Hemeroteca Diagonal
¿Cuánto vale un mundial de fútbol?

Cuando Brasil fue elegido como país anfitrión del Mundial de Fút­bol de 2014, muchos pensaron que era una gran noticia. Un año después, en 2008, las encuestas revelaban que el 79% de la población aprobaba la realización del Mundial.

Seis años después, la popularidad del campeonato ha caído al 48%, un cambio en la opinión pública acentuado tras las masivas movilizaciones del año 2013, que promovieron un debate sobre las consecuencias de estos macroeventos. Entre ellas, los procesos de gentrificación, es decir, el desplazamiento de la población más pobre de ciertos barrios, y el aumento de la deuda pública, sin que esto suponga una mejora en la calidad de vida de la población. Consecuencias que ya se han visto en el Mun­dial de Sudáfrica de 2010, los Juegos Olím­picos de Atenas en 2004 o el Europeo de 2004 en Portugal. En Brasil, además, la realización del Mundial se está utilizado para legitimar políticas de militarización de los barrios y expulsiones violentas. En un informe publicado en 2011, el Comité Popular del Mundial estimó que 170.000 personas en todo el país habían sido o se verán afectadas por políticas de desplazamiento forzado debido a los megaeventos.

A menudo, estos desalojos vienen acompañados de recolocaciones en áreas alejadas, en la periferia, o de indemnizaciones que no alcanzan para una nueva vivienda. Pero las situaciones más dramáticas se derivan de los desalojos violentos, que no incluyen ningún tipo de solución alternativa de vivienda, como ocurrió el 14 de abril en la Favela de Telerj. En ese caso, decenas de familias fueron expulsadas de sus casas sin que se les permitiera recoger sus pertenencias ni sus documentos de identidad. Con lo puesto, sin tener dónde ir y dispuestas a exigir una solución del Gobierno, las familias acamparon ante la Alcaldía de Río de Janeiro. Tras una nueva expulsión violenta por la Policía, las familias han vuelto a establecerse, esta vez en el párking de la catedral, forzando a la Iglesia a intervenir en las negociaciones, no sin antes cancelar todos los eventos de Pascua para evitar la entrada de los sin techo en la catedral.

En Río de Janeiro, la implantación de las Unidades de Policía Pacifi­ca­dora (UPP) en las favelas de la ciudad ha sido la pieza central de la política de seguridad del alcalde, Eduar­­do Paes, y del gobernador, Sér­gio de Oliveira Cabral, ambos del partido de centroderecha PMDB. La estrategia se basa en la instalación de puestos de policías militares dentro de los barrios, un estado de vigilancia constante que convierte en sospechosos a todos los habitantes de las favelas.

“Han asesinado a mi hijo”

A medida que se acerca el Mundial se multiplican las denuncias de abusos de autoridad cometidos por las UPP. En abril, otro asesinato a manos de estas unidades policiales ha hecho renacer la indignación: Dou­glas Pereira, un bailarín de funk conocido como ‘DG’, fue encontrado muerto con un disparo en la espalda en la favela de Pavão-Pavã­ozinho, ubicada en el turístico barrio de Copacabana. La primera declaración de la Policía fue que DG había fallecido por una caída, a pesar de la evidente herida de bala y la presencia de marcas de tortura. Hasta la fecha no han sido aclaradas las circunstancias de su muerte. Am­nis­tía Internacional ha iniciado una campaña para que se abra una investigación. La muerte de DG ha provocado fuertes protestas en la zona, que fueron reprimidas por la Policía con munición real, con el resultado de otro fallecimiento. La conmoción de la multitud que acom­pañó el cortejo fúnebre fue entendida por la Policía como un acto de disidencia: los agentes seguían el cortejo como si de una manifestación se tratara. “¿Qué hace aquí la Policía si no les he invitado? –preguntaba con dolor la madre del joven–. Han asesinado a mi hijo, ¿y tienen el coraje de presentarse al entierro? ¡Tengo el derecho de estar aquí sola con sus amigos!”.

Pero la militarización no se debe sólo a las UPP. En la favela de Maré, en el camino que conecta el aeropuerto internacional con el centro de la ciudad, el Ejército se desplegó a principios de abril en una actuación conjunta con la Policía del Estado. La entrada de las fuerzas estatales en este barrio se realizó en un clima de gran tensión, con un mandato de búsqueda y captura colectivo que permitía a la Policía Civil entrar en cualquier vivienda de los barrios Nova Holan­da y Parque União. Esa medida judicial ha sido duramente criticada por entrar en conflicto con la Cons­ti­tución y considerar a todos los vecinos como potenciales sospechosos. “Me escandaliza que la gente vea una mejoría sólo porque ya no hay traficantes armados –explica un vecino de Nova Holanda (Maré) que trabaja como educador y prefiere no dar su nombre–. Lo que ocurrió fue una sustitución, porque sigo viendo armas, a lo que se añaden tanques y vehículos de guerra. Antes yo tenía miedo de los tiroteos, hoy le tengo miedo al silencio”.