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Las víctimas y la doctrina Parot

El Gobierno de España ha jugado con el dolor de las víctimas vendiendo una ficción que ahora se desmorona.

Jorge Fernández Díaz
Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior entre 2011 y 2016.

coordinador de Lokarri

11 abr 2013 13:35

En fechas recientes hemos vivido dos acontecimientos muy importantes en relación al proceso de paz en el País Vasco. Por una parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo fallaba en contra de España en relación a la denominada doctrina Parot. Tal y como la Audiencia Nacional ha expresado, esta sentencia es aplicable a todas las personas presas en una situación análoga a Inés del Río. Así, deberán ser puestas en libertad todas las que han cumplido su condena, según lo que dicta Estrasburgo. Por otra parte, diversos colectivos de víctimas convocaron una manifestación bajo el lema “Justicia para un final con vencedores y vencidos”, en la que se exigió claramente que no se acatara la sentencia del tribunal europeo.

El análisis de este tema tiene muchas aristas, por lo que conviene distinguir varios planos. Desde un punto de vista humano, es imposible no empatizar con el dolor que deben estar sufriendo las víctimas. Es totalmente comprensible que sea doloroso ver cómo el asesino de tu familiar es puesto en libertad. Ante esas imágenes, el sufrimiento vuelve a aflorar y, como sociedad, tenemos la obligación de respetarlo.

Es comprensible también el enfado y frustración de las asociaciones de víctimas que convocaron la manifestación. Es natural que se sientan engañadas. En ello tiene mucha responsabilidad el Gobierno de España y el Partido Popular. Durante los últimos años, y con un interés marcadamente político, como se pudo comprobar en el proceso de paz de 2006, ha estado vendiendo una ficción a las asociaciones de víctimas. Les aseguró que la izquierda abertzale nunca sería legal y que los presos cumplirían hasta el último minuto de sus condenas. El Partido Popular sabía que era imposible. En cuanto a la ilegalización, porque no se puede mantener fuera de la vida política a miles de ciudadanos y menos cuando rechazan claramente la violencia. En cuanto a los presos, muchos juristas de reconocido prestigio ya habían advertido de que la doctrina Parot era una auténtica chapuza. Así, es lógico que, en buena medida, el propio Gobierno haya sido objeto de las críticas de los colectivos convocantes de la manifestación.

Ahora bien, es clave tener en cuenta que una convivencia pacífica y plural se asienta sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales. Es lo que está en juego en este tema. Si se asume que se pueden violar los derechos humanos, se rompe la base para vivir y convivir. Es más, el propio Estado de derecho, en el caso de España, tiene entre sus principales pilares el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este convenio, suscrito por España, fija el principio de la irretroactividad de las penas y le compromete a acatar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Por tanto, teniendo todo el derecho a mostrar su dolor y frustración por la sentencia, las asociaciones de víctimas no pueden pedir que abjuremos de estos principios comunes en las democracias de nuestro entorno.

Es por ello que, como sociedad, debemos diferenciar estos planos. Ante el dolor, más que nunca, debemos mostrar cercanía y reforzar nuestro compromiso con el derecho de las víctimas a no ser olvidadas. En este sentido, es positiva la decisión de la izquierda abertzale de no organizar homenajes a los presos liberados, para no añadir más sufrimiento, y sería una buena contribución a la convivencia que los presos liberados mostraran un compromiso claro por las vías exclusivamente pacíficas y que reconocieran el daño causado. Al mismo tiempo, debemos ser firmes en la defensa de los derechos humanos para construir una convivencia integradora y respetuosa. Reivindicar el reconocimiento de las víctimas de ETA y de todos los derechos humanos no es incompatible. Al contrario, es un mínimo ético irrenunciable, por mucho dolor o incomprensión que cause.

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