¿Por qué somos indiferentes a las muertes en prisión?

Este año 2015 está siendo especialmente trágico para la cárcel de Villabona. Todavía quedan tres meses para que finalice y son cinco las personas que se han suicidado o muerto por extrañas causas dentro de sus muros. Que se suiciden personas en prisión, desgraciadamente, no es una noticia nueva. Tampoco que mueran repentinamente por sobredosis, por una paliza, por un ataque repentino, o después de muchos años de enfermedad sin recibir atención médica. En el último año han sido muchos –demasiados– los hechos de este estilo que se han dado en diferentes puntos del mapa carcelario, aunque no hayan sido noticia.

Pero, en el caso de la cárcel de Villabona, esta vez estos números tienen una especial transcendencia porque esos suicidios se están dando en un espacio en el que convergen dos modelos que han sido exaltados como los nuevos paradigmas de la ejecución penitenciaria en el Estado español: las llamadas Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) y los Módulos de Respeto, ambos libres de droga.

Desde hace veinte años se han optimizado recursos para implementar sistemas basados en la cogestión penitenciaria, los tratamientos terapéuticos y solidarios… Sin embargo, parece que las muertes, suicidios y asesinatos se producen igual

Desde hace veinte años, y especialmente desde 2005, se han optimizado recursos para implementar los dos primeros modelos como sistemas basados en la cogestión penitenciaria, los tratamientos terapéuticos y solidarios… Sin embargo, a la luz de estos números, parece que las muertes, suicidios y asesinatos se producen igual.

De esta realidad tan arrolladora se pueden extraer varias consideraciones que deberían ser puestas en el centro del debate acerca de los suicidios en prisión. La primera es que existen dinámicas de desprecio por la vida, y sobre todo por la vida digna, que tienen su reflejo en prácticas de la vida cotidiana dentro de la cárcel.

La pena privativa de la libertad no sólo coarta la libertad, sino toda una serie de derechos como el de asociación, libertad religiosa, sexual, intimidad personal y familiar, el derecho a difundir y expresar libremente pensamientos e ideas, la educación, el derecho a un trabajo digno y una remuneración suficiente… y, más grave todavía, somete a toda una serie de humillaciones diarias y constantes –unas más sutiles que otras- que son producto de la sumisión a la institución en la que se encuentran y que dan lugar a un más que conocido proceso de destrucción de la persona. Se podría afirmar que la reclusión durante toda la vida en prisión –o una parte de ella– se presenta como una fórmula que, en sí misma, atenta contra la vida, sin tener que llegar a perderla materialmente. 

La segunda es que los nuevos modelos o paradigmas carcelarios, aunque sean intentos muy loables por hacer mejoras en un sistema insoportable, cuando son concretados en una situación de encierro degeneran de tal manera que terminan por reproducir las mismas dinámicas de la prisión tradicional ya que en el fondo se asientan en los mismos método y lógicas, y también porque desarrolla el mismo concepto que atraviesa y determina todo: el castigo y la situación de encierro. 

Por mucho que nos resistamos, y por muchos velos que nos pongamos delante de los ojos, la realidad se presenta con hechos aplastantes: las prisiones, además de no solucionar nada, dan lugar a procesos atentatorios contra las vidas de las personas que encierra, a las que, en algunas ocasiones –muchas–, acaba matando. 

Seamos honestas y honestos con esta realidad y hagámonos cargo de ello, porque también una cárcel es una Administración Pública. ¿Se puede justificar que nadie haga ni diga nada si un niño, niña o un adolescente se suicida porque en su colegio público le pegan sus maestros? ¿O si en un hospital muere o se suicida alguien por una práctica imprudente? En prisión, el riesgo de morir colgado de una soga, de sobredosis, desangrado, o por perder la cabeza está siempre presente. Hagámonos responsables entonces de esto y exijamos a la Administración Penitenciaria lo mismo que pedimos a otras administraciones públicas.