Hemeroteca Diagonal
La nueva Ley de Montes impide a los agentes forestales denunciar delitos ambientales

El ladrillazo llega de nuevo a los montes públicos. El Gobierno ha dado luz verde a la nueva Ley de Mon­tes, cuyo texto se aprobó en el Con­sejo de Ministros del pasado 9 de febrero, que introduce reformas como la posibilidad de construir en los montes quemados o la retirada de las atribuciones que tienen los más de 6.400 agentes forestales para vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales, entre otras novedades.

“El PP ha trabajado rápido estos cuatro años. En materia medioambiental, [Miguel Arias] Cañete y ahora la ministra [Isabel García] Te­jerina han sido capaces de cargarse toda una legislación ambiental protectora con más de 20 años de trayectoria por una serie de leyes desreguladoras que eliminan ‘las trabas ambientales’: la Ley de Costas, la Ley de Parques Naturales, ahora la Ley de Montes y todavía falta otra antes de que acabe la legislatura, la Ley de Patrimonio Natural. No es un accidente, es la línea de este Gobierno de desregularizar y privatizar”, afirma Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.

“Razones imperiosas”

Aunque el Ministerio de Agricul­tu­ra, Alimentación y Medio Ambi­ente señala que la Ley de Montes va a “contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los montes”, en su artículo 50 se refiere al cambio de uso del suelo forestal a urbanístico en montes quemados en el caso de que existan “razones imperiosas de interés público”. Y deja en manos de las comunidades autónomas la recalificación de esos montes.

Oberhuber explica a este periódico que “la experiencia nos indica que las administraciones ya están justificando ese interés para hacer urbanizaciones o complejos de ocio en zonas protegidas”. El responsable de Ecologistas en Acción se refiere a las normativas a medida que estos años han aprobado gobiernos autonómicos bajo la premisa del "interés general", y en contra de las normativas estatales de protección, que han autorizado proyectos especulativos en espacios naturales como la Ciudad del Medioambiente (Soria), urbanización Isla Valdecañas (Cáceres), Meseta Sky (Valladolid), San Glorio (Palencia), Puerto de Granadilla (Tenerife) o Marina Cope (Murcia), entre otros muchos, aunque algunos se han conseguido parar en los tribunales.

Oberhuber argumenta que no era necesaria la modificación de la Ley de Montes (2003) porque precisamente se introdujo tres años después de su aprobación la prohibición de construir en montes quemados para "prevenir los incendios y protegerlos de la especulación".

La Ley de Montes del PP permite el cambio de uso del suelo forestal a urbanístico en los montes quemados

Por su parte, Miguel Ángel Hernández, responsable de biodiversidad de la misma organización y portavoz del grupo ecologista en Castilla-La Mancha, señala que: "Hecha la ley, hecha la trampa. Tal y como está redactado el artículo 50 se deja abierto a la interpretación de los políticos el interés público, y ya tenemos experiencia...", se lamenta. Para Hernández, esta reforma de la nueva Ley de Montes, en el caso de Castilla-La Mancha, "es clarísimamente un castigo contra los agentes forestales y medioambientales, porque son los que han denunciado muchos delitos graves en grandes fincas de terratenientes", explica. Además, en esta comunidad autónoma el PP está a punto de aprobar la Ley de Caza, que permite cerrar los montes al acceso público para para llevar a cabo cacerías, cierre de caminos públicos, matar a animales lanceados, etc.

"Todo atado y bien atado"

"Es como si el PP quisiera dejar todo atado y bien atado. Es dar la puntilla al medio ambiente. En Canarias nos va a afectar gravemente, unido a dos leyes autonómicas que se acaban de aprobar en nuestro territorio como son el fin de la moratoria turística [la prohibición de construir más hoteles] y la moficación del uso del suelo rústico", explica Fran Castro de la organización ecologista Ben Magec de Canarias, donde los terrenos quemados de La Gomera podrían urbanizarse si la nueva Ley de Montes prospera.

Fue en 2006, durante el mandato de Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente (2004-2008), cuando se incorporó la prohibición de construir en montes quemados hasta pasados 30 años, debido al gran número de incendios provocados. El escándalo de corrupción Terra Mítica (Benidorm) es un ejemplo. De monte público, tras un incendio intencionado en 1992, a complejo de ocio, hotelero y un sin fin de urbanizaciones. Similar suerte corrió el Monte Abantos, en El Escorial (Madrid), tras ser arrasado por las llamas en 1999.

Sin policía ambiental

Pero la Ley de Montes acaba también con las competencias que desde hace años tienen los agentes forestales, que dejan de ser “agentes de la autoridad” para denunciar delitos ambientales. Sólo podrán denunciar infracciones administrativas, según el artículo 58 de la nueva normativa. “Esta ley dice ahora que no tenemos que redactar atestados y que pasamos a ser auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se elimina nuestra condición de funcionarios. Se nos humilla y se nos degrada. Esto no estaba especificado en el borrador de la ley que se publicó hace meses. Además, son modificaciones que se han introducido sin exposición pública y se nos priva del derecho a presentar alegaciones”, explica a Diagonal Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales.

A esta modificación de la Ley de Montes se oponen todos los grupos ecologistas, sindicatos y los colegios profesionales de biólogos e ingenieros forestales. “Tam­bién tenemos el compromiso de todos los grupos políticos de la oposición de anular la ley en la próxima legislatura”, explica Díaz.

Funcionarios sin jerarquías

Sobre la calidad del trabajo de estos agentes medioambientales, Oberhu­ber señala: “Son profesionales independientes que conocen y vigilan el campo. Esta medida es un ataque a su trabajo. Molestan porque tocan a los amigos del Gobierno”. Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo agradece en sus informes anuales la profesionalidad de los atestados de estos agentes.

Sin el trabajo de los agentes forestales y medioambientales no se hubieran destapado casos que la Administración ha pasado por alto, como la construcción ilegal de un chalet en el Parque Nacional de Cabañeros del empresario Alejandro Aznar y la presidenta del círculo de empresarios, Mónica Oriol (sobrina de un ministro de Franco), que además se han construido dos campos de polo en otra finca de su propiedad situada en un espacio protegido del Parque Regional del río Guadarrama. Los agentes también han denunciado hechos como el cierre de una vía pecuaria por parte del hermano de Esperanza Aguirre en El Escorial.

Los agentes forestales y medioambientales son los responsables de luchar contra los incendios, las construcciones ilegales, envenenamiento de especies, caza furtiva, maltrato animal, expolio arqueológico, cierre de caminos públicos y vías pecuarias, vertidos, vallados ilegales, etc. “Nosotros nos debemos a la naturaleza, al artículo 45 de la Cons­ti­tución que dice que el ciudadano tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, dice Díaz.

Los agentes medioambientales luchan contra los incendios, construcciones ilegales, caza furtiva, expolio arqueológico, cierre de vías pecuarias y vertidos, entre otros delitos.

Con la nueva Ley de Montes no van a poder denunciar delitos ambientales (delitos penales), algo que sólo podrá hacer el Servicio de Protección de la Natu­raleza (Seprona) de la Guardia Civil, que cuenta con cinco veces menos efectivos. “No tenemos nada contra la Guardia Civil, trabajamos de forma coordinada. Los sindicatos de Policía y Guardia Civil se oponen también a la Ley de Montes. Pero la diferencia es que los agentes forestales y ambientales no tenemos jerarquías”, señala Díaz. Los miembros del Seprona dependen del permiso de sus superiores para denunciar un delito, y en muchos casos las denuncias se paralizan antes de que salgan a la luz por una llamada de teléfono.

Según el naturalista Joaquín Araújo esta ley es una vuelta al pasado, representa una “semimilitarización [del campo] bajo los cuerpos armados del Estado. Es un retroceso al primer franquismo”.

Además, los agentes forestales advierten de que esta Ley de Montes es el primer paso para privatizar la seguridad en el campo e introducir guardas jurados privados, como ya ha ocurrido en ministerios y otros lugares públicos. Al frente de algunas de esas empresas de seguridad privada se encuentran los hermanos Mayor Oreja (PP), e incluso el ministro de Defensa presidió en 2011 una empresa de seguridad privada a la que ha dado contratos públicos desde su ministerio.

Para el portavoz de los agentes forestales y ambientales la Ley de Montes del PP les retira sus funciones como agentes de la autoridad en los delitos ambientales porque “en los últimos años hemos denunciado a poderosos, a grandes empresas, como las eléctricas o bodegas de cava, y a propietarios de grandes fincas, algunas de familiares de políticos... Lo que quieren es que nos dediquemos a perseguir al ciudadano de a pie: al pequeño cazador que igual le va a caducar la licencia. Que estemos detrás de ese tipo de infracciones, pero los delitos verdaderamente graves de ricos y terratenientes que no los llevemos a los tribunales. Es una ley hecha a medida”, concluye Díaz.