Gobierno de coalición
Prejuicios potencialmente peligrosos

Jota tiene 6 años y cuando pasea por la calle la gente se aparta y murmura. Pilar Rubio, madrileña de 19 años y mamá de Jota, recuerda cómo en el parque alguna vez le han dicho: “Tienes que tener cuidado y educarlo muy bien, que enseguida se vuelven malos”. Danger también tiene 6 años y su madre, Katia, una joven barcelonesa de 24 años, narra la misma historia: “Muchas veces se acerca a la gente, porque es super cariñoso y amable, y la gente lo suele rechazar”. 

No son niños, aunque la ternura y el cariño con los que hablan sus dueñas de ellos recuerde mucho a la relación de madre e hijo, son perros considerados potencialmente peligrosos. Jota es una mezcla entre Pit Bull y American Staffordshire, y Danger es un American Bully.

Los perros potencialmente peligrosos o PPP, siglas por las que son conocidos, son aquellos perros que en función de determinados criterios pueden llegar a suponer una amenaza para las personas. Esta etiqueta implica que cualquier can dentro de este grupo ha de ir atado y llevar un bozal en lugares públicos en cualquier momento. Además, su dueño debe obtener una licencia específica para circular por la vía pública. También han de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra daños con un valor igual o superior a 175.000€.

Sin embargo, su futuro podría tener un aspecto más colorido. El actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos anunció a finales de marzo su intención de modificar la ley que regula la vida de estos animales para hacerla menos general y más individualizada. Ahora expertos y propietarios recobran las esperanzas de dejar atrás una norma que tachan de injusta y sin rigor científico.

“El adoptante percibe que hay un factor de riesgo porque ya les están poniendo la etiqueta de peligrosos”, Teo Antúnez, empleado del Centro de Integración de Protección Animal de Rivas-Vaciamadrid (CIPAR)

La ley actual fue publicada en 1999, desarrollada por Real Decreto en 2002 y modificada por última vez en 2007.  En ella, se recogen las siguientes razas como “potencialmente peligrosas”: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. A esta lista inicial, cada autonomía puede añadir las que considere oportunas basándose en la musculatura, el carácter o el pelo corto entre otras características. Así pues, Galicia incluye 15 razas en la lista, mientras que Madrid se ciñe a la norma estatal. Otras como Euskadi o Canarias permiten a los ayuntamientos añadir medidas extra para la seguridad en el ámbito público. 

El anteproyecto propone que deje de haber una lista negra y unas características preestablecidas y que pase a juzgarse el comportamiento, la forma de ser y la educación de cada perro mediante una evaluación personal. Si bien, tan solo se realizará en perros de más de 10 kilogramos, por no considerarse una amenaza para el ser humano los de un peso menor. 

Aunque la propuesta se anunció el pasado marzo, a día de hoy no ha habido novedades sobre el progreso de este proyecto. Iñigo Matas, modificador de conducta canina de Castro Urdiales, ve esta alternativa más justa que la vigente a día de hoy, pero cree que tampoco habría que limitarla a perros de un determinado peso y explica lo siguiente: “A mí  no me parece justo que un Yorkshire me muerda, pero no me pueda arrancar una mano, no significa que no me importe que me muerda”. Además, añade que las razas pequeñas pueden causar “averías” a los más pequeños.

Pilar Rubio también considera injusta la ley actual y aunque reconoce que determinadas razas por su musculatura o su mandíbula pueden ser perfectas para la defensa o el ataque, todo reside en la educación. Miren Loiti, cuyo perro Fibi fue atacado no en una sino en dos ocasiones por dos Pit Bulls, opina que “ya era hora” de que hubiera una legislación justa para estos perros.

“El perro no es malo, es el dueño no le socializa bien con el mundo en el que va a vivir”, Iñigo Matas, modificador de conducta canina

¿Una amenaza real?

Porque ¿realmente son estos perros peligrosos? Katia López cuenta cómo ha tenido que soportar comentarios como: “Con esos perros ya se sabe”, dando a entender que estos perros, por la  etiqueta que se les atribuye y la raza a la que pertenecen, son propensos a atacar. “Eso es mentira”, asegura tajante Iñigo Matas,   “si un perro es equilibrado y tiene una buena socialización hecha a todo lo que le rodea, ningún perro es malo”.  Los datos corroboran las declaraciones de Iñigo, aunque a nivel español sea difícil encontrarlos,. Según un estudio estadounidense publicado en la revista Canine Journal, tan solo el 9% de los mordiscos de  perros causan heridas graves en personas.

Aún así, Iñigo Matas confiesa que la “potencia de mordida” de un Pit Bull no tiene las mismas consecuencias que las de otras razas, pero aun así insiste en que no son peligrosos. Compara la ley con  prohibir circular camiones en determinadas vías por su mayor dimensión y peligrosidad para otros vehículos.

“No todos los perros son iguales, es probable que según la raza tengan unas necesidades u otras”, Katia López, propietaria de un American bulla

Miren, Iñigo, Katia y Pilar. Todos ellos han definido la educación como el factor más relevante para conseguir que un perro no sea peligroso porque la peligrosidad no va adherida a la raza. Iñigo Matas lo cuenta de primera mano, entre sus clientes se encuentran todo tipo de razas que necesitan que su conducta sea redirigida, pero las que más recurren a él son los Border Collies y los Malinois, que no figuran dentro de la lista recogida por la ley.  Zaloa Pérez, joven vizcaína de 19 años, cuenta cómo un Malinois se lanzó a por su perra produciéndole 5 desgarros.  Matas explica que estas dos razas se han puesto muy de moda por bonitos o por inteligentes, pero que también son muy activos  y necesitan mucho ejercicio mental.

“El hecho de incluir un listado de razas no tiene sentido porque eso va a depender del carácter del perro y la educación que ha recibido”, Teo Antúnez, empleado del Centro de Integración de Protección Animal de Rivas-Vaciamadrid (CIPAR)

La responsabilidad es del dueño

Al igual que un hijo, un perro exige una dedicación y una educación. Iñigo Matas opina que el cambio de ley ayudará a esto. “Así comprometemos a tener un perro educado y estaríamos protegiendo a la sociedad de la gente que pasa olímpicamente del perro que tienen”, subraya.  También Teo Antúnez, del Centro de Integración de Protección Animal de Rivas-Vaciamadrid (CIPAR),  recalca la importancia de la educación canina: “El hecho de incluir un listado de razas no tiene sentido porque eso va a depender del carácter del perro y la educación que ha recibido”.

Si bien, Iñigo afirma que se puede reconducir a un perro. “Es a lo que me dedico”. comenta. En concreto, cuenta la historia de un, en principio inofensivo, perro de agua que acababa de adoptar una familia y que había atacado a los 4 miembros del hogar. Con la dedicación del dueño y la ayuda de Iñigo en menos de tres semanas consiguieron que se dejase manipular. “Lleva mucho trabajo, pero se puede conseguir”, afirma. 

No todos los perros son iguales

Aunque Katia López explica: “No todos los perros son iguales, es probable que según la raza tengan unas necesidades u otras”. El modificador de conducta, como él se define, Matas da unas claves básicas: la socialización y la tranquilidad. Lo primero hace referencia a familiarizar el perro con su entorno y lo segundo a premiar una actitud calmada. Sin estas pautas, vienen las consecuencias en el comportamiento del perro: miedos, agresividad, nerviosismo, ansiedad… La responsabilidad recae directamente en el propietario. Katia López opina: “La actitud de los dueños y la predisposición que tengan de educar a sus perros creo que es lo que más influye”. Así lo refleja Iñigo Matas: “El perro no es malo, es el dueño no le socializa bien con el mundo en el que va a vivir”.

Esa falta de dedicación puede acarrear consecuencias tanto para el can como para el dueño. En los casos más extremos, puede incluso implicar el sacrificio del animal. Daniel Dorado, del Centro Legal de Defensa Animal, explica que salvo en esos casos extremos el responsable civil de los daños que produzca el perro es el que lo pasee, que no el dueño. Esto implica que el poseedor del perro, el que lo pasea en el momento del ataque, ha de suplir gastos veterinarios, en caso de ataques a otros perros, e indemnizaciones en caso de ataques a personas. Si el siniestro termina en la muerte del atacado, la víctima puede pedir indemnización por daños morales.

Sin embargo, en el caso de los PPP la situación se complica.  Un perro considerado peligroso ha de llevar bozal en la vía pública en todo momento. Por lo que,  si se produce un ataque por parte de uno de estos animales, el poseedor está infringiendo la ley y, según Dorado:, “Mucha defensa no hay”.

Prejuicios, daños económicos, limitaciones… Son las consecuencias explicadas hasta ahora, pero hay una más grave: el abandono. Teo Antúnez, de  CIPAR, estima que 1 de cada 3 perros que llevan a su protectora pertenece al grupo de razas peligrosas. Como consecuencia, gran parte de los perros que habitan estos centros hasta que encuentran una familia son también de este grupo.

Además, su adopción se ve también condicionada por esta etiqueta. “El adoptante percibe que hay un factor de riesgo porque ya les están poniendo la etiqueta de peligrosos”, remarca Antúnez. Es una sentencia de por vida, que retrasa su proceso de adopción,  en vez de ser un proceso normal de entre 4 y 6 meses, se prolonga a los 3 o 4 años, provocando que muchos que entran de adultos mueran en el centro, así lo explica Teo Antúnez.

En su opinión, esta ley es más justa y ayudará a eliminar los prejuicios sobre estos perros, pero también les quita una herramienta para ver a quién entregan un animal: el requisito de los antecedentes penales. Él define este trámite como una forma de valorar al posible adoptante porque les permite ver qué delitos ha cometido y el tipo de persona qué es. Por ello, demanda más instrumentos para evaluar a los posibles adoptantes, en su opinión, debería de haber una licencia para adoptar cualquier tipo de perro y que así las protectoras puedan tener más vías para filtrar los candidatos a la adopción.