El primer ministro australiano se convierte en el primer mandatario remitido a La Haya por su apoyo a Israel

Anthony Albanese rechaza la posibilidad de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional por apoyar al régimen de Benjamin Netanyahu. La acusación se fundamenta en el comercio de armas y la desfinanciación de la UNRWA por una acusación sin pruebas.
Anthony Albanese, Joe Biden y Rishi Sunak
Anthony Albanese, a la izquierda, junto a Joe Biden y Rishi Sunak en un encuentro trilateral en 2023. Foto: Simon Walker / No 10 Downing Street
6 mar 2024 12:52

Birchgrove Legal, un equipo de abogados de Australia, ha remitido al Tribunal Penal Internacional la denuncia al primer ministro, Anthony Albanese (Partido Laborista Australiano), como “cómplice del genocidio” por su apoyo a la acción de Israel en el territorio palestino de Gaza. El equipo legal ha documentado la “complicidad y (...) la responsabilidad penal individual del Sr. Albanese con respecto a la situación en Palestina” en un documento de 92 páginas avalado por cien abogados y procuradores, que basa su denuncia en el cumplimiento del Artículo 25 del Estatuto de Roma.

La denuncia deberá ser examinada por el TPI para saber si hay “motivos razonables” para iniciar una investigación. Albanese se ha defendido diciendo que su país ha pedido el alto el fuego y que es un ejemplo de “desinformación”. El TPI puede devolver el caso a los tribunales australianos.

Entre la documentación aportada se recoge la decisión del Gobierno australiano de congelar los fondos aportados a la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina, después de las denuncias, no probadas por parte de Israel, de que algunos de sus trabajadores estuvieron implicados en los ataques de Hamás y otros grupos partisanos el 7 de octubre.

El Gobierno de Canberra está “brindando apoyo político inequívoco a las acciones de Israel, como lo demuestran las declaraciones políticas del primer ministro y otros miembros del parlamento, incluido el líder de la oposición”, sostienen. Aseguran también que trataron de contactar formalmente en dos ocasiones con el primer ministro para advertirle de los posibles crímenes cometidos por su administración, pero que no recibieron respuesta.


Se trata de la primera vez que un líder político australiano en activo ha sido remitido formalmente al Tribunal Penal Internacional, y es también el primer gobernante internacional que es llevado al TPI en el contexto del genocidio de Gaza. 

“Estos casos demuestran un deseo creciente por parte de la sociedad civil y los ciudadanos comunes de los países occidentales de garantizar que sus gobiernos no ayuden en la perpetración de crímenes internacionales, especialmente en circunstancias en las que el Tribunal Internacional de Justicia ha encontrado un caso plausible de genocidio en Gaza", ha declarado Sheryn Omeri, portavoz de este bufete de abogados y King’s Counsel, distinción que se reserva a los juristas de máximo nivel en Australia.

La pasada semana se conocieron los detalles de la firma de un contrato por valor de 917 millones de dólares entre las fuerzas armadas australianas y la compañía israelí Elbit Systems

También se acusa al Gobierno de Albanese por el suministro de armas y munición que “podrían ser utilizadas por las FDI (fuerzas israelíes) en el curso de la comisión prima facie de genocidio y crímenes contra la humanidad”. No es de dominio público los detalles de cuántas armas ha exportado el país oceánico a Israel, pero sí se sabe que, en los últimos cinco años, el gobierno ha aprobado 350 permisos de exportación de defensa a Israel, incluidos 50 permisos en 2023.

Pese a que el Gobierno aussie asegura que ha ralentizado las solicitudes y que desde octubre no se han producido exportaciones, la realidad del comercio de armas prosigue su curso: la pasada semana se conocieron los detalles de la firma de un contrato por valor de 917 millones de dólares entre las fuerzas armadas australianas y la compañía israelí Elbit Systems para los sistemas de protección de los nuevos vehículos de combate de infantería (IFV) construidos en Australia.

Se examina también el despliegue “ambiguo”, para estos abogados de un contingente militar australiano en Oriente Medio cuya ubicación y papel exacto "no han sido revelados”. Asimismo, la denuncia se refiere al permiso dado a los ciudadanos australianos para viajar a Israel para participar en ataques en Gaza. El documento remitido implica también a la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong y al líder de la oposición, Peter Dutton.

Movimiento BDS
“Es un delito grave apoyar y enviar armas a un país que comete un genocidio. No es ninguna broma”
El economista e investigador israelí residente en Alemania Shir Ever recuerda al Gobierno español que la Convención contra el Genocidio le obliga a detener el comercio y el tránsito de armas hacia un país que está cometiendo genocidio.
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