Hemeroteca Diagonal
Impotentes e indefensas

Mi nombre es Ninfa, soy trabajadora del sexo y desde hace algunos años capto a clientes en la calle, en Casa de Campo, Torrejón de Ardoz, Al­calá de Henares y polígonos industriales de Madrid. Empecé esta actividad en 1997, cuando la Casa de Campo estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que el maleducado... Eso sí, la Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían los papeles en regla. Eran frecuentes las redadas en busca de “irregulares”.

Captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Pero después nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas como excusa de barreras protectoras. El fin último era que los coches no parasen al lado de la vía. Nos trasladamos a zonas de parking, más alejadas. Cada vez contábamos con menos espacio y en lugares menos seguros.

Con la entrada del Gobierno popular, las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la policía local y la policía de migración. Cortes de tráfico, calles cortadas a determinadas horas, desvío del tráfico, redadas a las irregulares, controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas... Poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid, que tuvimos que desplazarnos a buscar trabajo a Capitán Haya, Pintor Rosales, Villaverde, Montera, etc. Sitios con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, con dueños de pequeños negocios... Se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el Consistorio y a manifestarnos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Me desplacé hasta Torrejón de Ardoz y estuve en sus inmediaciones cerca de tres años. Las obras de acceso a Torrejón en la parte este me obligaron a trasladarme al polígono Electrolux, de Alcalá de Henares. Poco duró la calma, el Ayuntamiento alca­laí­no —liderado por el PP— preparó una ordenanza en la que incluyó la prohibición de “ofrecer y demandar sexo retributivo en un espacio de 200 metros cerca de viviendas, colegios y comercios”. Las sanciones van de 300 a 3.000 euros para el cliente y las trabajadoras. Esta ordenanza, en vigor desde diciembre de 2010, ha desembocado en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio, para ir a tomar un café en los comercios próximos porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve explicarles que solo deseas tomar un café caliente con un amigo. Estamos bajo sospecha por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo una mayor precarización del trabajo: menos tiempo y tranquilidad para negociar con los clientes, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales. A veces bromeamos entre nosotras porque mientras realizamos los servicios nos parecemos a los perritos de la pradera, siempre alerta y vigilantes por si aparece el coche patrulla.

El Ayuntamiento concedió en mayo de 2014 a Hetaira una reunión sobre la ordenanza de convivencia. Aproveché la ocasión para darles a conocer las consecuencias negativas, la perversión de confundir con la trata de personas. Apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata, pero nosotras lo que demandamos es un lugar donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante. Po­de­mos no castigar a un comerciante, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento le estamos perjudicando directa­mente. Tenemos la obligación de defender y ‘desdemonizar’ a nuestros clientes porque existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero. También son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata. Exigimos diferenciar entre trabajo sexual y trata. Si no es así, continuaremos en la indefensión actual en que nos encontramos.