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Presionan a Ferrovial para que deje de dirigir el infierno de los refugiados de Oceanía

El 10 de septiembre salían a la luz los archivos de Nauru (nauru files), más de dos mil documentos internos relativos al campo de detención en el Estado de Nauru, un país micronesio con 11.000 habitantes, situado a 4.000 kilómetros de Australia. Esos archivos mostraron al mundo las prácticas de violencia, violaciones de personas adultas y menores, palizas, coacciones, intentos de suicidio y automutilaciones por parte de niños y niñas, además de otros atentados contra los derechos humanos que se producen a diario en este campo.

El impacto de las revelaciones, divulgadas a través del diario The Guardian, ha sido especialmente acusado en Australia. El de Nauru es uno de los campamentos con los que el Estado australiano externaliza su política de fronteras. El país ha implantado una política de puertas cerradas –sólo admite un cupo de entre 12 y 13 mil refugiados por año– y emplea estos campos como advertencia a las personas –muchas procedentes de Irán o Afganistán– que tratan de alcanzar sus costas. Cientos de personas mueren cada año en la travesía desde Indonesia, principal punto de partida hacia las costas oceánicas.

Entre los que sobreviven, algunos miles han sido destinados a campos como el de Nauru, en el que a día de hoy viven unas 400 personas –un 20% de ellas niños– en periodos que algunas veces superan los tres años en el asentamiento. Están en una situación de “limbo”, mantenidas por el Gobierno de Nauru, un país empobrecido –el 95% de su comida es importada y tiene reservas ínfimas de agua potable– que obtiene cerca de 22 millones de euros del acuerdo de reasentamiento con la potencia oceánica.

A pesar de la filtración de los documentos que prueban lo que ya se sabía sobre los abusos y la violencia en los campos, el ministro de migración defiende un modelo que ha comenzado a ser probado en la Unión Europea a través del acuerdo de reasentamiento con Turquía.

El campo de Nauru está dirigido por la empresa española de gestión de infraestructuras Ferrovial, en la que participa la familia Del Pino como accionista mayoritaria, y los bancos UBS y Blackrock. Ferrovial firmó un contrato con el Estado australiano, un acuerdo que la compañía ha anunciado que no renovará, pero que se extenderá al menos hasta octubre de 2017. Si la empresa no renuncia a la contrata.

Tina Caballero, de la organización de consumidores SumOfUs, cree que cuando hay “niños cosiéndose la boca en manera de protesta, mujeres violadas, no se puede esperar más tiempo antes de cerrar el campo”. Por eso, esta organización ha llevado a cabo una recogida de firmas –llevan más de 60.000– con el fin de que la presión social obligue a Ferrovial a cancelar el contrato con Australia. 

A las recogida de firmas le acompañará una acción mañana 22 de septiembre a las 18h en la sede de Ferrovial, ante la respuesta insatisfactoria que, según Caballero, ha dado la constructora. En la propia Australia, indica Caballero, las organizaciones de la sociedad civil están haciendo una campaña para evitar que nuevas empresas se sumen al modelo de campos fomentado desde el Gobierno de Malcolm Turnbull.

Caballero recuerda que este episodio “es un aviso para Europa”, que ha copiado el modelo australiano de reasentamiento de refugiados, una forma de “convertir en negocio el tema de los refugiados”. Una práctica con riesgos evidentes sobre los derechos humanos, como muestran los documentos del campo de Nauru.

Construido en torno al sistema de campos como el de Nauru y el de Manus, en Papúa Nueva Guinea –en los que sobreviven 1.200 personas–, el sistema de reasentamiento australiano ha sido cuestionado por las Naciones Unidas. Como recogió Periodismo Humano, el Gobierno aussie ha hecho caso omiso de los “sermones” de la ONU.