la ciudad si ésta seguía adelante con el plan. Debido a que la Iglesia llevaba a cabo la inmensa mayoría del trabajo en los hospicios para enfermos de SIDA en aquel momento, la ciudad se vio obligada a ceder.

Lo mismo ocurre con las organizaciones de beneficencia católicas, que se dedican sobre todo a las adopciones. En otras palabras, métete con la Iglesia y te arriesgas a acabar con la oportunidad de que los niños encuentren un buen hogar. Hoy soy lo suficientemente cínico como para ver todo esto como deliberado. Hazte indispensable y nadie podrá tocarte… que es por lo que lo que voy a proponer hará daño a mucha gente buena a corto plazo.

Toda la pesadilla es el resultado final de una existencia sin consecuencias genuinas. La Iglesia católica ha disfrutado de esa existencia el tiempo suficiente.

Mi propuesta: cerrar con candado todas las iglesias católicas del país. Quitarles cualquier exención fiscal de la que disfruten y cualquier descuento fiscal que consigan de gobiernos estatales y locales, suprimir la maldita cosa por completo, hasta que esta inconmensurable ola de delitos sea juzgada total y completamente.

Una organización criminal que llevara a cabo una operación ilegal de tal duración y amplitud se enfrentaría a cargos RICO [Ley anti-Mafia] de un tipo que ningún mafioso ha visto jamás. En vez de eso, tenemos a otro papa pidiendo otra disculpa.

“Las víctimas deberían saber que el papa está de su lado”, se leía en la declaración del Vaticano del 16 de agosto. “Aquellos que han sufrido son su prioridad, y la Iglesia quiere escucharles para erradicar este trágico horror que destruye las vidas de los inocentes. Respecto al informe hecho público en Pensilvania esta semana, hay dos palabras que pueden expresar los sentimientos frente a estos horribles crímenes: vergüenza y dolor”.

No es suficiente. Ya no.

En última instancia, las instituciones religiosas están principalmente subordinadas al Estado en materias de derecho penal. Incluso el secreto entre confesor y penitente no es absoluto si un juez así lo decide. Si sacerdotes católicos estuvieran planeando y ejecutando asesinatos en las iglesias, y los obispos estuvieran conspirando para encubrirlo, esas iglesias serían consideradas escenas del crimen y cerradas para recoger pruebas.

Los curas han estado conspirando para hacer daño a los niños bajo el techo de las iglesias durante generaciones, y las autoridades eclesiásticas han estado encubriéndolo. El problema es sistémico, desde Boston a California pasando por Pittsburgh y quién sabe dónde más. Hasta que la verdad completa y absoluta sobre esto se determine a plena luz del día, cada iglesia católica debe ser considerada una posible escena del crimen y consecuentemente sellada. Las víctimas no merecen menos.

Para emprender estas investigaciones de forma adecuada, las leyes que se refieren al plazo de prescripción —la ventana de tiempo en la que un crimen puede ser juzgado— deben alterarse para reflejar las circunstancias. En Pensilvania, la ventana para la acción legal puede ser tan corta como dos años. El informe sobre los abusos apuntaba firmemente que miles de víctimas más existían más allá de las indicadas. Algunas murieron en los años transcurridos, otras se negaron a dar el paso, y virtualmente todas ellas no tienen recompensa legal porque el plazo de prescripción expiró. Cuando el Boston Globe reveló el último gran escándalo de abusos, la Iglesia presionó ferozmente contra la cancelación o el cambio de esos plazos. Eso no debe ocurrir de nuevo.

No pienso que el gobierno deba involucrarse normalmente en el cierre de instituciones religiosas, ni tengo ningún deseo cruel de ver a los feligreses católicos permanentemente desconectados de sus casas de culto. Éstos son tiempos lúgubremente raros, y yo hago esta propuesta desde un punto de desesperación. Todas las demás estrategias para enfrentarse al abuso de niños sistémico y permitido institucionalmente —desde el activismo concertado desde el interior de la Iglesia católica hasta la denuncia pública y las sanciones económicas— han fracasado durante décadas. El dilema es tan sencillo como terrorífico: los violadores dentro de la Iglesia siguen manteniendo su acceso a los niños, y no han sido castigados por los crímenes previos. Hay que pararlo.

Veo esta como una propuesta muy pequeña, débil e injusta propuesta porque de ninguna manera está a la altura de los inconmensurables crímenes que se han cometido. Es, no obstante, un comienzo. Las deficiencias que aparecerán en ausencia de los servicios eclesiásticos —y serán legión— pueden ser paliadas por individuos y organizaciones que no hayan pasado décadas encubriendo la violación y abuso en serie de miles y miles de niños.

Debido a los curas que han cometido estos crímenes y las autoridades eclesiásticas que colaboraron en encubrirlo, las iglesias católicas en Estados Unidos han renunciado a su derecho moral a permanecer abiertas y en funcionamiento hasta que este asunto sea resuelto hasta el último agresor, la última víctima y el último colaborador. Todas las iglesias son escenas del crimen en potencia y deben ser tratadas como tales. Los plazos de prescripciones deben cancelarse para liberar a las víctimas de los obstáculos legales. Por fin, ya basta.