Hungría
La ‘Ley Esclavista’ une a los movimientos sociales en un ciclo de protesta sin precedentes en la historia de Hungría

La ley propone aumentar el número de horas extra que las empresas pueden exigir a sus empleados hasta las 400 anuales. Muchas personas en Hungría temen que se vuelva de facto a las semanas de seis días laborables. 

Ley de esclavos Budapest Hungría
Protesta contra el gobierno húngaro frente al edificio de la emisora ​​pública MTVA en Budapest el 16 de diciembre de 2018. Tamas Dombovari

publicado
2018-12-20 06:54

La noche del miércoles 12 de diciembre, la plaza de Kossuth Lajos, donde se sitúa el parlamento húngaro, se llenó de miles de personas protestando contra la conocida entre los críticos como ‘Ley Esclavista’. Este texto aumentará el número de horas extra que las empresas podrán exigir a los trabajadores hasta 400 al año. Desde los sectores sindicales y la sociedad civil se teme que la norma traiga de nuevo las semanas de seis días laborables, que precarizarían todavía más el ya bajo salario mínimo húngaro, equivalente a 420 euros mensuales. Además del aumento en las horas extra, la ley también permite a la empresa hacer el cómputo de las horas trabajadas durante un periodo de tres años, retrasando durante este periodo el pago de las mismas.

Hasta la fecha, las acciones continúan y los manifestantes han aumentado sus demandas, incluyendo propuestas contra el deterioro democrático en el país y pidiendo la dimisión del primer ministro de extrema-derecha nativista Viktor Orbán. Este domingo, 16 de diciembre, más de 10.000 personas se manifestaron en las calles de Budapest, en una de las mayores movilizaciones desde la caída del comunismo en el país.

Entre los manifestantes y los medios críticos con el gobierno se especula que esta nueva ley tiene relación con presiones por parte del sector automovilístico alemán para que se flexibilicen más las condiciones de trabajo en sus fábricas afincadas en Hungría

Además, decenas de activistas y varios representantes políticos entraron a la fuerza en el edificio de la televisión nacional pidiendo que se informara sobre sus demandas. Durante esta acción, varios diputados fueron expulsados a la fuerza del edificio, contraviniendo la ley que les permite estar en el mismo libremente. Esta acción tiene un doble significado. Por un lado, consiste en una protesta a la censura de la cadena pública, que no ha cubierto las protestas ni ha entrevistado a ningún representante de la oposición. Por otro, el edificio de la televisión pública representa un lugar icónico de las movilizaciones contra el gobierno desde que el mismo fue ocupado en 2006 durante las protestas y disturbios que llevaron a la caída del gobierno socialista en el país y la posterior llegada al poder de Fidesz, el partido de Viktor Orbán, en 2010.

Una Ley en Beneficio de las Multinacionales Automovilísticas

Entre los manifestantes y los medios críticos con el gobierno se especula que esta nueva ley tiene relación con presiones por parte del sector automovilístico alemán para que se flexibilicen aún más las condiciones de trabajo en sus fábricas afincadas en Hungría.

Según el portal portfolio.hu el ejecutivo de Orbán se comprometió a aumentar el número de horas extra para convencer a la multinacional alemana BMW de que invirtiera los 1.000 millones de euros de su nueva fábrica en Debrecen, segunda ciudad húngara y asentada en una de las regiones más pobres del país, en lugar de Eslovaquia, donde estaba planificada inicialmente. Según Behrooz Torki, uno de los manifestantes, “la industria automovilística alemana quiere una base barata en la Unión Europea y están buscando reducir sus costes todo lo posible. Esta ley va a afectar sobre todo a trabajadores no cualificados por turnos, que viven en regiones rurales donde no tienen muchas más opciones de trabajo”.

Una oposición más unida y un gobierno más represor

A pesar de que la ley de horas extraordinarias no es más que la continuación de las políticas contra las clases populares que el gobierno húngaro lleva implementando desde que Fidesz llegó al poder, las protestas representan un cambio en la dinámica política del país y han logrado aglutinar diferentes colectivos que ya se estaban movilizando por separado.

Semanas antes, los movimientos feminista y estudiantil se habían manifestado contra la prohibición de los estudios de género, la privatización del sistema universitario húngaro y la expulsión del país de la Universidad de Europa Central. Como parte de estas protestas, se ocupó durante una semana la plaza de Kossuth Lajos con asambleas, talleres y clases públicas. Durante esta acampada, la coalición se expandió también a los sindicatos. Según Nora Eörsi, de colectivo ‘Szabad Egyetem’ (Educación Libre), “Durante la ocupación de Kossuth Lajos se estaba discutiendo la ley esclavista en el parlamento, así que decidimos organizar un ‘flash mob’ en solidaridad con los sindicatos y les invitamos a que hablasen en la acampada. Desde ese momento empezamos a colaborar en la manifestación contra la ley esclavista y todas las protestas comenzaron ahí”.

Si uno mira a las fotos de las protestas, esta coalición se hace evidente. Las primeras líneas están llenas de caras jóvenes, muchas de ellas ni siquiera han terminado el instituto. Estos lazos entre colectivos son una pieza clave en la persistencia y la contundencia de las acciones. Además, hacen pensar que las manifestaciones podrían extenderse fuera de Budapest, algo poco común en una sociedad como la húngara, pero vital para que las exigencias de los movimientos sociales tengan algún impacto.

Otra diferencia viene del lado de la reacción del gobierno a las movilizaciones. A pesar de que normalmente las protestas en Hungría se desarrollan con una extraordinaria tranquilidad, esta vez la policía ha reaccionado reprimiendo a los manifestantes. Cinco personas fueron arrestadas durante la noche del miércoles y la policía ha cargado y utilizado gas pimienta y lacrimógeno sin anunciar sus intenciones y pedir que la gente se disperse, como están obligados por ley.

Además, los arrestos no parecen estar justificados en las acciones de los manifestantes. Según Adrien Beauduin, uno de los detenidos, “la mañana después de mi arresto descubrí que se me acusaba de violencia en grupo contra un policía, un crimen penado con entre dos y ocho años de cárcel. Lo que es extraño es que las otras cuatro personas que arrestaron conmigo al mismo tiempo están acusadas exactamente de lo mismo: golpear a un policía con el brazo izquierdo. […] En la grabación en directo del periódico Mérce se puede ver que en el momento de la carga policial yo estoy tranquilamente al lado de la policía y en ningún momento estoy dando puñetazos o golpeando a nadie”.

Este cambio en el comportamiento del ejecutivo de Orbán abre la caja de Pandora de la violencia policial, algo que el gobierno de Fidesz nunca había hecho hasta la fecha, debido a que parte de su discurso al erigirse en el poder era una crítica a la represión del gobierno socialista a las protestas de 2006. Como explica el politólogo Bálint Mikola “hasta ahora, el uso de violencia para reprimir protestas siempre había sido un tabú para Fidesz, debido a la violencia policial que sufrieron los manifestantes de derechas en 2006. Llama la atención que esta vez Fidesz haya pasado su línea roja, porque hasta ahora se tenía la sensación de que también era una línea roja para sus votantes”. Por lo tanto, es posible que la represión contra las protestas y la oposición aumente en el futuro.

El significado de la protección de la nación para la extrema derecha nativista

Desde que llegó al poder, el ejecutivo de Viktor Orbán ha defendido sus violaciones de los Derechos Humanos en la frontera sur del país, así como sus ataques a los medios y organizaciones críticas, la comunidad educativa y los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI en la defensa de la nación y la cultura húngaras de ataques e influencias externas. Además, este discurso resonaba entre la población, que más allá de la manipulación de los distritos electorales, ha refrendado las políticas del gobierno poniendo a Fidesz a la cabeza de la mayoría de las elecciones desde 2010.

Sin embargo, bajo este discurso, Orbán ha eliminado paulatinamente todos los contrapesos que podrían ejercer algún control sobre las acciones del ejecutivo. No solo ha unido toda la prensa y los canales de televisión en un conglomerado de medios controlado por el gobierno. Además, se han aprobado varias leyes que, según Amnistía Internacional, suponen un ataque a las ONG y la sociedad civil, y que han llevado a varias a marcharse del país. Debido a estas acciones, el gobierno tiene un control casi absoluto sobre la información que llega a la población. En palabras de Lívia Horváth, una de las manifestantes y miembro del Sindicato de Estudiantes, “Ahora el gobierno tiene tanto poder sobre los medios de comunicación que puede manipular y ocultar todo lo que está pasando”.

Esta nueva ley de horas extraordinarias ha puesto en cuestión esta supuesta defensa de la nación húngara. Un sondeo del instituto Republikon, muestra que el 63% de los votantes de Fidesz rechazan el texto y que el porcentaje llega hasta el 95% entre los críticos con el gobierno. Como explica Lívia Horváth, “Mientras el gobierno dice que protegen a la nación húngara están aprobando leyes que solo protegen al capital alemán”. Por tanto, parece que para la derecha de Fidesz la defensa de la nación húngara ha consistido en la eliminación de los contrapesos democráticos para que, finalmente, los únicos a los que se explote en Hungría sea a los nativos precarios.

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1 Comentario
#28290 20:59 21/12/2018

Un ejemplo más para los que quieran engañarse con las derechas autoritarias y patrioteras.

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