¿Y si la PAC no marginase la ganadería extensiva?

La discriminación de la Política Agraria Común (PAC), comparada con la agricultura intensiva, repercute en las condiciones laborales de países miembros, como Italia y España. Reflexionar cómo ampliar y optimizar las ayudas al sector es vital, no solo para su supervivencia, sino de cara a la negociación de la futura PAC que sufrirá recortes.
Ganadería extensiva
Álvaro Minguito Un rebaño de vacas en Miraflores de la Sierra (Madrid).

El paisaje italiano agrícola pastoral de la Val d’Orcia, según la UNESCO, “refleja sistemas de gestión territorial innovadores”, es mundialmente conocido por sus idílicos pueblos medievales y sus suaves colinas salpicadas de cipreses y olivos. En ese corazón de la Toscana, Arjun (nombre ficticio para preservar su anonimato) ha trabajado siete años como pastor por un salario de 500 euros al mes, siete días a la semana, al menos 10 horas al día. Llegó de India en 2009, entre el 2015 y el 2021 estuvo empleado en siete granjas diferentes manejando más de 2.000 ovejas, cobrando lo mismo, con contratos que sólo declaraban unos pocos días del trabajo mensual real: “Algunas veces me daban algo extra en efectivo, pero nunca recibí más de 700 euros”, comenta.

Se levantaba a las cinco de la mañana, trabajaba hasta las ocho de la noche y dormía en lugares mal acondicionados: “Habitaciones dentro del establo, en chozas de chapa, caravanas”, explica. Cuando el contrato terminaba “los empleadores tenían su red y se pasaban a los trabajadores”, añade. 

En ese mismo valle bucólico, Andrei (nombre ficticio) vivió algo similar. En enero de 2024 fue transferido sin su consentimiento de un pastor a otro. Vivía en un container y comía el pienso de las ovejas y los cerdos. “Fue cedido sin saber el nombre de la empresa para la que iba a trabajar, ni dónde estaba, por lo que difícilmente podía alejarse”, narra su abogado defensor. Después de tres meses de constantes amenazas de muerte de los propietarios debido a su origen rumano, logró pedir ayuda a un familiar. Una sentencia en primera instancia de junio de 2025 condenó a uno de los miembros de la familia propietaria de la empresa por complicidad en la explotación laboral de mano de obra en situación de necesidad. Otros dos miembros están a la espera de juicio.

No son excepciones, es estructural

Situaciones así ocurren en todo el territorio italiano. La poca protección para quienes denuncian se suma a la ineficacia del instrumento de condicionalidad social previsto por la Política Agraria Común (PAC), que establece sanciones si se incumplen las normas laborales. La mayoría de casos escapan a las inspecciones y los controles. Este fenómeno de explotación generalizada refleja la crisis del pastoreo italiano que las medidas de la PAC no parecen poder contener. El sector ovino-caprino representa el 1,1 % del valor de la producción agrícola nacional, en contraste con la importancia crucial que reviste para su biodiversidad, la gestión ambiental y el mantenimiento de los territorios rurales en regiones montañosas e insulares.

Salvatore amasa la cuajada del queso con sus manos, sus 250 ovejas pastan en terrenos del Estado que él gestiona en una zona rural y montañosa de Cerdeña, principal región productora de leche de oveja y cabra, donde las fincas ganaderas pequeñas sobreviven precariamente: “Estoy solo, falta mano de obra. No tengo recursos económicos para pagar a un trabajador. Me gustaría contratar uno pero, para eso, me haría falta el doble de ganado”, dice.

Las ayudas de la PAC se conceden en función del número de hectáreas y de cabezas de ganado lo que acaba beneficiando a las explotaciones más grandes con posibilidad de obtener préstamos bancarios 

Una contradicción que motiva parte de la explotación laboral, como destaca Antonio Onorati, miembro de la Asociación Rural Italiana: “Harían falta 250 ovejas para pagar a un trabajador a tiempo completo pero, al mismo tiempo, son demasiadas ovejas para una sola persona”. Un circulo vicioso relacionado con los mecanismos de la PAC, sus ayudas se conceden en función del número de hectáreas y de cabezas de ganado principalmente, lo que acaba beneficiando a las explotaciones más grandes con posibilidad de obtener préstamos bancarios e invertir en modernización y mecanización.

Una PAC con un diseño mejorable

Según Onorati, incluso las propuestas de simplificación y reforma de la PAC presentadas entre mayo y julio de 2025 están dirigidas, sobre todo, a grandes empresas: “Se prevé una reducción de los trámites burocráticos y un solo control anual. Además, la condicionalidad ambiental está sujeta a flexibilidad, es decir, se premia a quienes se adhieren pero no hay obligación de hacerlo”, lo cual implica la voluntariedad de evitar el uso de ciertos agentes químicos que, hasta ahora, contribuía a mantener la alta calidad del producto.

Para Onorati significa que Europa renuncia a su mayor fortaleza: los productos de alta calidad y valor. “Los estadounidenses ricos compran muchos productos alimentarios europeos porque saben que son más saludables y están certificados”, señala. Pero vincular las condicionalidades ambientales a decisiones que tome cada Estado “lo vuelve un mercado competitivo” y puede afectar negativamente a los pequeños pastores de zonas rurales que lo apuestan todo a la calidad de su leche y sus quesos, sin la capacidad de la industria.

La simplificación de la PAC también introduce algunas medidas de apoyo, como una financiación de hasta 2.500 euros para las explotaciones de menos de 10 hectáreas. “Que no es precisamente una fortuna”, comenta Onorati.

La solución sería “pasar de remunerar productos, a remunerar servicios y premiar a quienes ofrecen un servicio que mantiene los territorios y la biodiversidad” (Michele Nori, agrónomo)

Según Michele Nori, agrónomo e investigador especializado en pastoreo, la solución sería “pasar de remunerar productos, a remunerar servicios y premiar a quienes ofrecen un servicio que mantiene los territorios y la biodiversidad”.

Spain is different?

Según los datos de 2024 y 2025 de Eurostat y la Comisión Europea, España ocupa la primera posición en ganado ovino de los países miembros de la UE y posee el mayor censo de ovejas, unas 13,4 millones en 2024, pese a su reducción respecto a años anteriores. Más del doble que Italia con 5,4 millones. Nuestro país, tras Grecia, lidera también el ganado caprino. Casos extremos como los de Arjun y Andrei no son tan frecuentes como en Italia, pero también existen.

El año pasado en la localidad de Castrillo, en el límite entre Badajoz y Burgos, se detectó un caso de trata con fines de explotación laboral, pendiente de juicio, en una finca familiar ganadera aislada del entorno rural. Las víctimas fueron varias mujeres marroquíes de unos treinta años, captadas y trasladadas allí individualmente: “Tuvimos noticias de una posible situación irregular”, recuerda Diego Sacristán, jefe del grupo de la UCRIF de Valladolid, especializado en trata y explotación laboral, que realizó las gestiones operativas hasta determinarlo: “Finalmente, hicimos una inspección conjunta con la Inspección de trabajo de Valladolid y localizamos a más víctimas”. Tras tomarles declaración y realizar diversas diligencias policiales, detuvieron a cuatro personas: “El responsable de la granja, el padre. Sus dos hijos y una trabajadora marroquí de su confianza que realizaba las labores de captación”.

Las mujeres residían en una caseta junto a la vivienda principal “en condiciones tremendas de insalubridad. No tenían contacto con nadie fuera de ese ámbito. Se encargaban de dar de comer al ganado, de limpiar las naves y del ordeño”. Estaban sometidas a condiciones laborales abusivas: “Trabajaban de lunes a domingo, sin descansar ningún día, de las cuatro de la mañana a las diez y media, y otras 4 ó 5 horas por la tarde aunque se encontrasen enfermas, por un salario acordado de 600 o 700 euros, cuyo abono se incumplía”, detalla Sacristán: “Les prometieron regularizar su situación pero tampoco lo hicieron”.

En 2021, durante la operación LAMB, detuvieron a un matrimonio de 61 años por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de amenazas. Las víctimas eran varones marroquíes y suramericanos con cargas familiares en sus países de origen. Los alojaban en una vivienda insalubre plagada de insectos en una pequeña localidad vallisoletana limítrofe con Zamora, sin agua caliente, ni calefacción. Dormían en camas con pulgas, trabajaban más de 18 horas diarias de lunes a domingo, sin descanso, ni vacaciones, por 600 euros mensuales.

En España, se suele pagar a los pastores el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de unos 1.200 euros al mes, por una jornada de ocho horas diarias, con un día de descanso

“No se dan muchos casos así y son difíciles de detectar. Las explotaciones de ovino y caprino a menudo están en zonas remotas de difícil acceso y no se denuncian. Cualquiera que detecte un caso, puede denunciarlo”, dice el teniente Félix Durán, de la Unidad de Trata de la UCO.

La dificultad de contratar dignamente

En España, se suele pagar a los pastores el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de unos 1.200 euros al mes, por una jornada de ocho horas diarias, con un día de descanso. “Se cumple en el 98% de los casos”, explica Xosé Ramón González, secretario de Ganadería de UPA: “Hace tres años había más irregularidad. Ahora incluso, en muchos casos, se paga por encima del SMI”.

En parte, se debe a la falta de relevo generacional y a múltiples denuncias de pastores por incumplimientos laborales, cuyas indemnizaciones pueden hacer peligrar cualquier pequeña explotación. “Es un esfuerzo muy grande hacer las cosas bien”, explica Álvaro González, ganadero de un pueblo de Cuenca, donde tiene 1.200 ovejas merinas. En mayo, contrató a Bakary que llegó de Mali en patera, lo reclutó tras asistir a la Escuela de pastores de Castilla-La Mancha, a través de su bolsa de trabajo, con el acompañamiento de organizaciones que asisten a personas migrantes. Le paga el salario mínimo, la vivienda y la luz. Antes tuvo un pastor marroquí, durante ocho años, en las mismas condiciones.

“Cuando no encuentras personas que quieran hacer esto, mimas a la gente”, asegura Alberto Escura, ganadero de Teruel con mil ovejas, cuyo pastor se ha jubilado tras 15 años con él. Le gustaría poder contratar a dos pastores porque solo con una persona no dan abasto, pero las cuentas no le salen: “Las ayudas a la contratación serían una buena idea porque para pagar un salario de 1.200 euros, como empleador abonas unos 1.600 euros entre Hacienda y Seguridad Social”. Recalca: “Si se cierra una explotación, no sólo desparece su actividad, también la gente, los pueblos, una forma de vida, un modelo agrícola familiar y una alimentación saludable que están en peligro de extinción”.

A Víctor Morcillo, ganadero de tercera generación en Albacete, ni se le ocurre tener a sus trece empleados sin contrato. Sus 3.500 ovejas son para producir queso manchego y carne. Soporta unos gastos fijos (entre alimentación para el ganado, insumos, energía, agua, etc.) de unos 50.000 euros mensuales, más de la mitad son sueldos: “Lo que más fija población al territorio en las zonas rurales es la ganadería, con los animales tienes que estar sí o sí. Con tres ganaderías, como mínimo, tienes a doce trabajadores viviendo en el pueblo”.

Pese a las condiciones legales, los pastores/as y los ganaderos/as suelen echar más horas de las reglamentarias por convenio: “Trabajar con animales, no es como una oficina”, repiten. Hay temporadas de “paridera” donde se concentran los partos y a diario surgen eventualidades que hay que atender.

Una PAC que apoye la ganadería extensiva

El pastoreo y la ganadería de ovino-caprino en extensivo son actividades de alto valor ambiental y social, permiten el intercambio de semillas, fija carbono, fertiliza el suelo, ayuda a conservar los frágiles ecosistemas de muchas regiones, adscribe vecinos a lugares en riesgo de despoblación, provee alimentos sostenibles y mantienen tradiciones agroalimentarias que se desaparecerían si no se protege adecuadamente, ni se diferencia de los modelos industriales. Cuestiones que muchos agentes del sector creen que la futura PAC de 2027 debe contemplar con un rediseño del sistema de ayudas, pese al recorte del 20%.

Su configuración actual la margina respecto de la agricultura intensiva, la cual recibe la mayoría de fondos: “El ejemplo más claro es el Pago Básico de Apoyo a la renta que otorga 1.229 euros por hectárea (ha) a los productores de regadío en la Vera (Extremadura), frente a los 56 euros/ha a un ganadero extensivo con pastos permanentes en la misma zona”, destaca Celsa Peiteado del WWF.

Las zonas forestales, las vías pecuarias, el barbecho o las rastrojeras no son superficies elegibles para recibir el pago básico, por lo que la PAC no contempla la superficie real por la que habitualmente se pasta. Las ayudas van asociadas a la extensión de tierra, a las cabezas de ganado y a derechos históricos de pastos. Para activar estos últimos, se requiere un número de animales, según los baremos de cada comunidad, lo cual ha derivado en un “mercadeo irregular” de derechos de pastos a nuevos ganaderos sin ellos, para poder así percibir la PAC.

Esa configuración también permite cobrar ayudas a propietarios de ganado que burocráticamente cumplen los requisitos, pero que no desarrollan una actividad productiva. Un fraude que se inspecciona poco.

En paralelo, existen ayudas insuficientemente aprovechadas que deberían remunerar servicios del pastoreo (prevención de incendios, adaptación al cambio climático, mantenimiento de corredores ecológicos, etc.), asegura Peiteado: “Como las de agroambiente y clima, los pagos a Natura 2000 (que apenas han programado cinco Comunidades Autónomas en España) o el apoyo a la incorporación de jóvenes con condiciones que perjudican a los modelos extensivos, frente a los industriales”.

“En 2025 la leche ha bajado y la carne también. Si todo valiera lo que tiene que valer y todos los años fuera como el año pasado, no necesitaríamos la PAC. En cambio, sin ella, este año perderíamos dinero” (Víctor Morcillo, ganadero)

Es un problema trato y reparto desigual, indica Alberto Navarro, investigador sobre biodiversidad de la Universidad de Oviedo: «¡“Se fomentan las ayudas productivas (incluso la modernización de explotaciones) frente a las preventivas, de conservación y los verdaderos pagos por servicios ambientales, los cuales se pagan peor, pese a ser de las pocas ayudas buenas, apenas se piden, por lo que sus cuantías se traspasan a las productivas, para no tener que devolver dinero a la UE”.

Morcillo se lamenta: “Somos el eslabón más débil de la cadena, dependemos de los mercados, de cuánto nos pagan por la leche, la carne y lo que nos cobran por los piensos, la energía, etc. El 2024 fue excepcionalmente bueno porque el precio de la leche y el de la carne estaban más altos. En 2025 la leche ha bajado y el de la carne también aunque sigue siendo bueno. Si todo valiera lo que tiene que valer y todos los años fuera como el año pasado, no necesitaríamos la PAC. En cambio, sin ella, este año perderíamos dinero”.

Journalismfund Europe
Esta investigación forma parte de un proyecto de periodismo de investigación financiado por el Journalismfund Europe.
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