Abengoa: la explotación del siglo XXI

Abengoa SA es un grupo empresarial sevillano con implantación en más de 70 países y una plantilla de 26.000 trabajadores. En el informe anual de 2012 asegura tener “compromiso con la formación, la motivación, el desarrollo profesional y la conciliación de la vida profesional y personal” de sus empleados, pero la realidad que sufren sus trabajadores es muy distinta.

Planta solar de Abengoa
Planta solar de Abengoa, Alex Lang

publicado
2013-04-26 19:02:00

Esta trasnacional de la innovación y el sector energético de origen sevillano nació en 1941 de la mano del conocido empresario Javier Benjumea Puigcerver, sobrino de Joaquín Benjumea, ministro de Franco y alcalde de Sevilla, que lo ayudó a la expansión nacional durante la dictadura.

En los años 90, en la época de su expansión internacional, el empresario contó también con el apoyo de las instituciones democráticas. Fue nombrado Hijo predilecto de Andalucía por la Junta y el rey Juan Carlos I creó exclusivamente para él, el marquesado de la Puebla de Cazalla. En la actualidad la titularidad de la empresa y del título nobiliario recaen en la figura del hijo de su fundador Javier Benjumea y Llorente. Tanto reconocimiento les parece sorprendente a algunos de los trabajadores que han sido entrevistados por DIAGONAL, que prefieren mantener el anonimato por temor a las represalias.

Expedientes de Regulación

El pasado mes de marzo Inabensa, empresa filial de Abengoa, aplicaba un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) a 70 trabajadores. A finales de 2012 había realizado otro que afectó a unos 30 trabajadores, de los aproximadamente 500 con los que cuenta la empresa. Este tipo de expedientes son el resultado de la reforma laboral que el Gobierno actual llevó a cabo a través del Real Decreto 1483/2012 sobre despidos colectivos. La medida, tomada con el consentimiento del comité de empresa, del que CC OO forma parte, provoca una suspensión temporal de los contratos ante una supuesta falta de trabajo. Según la central sindical “la falta de subvenciones públicas a energías renovables” hace necesario este tipo de regulación. El comité de empresa no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones por falta de autorización, según aluden.

La sede de la empresa en el campus de Palmas Altas se ha ganado el sobrenombre de "Palmatraz" por las férreas medidas de control sobre la plantilla
A efectos prácticos, según cuenta CC OO, los 70 trabajadores de la empresa a partir de dar su consentimiento dejan de estar contratados por la empresa. En ese momento comienzan a cobrar parte de sus prestaciones por desempleo, sumado a una aportación de 120 euros mensuales que provee la empresa. Los trabajadores siguen manteniendo su antigüedad en la empresa y ésta tiene el compromiso de volver a contratarlos en caso de que entraran nuevos proyectos. Según la propia página de Abengoa la ganancia neta del año anterior de 257 millones de euros, que no parece estar acorde con la situación que provoca el ERTE. Desde hace unos años esta empresa pertenece a una de las más pujantes del IBEX 35, habiendo recibido para ello gran cantidad de dinero público en forma de subvenciones de la Junta de Andalucía y del gobierno central.

Deslocalización y expatriaciones forzosas

Según afirman los trabajadores a DIAGONAL, la empresa está viviendo un proceso de deslocalización acelerado, cerrando diferentes sucursales dentro del Estado para llevarla a otros países. En algunos casos, se hace a través de expedientes de regulación de empleo, como el caso de Sevilla, y en otros apelando a lo que la ministra Báñez ha dado en llamar “movilidad exterior”.

La empresa propone desplazamientos de sus lugares de trabajo en algunos casos nacionales, como cuenta una empleada madrileña que tras 25 años en la empresa y una vida familiar en la capital, ha sido desplazada, sin opción, a Sevilla, en lo que la empresa tuvo a bien llamar “la operación fideo”. En otros casos, el desplazamiento se produce a otros estados como China, avisando con menos de una semana de antelación. La única opción para ellos es aceptar las condiciones de expatriación o marcharse de la empresa, renunciando a cualquier tipo de prestación, despido o indemnización.

Jornadas laborales abusivas

Una becaria de una de las filiales de Abengoa relata las condiciones de explotación a los que son sometidos. Los becarios tienen por contrato 28 horas semanales, pero la realidad es distinta: “cuando te contratan no te dicen nada, pero cuando empiezas a trabajar en las oficinas te comienzan a presionar diciéndote que si quieres que te renueven no deberías salir a las cinco como dice tu contrato, que por tu bien no deberías salir antes de las siete y media”. Y de hecho ocurre de este modo, hay un contrato no escrito en el que todos los becarios, sin excepción, trabajan de 8:30 a 19:30 diariamente. Varias horas más de lo que lo hacen los trabajadores que tienen un contrato laboral con la empresa, que tampoco se salvan de las prácticas abusivas: “Abengoa impone a sus trabajadores realizar horas extras sin remunerar por una especie de obsesión de los altos cargos por demostrar que en Andalucía el nivel de rendimiento es alto, donde el tiempo de trabajo es igual a productividad. Por todos es conocido que el cerebro de esta estrategia es el director de Recursos Humanos de Abengoa porque el resto de directivos, incluso los de Recursos Humanos del resto del grupo, están en desacuerdo con estas políticas”, relata uno de los trabajadores.

La obsesión por el control

El campus de Palmas Altas, un prodigio ecológico del aprovechamiento energético, según la empresa, es donde Abengoa concentra la mayor parte de sus sedes en Sevilla. Este complejo se ha ganado el sobrenombre de “palmatraz” por las férreas medidas de control al que someten a los trabajadores. El sistema de gestión que tienen implantado cuantifica todos los ámbitos de la vida de un trabajador durante la jornada laboral: la tarjeta con la que fichan al entrar y salir es la misma que están obligados a utilizar para pagar la comida y comprar los productos de las máquinas de vending de las instalaciones. Controlando de esta forma que se cumple la normativa corporativa que prohíbe a los trabajadores introducir comida en el campus y les impone comer diariamente en el restaurante de Serunión. Los trabajadores aseguran que cuando no pagan el menú del comedor varios días consecutivos salta una alerta en el sistema de control y automáticamente el departamento de Recursos Humanos de su empresa le pide explicaciones al respecto.

Por último, entre la plantilla existe una idea fáctica de imposibilidad de sindicación ya que, como argumentaba uno de ellos: “nadie te lo prohíbe, pero está muy mal visto y te pueden echar”.

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