Galicia
Abadín (Lugo) se opone a dos plantas de biogás pensadas para gestionar unos residuos “que no hay”

Henar Román fue ganadera y ahora, ya jubilada, es la portavoz de la plataforma Stop Biogás Abadín. Tiene claro dónde está, a su juicio, uno de los principales problemas de los dos proyectos de plantas de biometano que se tramitan en el municipio lucense de Abadín: “Aquí no hay materia prima”. Según explica, muchas explotaciones de la zona tienen que comprar abono fuera porque el estiércol y los purines que generan no son suficientes para fertilizar sus propias parcelas.

188.000 toneladas de residuos al año

Abadín es un pequeño municipio rural del norte de la provincia de Lugo, en la Terra Chá. En septiembre de 2025 comenzó a conocerse el proyecto para instalar una planta de biogás en el municipio, promovido por la energética Moeve —la antigua Cepsa— en colaboración con la ingeniería asturiana InProEner. El alcalde, José María López Rancaño, había confirmado entonces a El Progreso que la instalación se localizaría en la parroquia de Quende y que la inversión superaría los 15 millones de euros.

Meses después, trascendió que había dos proyectos en tramitación. En julio de este año, la Xunta confirmó la existencia de dos solicitudes de autorización ambiental integrada (AAI), una para la planta de Crux Biomethane SL, en la parroquia de Candia, y otra para Carina Biomethane SL, en la parroquia de Quende. Cada una tendría una capacidad máxima de tratamiento de 188.000 toneladas de residuos al año.

La oposición a los proyectos se articuló en torno a la plataforma Stop Biogás Abadín y el Sindicato Labrego Galego (SLG), reconocido como parte interesada en los dos procedimientos. Según los informes municipales a los que el SLG tuvo acceso, la planta proyectada en Candia quedaría a 73 metros de la vivienda más próxima y a unos tres kilómetros del núcleo urbano de Abadín. En Quende, la distancia mínima sería de 268 metros.

Informes municipales con deficiencias

Uno de los principales argumentos de la oposición son los informes de compatibilidad urbanística emitidos por el Ayuntamiento de Abadín. Según la documentación difundida por el SLG, ambos detectan deficiencias que, mientras no sean corregidas, impedirían conceder las correspondientes licencias.

Entre ellas destacan una ocupación del suelo superior al 20 % permitido en suelo rústico, la falta de informes preceptivos y autorizaciones ambientales, y la ausencia de justificación sobre accesos, agua, saneamiento, electricidad e integración paisajística. En el caso de Carina Biomethane, además, dos de las parcelas del proyecto no estarían suficientemente justificadas desde el punto de vista urbanístico. Ante la Xunta, ambas promotoras tienen también requerimientos pendientes relacionados con la valoración de beneficios sociales y económicos y con las medidas para contener y tratar las emisiones de olores.

Según explica Román, la Xunta requirió nueva documentación a las promotoras y, tras conceder inicialmente un plazo y una primera ampliación, volvió a ampliarlo otros tres meses al no estar completa toda la documentación. Desde la plataforma consideran que estas ampliaciones dan más tiempo a las empresas para completar los requisitos necesarios para seguir adelante.

El SLG insiste, por su parte, en que el hecho de que los proyectos aún no hayan sido presentados formalmente ante el Ayuntamiento no significa que no existan expedientes en tramitación. La organización solicitó el acceso a los expedientes y, entre la documentación recibida, figuran los informes de compatibilidad urbanística elaborados por el propio Ayuntamiento.

“Aquí no hay materia prima”

El otro gran eje de la oposición tiene que ver con la actividad ganadera de Abadín. Según el SLG, el municipio tiene cerca de 11.500 cabezas de ganado bovino y más de 7.000 hectáreas de pasto declaradas. Cifras que, sostiene la organización, corresponden a un modelo de producción extensivo y familiar.

“Abadín no tiene un problema de excedentes de residuos, de purines y de estiércoles”, sostiene Andrés Castro, técnico del SLG. A su juicio, no tendría sentido instalar dos grandes plantas para gestionar unos residuos que no sobran en el municipio. Por su parte, Henar Román dice que “muchas familias ganaderas tienen que comprar abono para sus propias tierras” porque el estiércol generado no alcanza para cubrir sus necesidades.

Si las plantas necesitan más residuos de los que se generan en Abadín, estos tendrían que llegar de otros municipios. Además, los proyectos no contemplan únicamente purines y estiércol. Según la documentación difundida por el SLG, estas instalaciones también pueden trabajar con restos de mataderos, residuos de la agroindustria y lodos de depuradoras.

El problema, argumenta el sindicato, no desaparece con el tratamiento: simplemente cambia de forma. El proceso genera digestato, un residuo que sigue necesitando gestión igual que el purín original. Según el SLG, los componentes contaminantes no se eliminan durante el proceso, sino que se concentran.

En el caso de la planta de Candia, el SLG calcula que se generarían alrededor de 439,68 toneladas diarias de fracción líquida y 40,02 toneladas de fracción sólida. El vecindario teme que este material termine aplicándose en los terrenos agrícolas próximos. “Tenemos nuestros prados limpios, sin ninguna toxicidad, y vamos a tener que echar en ellos Dios sabe qué”, señala Román.

Una disputa por la información

La controversia se trasladó también a la información que recibe el vecindario. El pasado agosto, el SLG denunció la “manipulación informativa” por parte del alcalde de Abadín, José María López Rancaño, después de que este afirmase en una comunicación al vecindario que no había ningún proyecto presentado en el Ayuntamiento.

Consultado por este periódico, el regidor niega cualquier intento de ocultar información y remite a la carta que envió al vecindario, que lee textualmente por teléfono: “En el Ayuntamiento no consta, a día de hoy, ningún permiso municipal tramitado para la instalación de plantas de biogás”.

Insiste también en una distinción que considera central, ya que una cédula o información urbanística sobre una parcela “no equivale a una licencia para instalar una planta de biogás”.

Preguntado por quién está detrás de los proyectos, el alcalde asegura desconocerlo, a pesar de que el contraste con declaraciones anteriores es evidente. El propio alcalde había confirmado el año pasado que una de las plantas se iba a localizar en la parroquia de Quende y que la inversión superaría los 15 millones de euros. Preguntado por esa contradicción, López Rancaño distingue entre ambos momentos: “La carta que leo es del año 26. Esta es la realidad”.

El SLG tuvo acceso a los expedientes que confirman que hay dos proyectos en tramitación ante la Xunta. Para Román, la cuestión de fondo sigue siendo la misma con la que comenzó el debate: si Abadín no genera los residuos necesarios para alimentar dos plantas de esta dimensión, habrá que traerlos de fuera. “Aquí no hay materia prima”, insiste.