Paralizada la expulsión de siete testigos de la muerte del argelino interno en Archidona

El juzgado de control del CIE de Aluche (Madrid) paraliza la expulsión de siete ciudadanos argelinos prevista para hoy. La acusación en el caso de la muerte del argelino encerrado en Archidona los considera testigos clave para el esclarecimiento de los hechos. 
Motín Archidona 1
Fotos desde dentro del Centro Penitenciario de Archidona, minutos después del motín. Archivo El Salto

publicado
2018-01-15 15:30:00

El juzgado que ejerce el control sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) ha paralizado el mediodía de este lunes la orden de expulsión que afectaba a siete ciudadanos argelinos prevista para esta noche. Estos siete internos son considerados como testigos clave en el caso de la muerte en circunstancias no aclaradas de Mohamed Bouderbala el pasado 29 de diciembre, mientras se encontraba privado de libertad en la cárcel de Archidona (Málaga), usada como centro de internamiento de extranjeros por parte del ministerio de Interior desde noviembre del año pasado.

Según ha relatado a El Salto Amanda Romero, abogada de la familia de Bouderbala, el juzgado número 6 de control del CIE ha paralizado de forma cautelar la expulsión de estas siete personas mientras se resuelva la petición de asilo cursada por seis de ellas y mientras el forense certifique la condición de menor de edad del interno restante. Estos siete ciudadanos argelinos habían sido trasladados hasta el CIE de Aluche desde la prisión de Archidona, en espera a su expulsión prevista para las 12 de la noche de este lunes.

Gracias a gestiones de las ONG SOS Racismo y Pueblos Unidos, el juez de guardia en el juzgado número 6 de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, ha tenido conocimiento de que estos siete internos habían solicitado asilo en España en el momento de ser ingresados en el CIE de Aluche, algo que técnicamente supone la paralización del procedimiento mientras se resuelva la solicitud.

Estos siete internos cumplen hoy al menos 57 días retenidos en espera de su expulsión, con lo cual Interior tendría menos de tres días para denegar la solicitud y deportarlos. La ley española establece un máximo de 60 días de internamiento previo a la expulsión para aquellas personas que se encuentran en situación irregular, periodo tras el cual deben ser puestas en libertad si no se ha ejecutado la orden.

Según Romero, sería posible pero “raro” que Interior resolviera la expulsión en sólo un día. Además, si a los 57 días desde el internamiento de estas siete personas en Archidona se les suman los 72 horas previas de detención en comisaría, técnicamente ya se habría cumplido el plazo de 60 días de reclusión, con lo cual en el día de hoy deberían ser puestas en libertad.

Muerte de Bouderbala: caso archivado

La acusación en el caso de la muerte de Bouderbala está a la espera de que la Audiencia Provincial de Málaga resuelva su recurso contra el archivo del caso, decidido por el juzgado de instrucción de la localidad malagueña el 4 de enero. El juzgado consideró como “innecesarias” las pruebas adicionales proporcionadas y pedidas por la acusación -la de la familia de Bouderbala y la acusación popular ejercida por Málaga Acoge y por Izquierda Unida-, entre las que se encontraba la declaración de estos siete testigos. El juzgado cerró la causa a partir del atestado policial y la autopsia que consideraron como un suicidio la muerte por ahogamiento de Bouderbala.

“El simple hecho de que la muerte se haya producido bajo custodia policial ya hace necesario que se abriera una investigación más detallada sobre lo sucedido”, ha declarado a El Salto Daniel Machuca, miembro de la plataforma por el cierre de la prisión-CIE de Archidona. La acusación quiere que se tenga en cuenta lo sucedido en las horas previas a la muerte de Bouderbala, que estuvo aislado durante 18 horas después de una protesta de los internos que fue reprimida por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía nacional.

La prisión-CIE de Archidona no tiene ningún interno desde el 9 de enero, un día antes de que el ministerio de interior anunciara su desmantelamiento. Según interior, un total de 572 personas han sido internadas en este centro, de las cuales cerca de un centenar se encontraban todavía internas en el momento de su cierre. Tras el desmantelamiento, parte de las personas internas habrían sido expulsadas y otra parte enviadas a distintos CIE a la espera de su expulsión.

Según informa a El Salto Amanda Romero, los CIE de Tarifa y Algeciras no tendrían en estos momentos a ningún interno procedente de Archidona, tras haber sido puestos en libertad la misma mañana de este lunes los últimos 23 que quedaban. En el CIE de Aluche se encontraría un total de 14 (incluyendo los 7 cuya expulsión ha sido paralizada). En el CIE de Zona Franca (Barcelona) se encuentra un número indeterminado de personas procedentes de la prisión malagueña.

1 Comentario
#6748 1:42 16/1/2018

Finalmente una buena noticia entre todas las ilegalidades de Archidona.

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