Grecia
La basura y las temperaturas asfixian a Grecia

Atenas, junio 2017. La ciudad se derrite en los cerca de cuarenta grados que marcan los termómetros. Un pequeño grupo turistas (de los cerca de 30 millones que visitarán el país en 2017) sigue a una guía que indica el camino por las calles comerciales del centro. A un lado, una montaña de basura ocupa la calzada y una pequeña parte de la acera.

¿El motivo? Desde hace once días los barrenderos y basureros de todo el Estado iniciaron las okupaciones de los garajes y los retenes de limpieza, lo que acompañaron de una huelga que ha dejado las calles de las grandes urbes griegas plagadas de desperdicios.

La decisión se tomó en respuesta a la sentencia del Tribunal de Cuentas. En ella se declaraba anticonstitucional la prórroga de los contratos interinos y por tanto los trabajadores debían ser despedidos inmediatamente.

Por un lado, los cálculos de la Federación Panhelénica de Trabajadores de los Organismos de la Administración Local (POE-OTA) hablan de diez mil trabajadores interinos que perderían su puesto. Por otro lado, el Ministerio de Interior reduce la cifra a unos 6.100.

“Ahora mismo, en el Ayuntamiento de Kallicea (barrio situado entre Atenas y El Pireo) hay 140 trabajadores fijos y 110 interinos para recoger la basura de más de 150.000 personas. Sin los interinos no se puede hacer” según Kostas Tsiviltidis, representante de POE-OTA en el municipio. “Estas personas cobran sueldos bajos de unos 700 u 800 euros, además trabajan con la basura, así que no son ningunos privilegiados”.

Tsiviltidis detalla que en la mayoría de los ayuntamientos los servicios de limpieza y recogida de basuras son públicos, aunque en los últimos años se ha empezado a experimentar con la iniciativa privada, como en el caso de Rodas. “Hay cuestiones de la limpieza que es imposible que sean más rentables en manos privadas: los camiones, el combustible, el mantenimiento… Lo único que puede ser más barato son los trabajadores, pagándoles 400 euros o teniéndolos sin Seguridad Social”.

El jefe de la oposición, Kirakos Mitsotakis (Nueva Democracia), apuntaba en esa dirección al decir que los interinos no iban a poder ser readmitidos y había que buscar nuevas formas de gestionar la limpieza, con colaboraciones entre los ayuntamientos y entidades privadas.

Durante estas semanas ha circulado un 10% de los camiones y personal de servicios mínimos, actuando especialmente en los alrededores de hospitales y recintos escolares. La enorme participación de los trabajadores en la huelga ha provocado que los medios desaten una campaña de acoso y derribo contra los huelguistas. Desde la televisión pública ERT, hasta el diario de mayor tirada nacional Kathimerini.

Los periodistas y tertulianos de la derecha acusan a los trabajadores de no respetar los servicios mínimos, o en algunos casos como en Kosmos (radio pública musical, equivalente a Radio3 en España) les piden que detengan unos días la huelga, recojan la basura y sigan con la lucha después.

El problema ha alcanzado el cariz de asunto de Estado. Tsipras ha tenido que arremangarse y sentarse a negociar con los representantes de POE-OTA, obligado a solventar las diferencias insalvables entre Panos Skurletis, Ministro de Interior (cargo responsable de la situación); y Nikos Trakas, dirigente de POE-OTA.

Lejos de esperar resultados, los trabajadores han continuado con las movilizaciones en las que se han producido los clásicos enfrentamientos con los antidisturbios, tanto en el Parlamento como en el Ministerio de Interior.

Kiki Kleopatra es barrendera en el Ayuntamiento del Pireo. “Tengo 42 años, soy madre de tres hijos menores y pareja de un desempleado de larga duración. Nos manifestamos porque queremos nuestro derecho a un trabajo estable y a vivir con dignidad”. Kiki ondea la bandera de su Federación sindical y sostiene que continuarán hasta que les den una solución porque tiene compañeros con cinco hijos y les han interrumpido los contratos, vigentes hasta 2018.

Con sus movilizaciones han logrado algunas victorias parciales, como eliminar el límite de edad de 45 años para los concursos públicos o que se les diera algunos puntos extra por años trabajados.

Sin embargo, lo que decreta la nueva reforma legal aprobada en el Parlamento el pasado martes, es que se proceda a la contratación de 2.500 personas por el “interés de la salud pública” y que esa cifra debe llegar a los 6.100, que calcula el Ministerio, en función las necesidades de los ayuntamientos.

Los representantes de POE-OTA rechazaron la propuesta del ministro y han mantenido la huelga general y la convocatoria de una manifestación estatal en Atenas para este jueves 29. Más tarde se reunirán para continuar o parar las movilizaciones. En sus propuestas defienden que se hagan concursos cerrados para los actuales trabajadores y les aseguren los 10.000 puestos de empleo.

Una historia que viene de lejos

“Una noche mágica, como en Argentina, que veamos en el helicóptero a Prokopis”. Esta consigna era repetida por las barrenderas del Ayuntamiento de Agios Dimitrios (uno de los barrios de Atenas) y dirigida contra Prokopis Pavlopulos, el actual Presidente de la República griega. Este abogado fue diputado por Nueva Democracia desde 1996 hasta 2015, entre 2005 y 2009 ocupó el Ministerio de Interior.

En 2001, el gobierno de Simitis puso en marcha una reforma constitucional, para frenar las regularizaciones de los trabajadores interinos del sector público y que todas ellas tuvieran que pasar por el Consejo Superior de Selección de Personal (ASEP). Algo que raramente sucedía, puesto que las administraciones encontraban la manera de contratar al personal por otros métodos.

Llegó el año 2004 y con Pavlopulos ya en el cargo de ministro, se dio una nueva vuelta de tuerca. Con ella después de dos años de trabajo, el interino debía ser “remplazado”, debido a que se prohibía recontratarlo (al menos en el mismo puesto y especialidad).

Vasiliki Mikioniati, empleada del Ayuntamiento de Agios Dimitrios, es un ejemplo de la laxitud estas leyes. Ella cree que Syriza reaccionó tarde y no debió haber esperado a que se produjera la sentencia del Tribunal de Cuentas. “A mí me han renovado tres años, nosotros no tenemos la culpa de eso. Yo quiero y necesito trabajar”.

“Si se privatizan nuestros trabajos, todos los ciudadanos saldremos perjudicados por los gastos que genere, es absurdo. Además, todos nuestros hijos son menores, si no les podemos pagar los estudios no quedará nada en el futuro”.

En su llegada al poder, Tsipras se marcó como objetivo hacer fijos a ese ejército de interinos que entran y salen de la administración. Pero hasta ahora las cifras han demostrado lo contrario, porque el número de interinos no ha dejado de crecer ni con el gobierno de Syriza-Anel (de diciembre de 2016 a febrero del 2017 han pasado de 71.042 a 74.879, según los datos del Ministerio de Reforma Administrativa).

El gobierno prometió abordar este asunto después de la segunda calificación del recate y tratar de sumar al funcionariado a cerca de 30.000 trabajadores. Este trámite parece haberse superado (pendientes de lo que ocurra con los hombres de negro de la troika), ahora que el Eurogrupo aprobó el pasado 15 de junio la concesión del siguiente tramo del rescate. “Premiado” con 8.500 millones de euros, de los que únicamente dispondrán de 1.500, ya que en julio vencen nuevos pagos de la deuda por valor de 7.000 millones. Así que ya no deberían quedar más “obstáculos” para contratar a los interinos.