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Felipe VI: rey para un país difícil

No es la mejor película de Luis García Berlanga y Rafael Azcona, pero es difícil encontrar un documento más hilarante que muestre cómo se vivió el cambio de régimen en la nobleza española. En Patrimonio Nacional (1981), el marqués de Leguineche, recibía un consejo de otro noble: “La política y la banca, eso sí que son hoy aristocracias”. Han pasado 40 años y la constatación sigue funcionando. La vieja corte de pavana y rigodón está enterrada en el cementerio de la historia, no así la corte de políticos y banqueros que anticipaba uno de los nobles de Patrimonio Nacional.

Las dificultades para formar Gobierno, lejos de debilitar a la corona, la han consolidado en su papel consultivo y arbitral reconocido en la Constitución del 78. El tiempo ha corrido a favor de Felipe VI, una figura hasta ahora poco o nada cuestionada en comparación con el castigo mediático del grupo de aspirantes a futuros jefes de Gobierno formado por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Sólo una parte de la prensa de centroderecha considera un agravio a Mariano Rajoy la decisión de Felipe VI de bloquear el plan inicial de Rajoy: que el rey declarase desierto el encargo de formar Gobierno y que eso precipitase una repetición rápida de las elecciones para que la primavera devolviera al PP el control del Estado que perdió el 20 de diciembre.

El actual presidente facilitó y coordinó la operación de sucesión real. Los escándalos de corrupción y sus resultados el 20 de diciembre le han debilitado de cara a cualquier proceso de reforma constitucional y regeneración. Las llamadas por parte de Albert Rivera a la “secesión” de diputados populares muestra una serie de movimientos en el partido. José Manuel Margallo, ministro de Exteriores, una cartera tradicionalmente bien relacionada con la monarquía, aparece en las quinielas como posible artífice de ese movimiento de tierras en el PP.

La decisión por parte de la Casa del Rey de postergar el viaje del monarca a Reino Unido y Arabia Saudí por el contexto político muestra el empeño por presentar al rey como artífice de los pactos de Estado, si es que finalmente éstos se producen, y evita, hasta la formación de Gobierno, la polémica foto de Felipe V con Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudí, un reino en el que el respeto a los derechos humanos escasea tanto como los glaciares.

El anuncio por parte de la prensa promonárquica es que el actual rey aguantará antes de formar un Gobierno que puede tener una decisión importante sobre el futuro de su propia institución. El 2 de mayo termina el plazo establecido por el reglamento del Congreso, tras el cual Rajoy y Pedro Sánchez tendrán que afrontar una crisis de partido preelectoral. Los líderes de Ciudadanos, un Rivera fortalecido tras el 20D, y Podemos, a la espera de las reuniones con Pedro Sánchez que marcarán el futuro inmediato del partido morado, ya han presentado su agenda de reformas a Felipe VI.

Reforma o riesgos

El rey actual cuenta con ventajas respecto a sus antecesores, en primer lugar porque no hay otros grupos monárquicos que reclamen derechos sucesorios. El republicanismo es un mar de fondo entre otras cuestiones más acuciantes relativas a la soberanía y la defensa de la II República ya no es un tabú social ni supone una incomodidad para la monarquía actual –aunque se señale la responsabilidad de afines a la Casa Real como Rodolfo Martín Villa–. No hay un sentimiento antimonárquico homogéneo y a las naciones dominantes les sigue siendo indiferente la forma de Gobierno de España, dentro de sus cauces, si no siguen siendo abiertamente promonárquicos, como el caso del Reino Unido.

En este sentido, cabe destacar que la política de Dwight Eisenhower normalizó la relación con el Franquismo, y la hoja de ruta de EE UU incluyó el reconocimiento inmediato de la figura de Juan Carlos I por parte de la administración de Jimmy Carter. Estaba en juego el control de las bases cedidas por Franco a Estados Unidos y la política de exclusión de los partidos comunistas en el sur de Europa.

Al igual que su padre, Felipe VI tiene la capacidad de un lobby por su facilidad para obtener información directa y consultoría constante de las administraciones que a él se deben, el apoyo unánime de los tres ejércitos, a los que representa, y los gestos de complicidad públicos y privados con las ramas más altas del poder económico y los principales medios de comunicación. No obstante, como explica Joan Oliver Araujo en el artículo académico La reforma constitucional de la Corona [PDF], la Constitución del 78 otorga al rey funciones exclusivamente simbólicas, moderadoras y arbitrales.

Las cuestiones en juego son si la dinastía podrá sobrevivir sin una Reforma Constitucional que la modernice y también si sobrevivirá a una Reforma Constitu­cional o a un proceso constituyente

Felipe VI navega, hasta el momento, sobre el cómodo colchón legislativo del régimen del 78, pero sobre el futuro de su reinado pesa la historia: el reino de España no encadena tres reyes desde el siglo XVIII. Por eso, si de perpetuar la dinastía se trata (y de eso se trata), el actual Jefe de Estado debe llevar a cabo bajo su reinado las reformas constitucionales que sean necesarias para la próxima reinvención de la monarquía española.

Las cuestiones en juego son si la dinastía podrá sobrevivir sin una Reforma Constitucional que la modernice, y por cuántos años, y también si sobrevivirá a una Reforma Constitu­cional o a un proceso constituyente. Una fase en la que se pueda abrir a la ciudadanía y al pueblo un debate actualmente casi inexistente sobre la forma de Gobierno, pero enmarcado en el largo y vigente debate sobre la soberanía en el marco de la Unión Europea y la economía global.

En la actualidad, el Senado y la propia carta constitucional sirven para bloquear de facto cualquier proyecto de cambio de la forma de Estado a través de la ley vigente. Una reforma de ese calado pasaría por una modificación del título preliminar, diversos artículos del Título I y del Título II al completo, casi un cambio de Constitución. Un Everest legislativo en busca de autores.

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No obstante, aunque el panorama dentro de la legislación española proteja el interés de la Casa de Borbón, las transformaciones en Europa son, junto a las demandas de Catalunya y País Vasco, el principal asunto que puede modificar el régimen constitucional actual. La crisis económica, el agotamiento de los recursos y la crisis actual de fronteras en la UE constituyen serias amenazas a un proyecto monárquico que sigue siendo más frágil que las monarquías anglonormandas consolidadas.

Entre las reformas plausibles dentro del Estado monárquico actual, la más conocida y aún pendiente atañe a la ley de Sucesión, artículo 57.1 de la Constitución. Se prevé eliminar la preferencia de los varones sobre las mujeres en la línea de sucesión y que sólo tendría un papel si el rey y la reina tuvieran un hijo varón.

Según Oliver Araujo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares, otras posibles reformas definirían límites a la monarquía que la Constitución del 78 no quiso tocar. Es muy conocida la inviolabilidad del rey, aquel principio que le permitiría cometer un asesinato sin consecuencias penales de gravedad, un asunto que choca frontalmente con la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. También faltan en la actual Constitución garantías sobre el control de gastos o los nombramientos directos por parte de la Casa del Rey y tampoco aparecen las incompatibilidades en el ámbito económico-privado en las que puede incurrir la Casa del Rey.

El equilibrio de partidos en el Congreso y el Senado puede lanzar este proceso de reformas. Con la actual composición de la Cámara baja y la mayoría de los populares en el Senado, cualquiera de estas reformas está postergada sine die.

Debilidad

El actual rey comparte con Alfonso XIII una característica principal. Ambos han sido los llamados a consolidar su reinado tras la restauración de su casa. En 1874, “el pacificador” Alfonso XII se apoyó para la fontanería política en su padrino, el Duque de Sesto, y posteriormente en el proyecto de Administración de Cánovas del Castillo para consolidar una monarquía que aún era débil a nivel interno tras el sexenio democrático pero que estaba apoyada por otras casas reales europeas.

El corto reinado de Alfonso XII dio lugar a la Constitución de 1876, un texto que establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes pero arrogaba al rey la capacidad de nombrar gobierno, es decir, facilitaba el paso de un gobierno a otro sin mediar sufragios.

Las aspiraciones soberanistas en País Vasco y Catalunya han tenido un papel fundamental en la historia de la Corona. El fin de la tercera guerra carlista durante el reinado de Alfonso XII trajo consigo un castigo al pueblo vasco –y también a otros territorios sublevados– que, como hoy se sabe, no cerró el conflicto. A su vez, los vínculos de la Corona con la burguesía industrial catalana precedieron el nacimiento del movimiento obrero, las huelgas y conquistas sociales de 1919, y las protestas contra la leva de soldados para salvaguardar los intereses de la oligarquía española en el Rif. Una semana trágica que aceleró el crecimiento de las organizaciones sindicales y políticas que fueron respondidas con un gobierno militar y la posterior salida de Alfonso XIII.

La pacificación interna sobreviviría unos años al reinado de Alfonso XII, pero las independencias de Cuba y Filipinas en el 98 y el crecimiento del movimiento obrero abrieron una larga crisis que seguiría, tras la regencia de María Cristina de Habsburgo, durante el reinado de Alfonso XIII. La historia de la pérdida de legitimidad del rey “africano” es conocida y se resume en el paso del parlamentarismo maniobrero del Conde de Romanones a la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

El desastre de Annual (1921) supuso la gran crisis política del régimen alfonsino. El golpe militar de Miguel Primo de Rivera en 1923 estuvo destinado a impedir el acceso a la opinión pública del Expediente Picasso, que revelaba las raíces podridas de la campaña africana del ejército, así como la responsabilidad real.

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La noche de la dictadura franquista terminó con la segunda restauración de los Borbones. A partir de 1975, el período de consolidación de la monarquía de Juan Carlos I, elegido por Franco desde 1948, viviría una fase delicada hasta el golpe del 23F, un golpe que aceleraría el fin de la etapa de Suárez. Posteriormente, la jefatura de Estado se consolidaría a través del surgimiento de una clase media “a la española” durante los años del felipismo.

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El corto debate sobre la forma de Estado concluyó el 11 de mayo de 1978 en la cámara de representantes, con el voto afirmativo de todos los partidos políticos, incluido el PCE, a la forma monárquica. Sólo el PSOE se abstuvo simbólicamente en ese punto pero luego votó el texto constitucional íntegro. El voto se planteó con sólo dos opciones: o democracia con rey o el caos.

Tras la recentralización franquista, el Estado de las autonomías se ha mostrado como una solución transitoria del periodo juancarlista. Junto al peligro rojo encarnado por el PCE antes de su legalización, las comisiones obreras antes de su configuración como sindicato de concertación, y la CNT de los 70, la unidad territorial fue el baremo bajo el que una mayoría de militares franquistas midió al nuevo rey en el postfranquismo.

El famoso discurso del rey Juan Carlos en la noche del golpe del 23F incluía la fórmula “unidad de la patria” para tranquilizar a los altos mandos militares. Sobre el papel del rey y sus relaciones con los generales Alfonso Armada y Milans del Bosch y los servicios de inteligencia hay suficiente documentación como para pasarlo al juicio de la historia.

Con la llegada de Felipe González y con la integración plena en la OTAN llegaría el momento de la reforma del estamento militar, realizada a golpe de talonario por medio del incremento de número de oficiales y de las pensiones de los militares en la reserva, –una de las principales partidas presupuestadas fuera de Defensa– y fundamentalmente mediante el fomento del complejo industrial-militar, especialmente las compañías Navantia, Santa Bárbara o EADS CASA. Eran los años de los asesinatos de militares por parte de ETA y de la puesta en marcha de los GAL y el uso de fondos reservados por parte de altos cargos del Estado.

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El papel del rey Juan Carlos en la “guerra sucia” quedó insinuado en la prensa de la época durante una crisis por los papeles del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) que enfrentó a José María Aznar tras su primera victoria electoral con Felipe González, Adolfo Suárez y el propio rey Juan Carlos.

Se discutía con Aznar si el Gobierno entrante podía despublicar los papeles de inteligencia en la época del GAL, del caso KIO y de Filesa. Se decidió que no, se puso como ministro a Eduardo Serra. Ya antes, con Javier Solana, había comenzado una política “atlantización” de los ejércitos que se traduciría en la participación de España en guerras como la de los Balcanes, las dos de Iraq, Mali o Afganistán.

Al contrario que el rey Juan Carlos que, pese a contar con importantes apoyos entre los militares, comenzó su reinado bajo la sombra de un “poder fáctico” que le cuestionaba, Felipe VI ha estrenado mandato con el apoyo rotundo de las fuerzas armadas. Un apoyo que el heredero, aficionado al pilotaje de cazas, se ha preocupado de buscar. Su primer acto tras conocerse su futuro nombramiento fue ir a unas maniobras militares y es sabido que la infanta Leonor recibirá formación castrense para dirigir los tres ejércitos si es proclamada reina.

Así pues, cimentado en el estatus preferencial con que cuentan los ejércitos en el plano presupuestario –en 2016 el gasto militar real es de 24.489,96 millones, cinco veces más de lo presupuestado–, el mando de Felipe VI, simbolizado en la bengala de capitán de los tres ejércitos, es incuestionado… a menos que el contexto sociopolítico pusiese en solfa la “unidad de la patria” –por ejemplo vía referéndum vinculante– y que esto produjese una reacción en el “poder fáctico” militar. Un supuesto que sólo mencionar produce estremecimientos.