Fronteras
No hay tregua en el frente oriental

Durante el pasado verano, Massimiliano Fedriga, presidente por la Liga de Salvini de la región italiana Friuli-Venecia Julia, expresó en repetidas ocasiones su intención de construir un muro en la frontera ítalo-eslovena. La idea, calcada desde la envidia a Donald Trump y, sobre todo, a Viktor Orbán, no ha sido ejecutada, y probablemente nunca lo sea, pero ha tenido el efecto colateral de dar a conocer que en Italia existe una frontera oriental, a través de la cual pasan ilegalmente decenas de personas cada día. Hasta noviembre de 2019, las prefecturas regionales [órganos similares a las delegaciones del gobierno españolas, N. del T.] registraron 5.526 llegadas, sin tener en cuenta a las personas que atraviesan Italia sin dejar huella para dirigirse hacia países del norte de Europa.

Una vez finalizado el verano se entró en una nueva fase de la retórica nacional sobre la inmigración, una fase en la que la violencia de siempre ha sido acompañada por narraciones aún más hipócritas. Tras la “amenaza” del dictador turco Recep Tayyip Erdoğan haya focalizado la atención sobre los millones de personas desplazadas hacia las fronteras orientales de Europa, intentamos aquí delinear el contexto político de la ruta balcánica, es decir, de una cuestión migratoria que no se gestiona como emergencia, que no ocupa apenas espacio mediático o político y que, en definitiva, no es ni siquiera una auténtica cuestión migratoria. Intentamos delinear ese cuadro observando la situación desde un ángulo distinto, que por otro lado es el central: el de los intereses y estrategias de la Unión Europea.

“THE GAME”

La ruta balcánica se ganó su nombre y su fama en 2015, cuando Alemania, por razones económicas y propagandísticas, decidió crear un “corredor (bastante) humanitario” para permitir que las personas que huían de la guerra en Siria alcanzasen el norte de Europa. En 2015, la ruta consistía en un corredor disciplinado por las policías balcánicas, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, y permitió el traslado a Alemania y Europa del Norte de una parte de la clase media-alta instruida siria. El corredor estuvo controlado por hombres uniformados en todo momento, los cuales monitorizaban y canalizaban el movimiento de las personas en tránsito.

En 2016, el acuerdo entre la Unión Europa y Turquía marcó el cierre formal de la ruta, obligando así a las personas migrantes a pedir asilo en Grecia para evitar la deportación a Turquía (al menos hasta la suspensión del acuerdo por parte del país otomano el pasado verano). No obstante, la Balkan route nunca se ha abandonado del todo, y sus numerosas fronteras nunca han sido del todo impermeables. Tras los “cierres” de la fronteras serbio-húngara (en septiembre de 2015, con el “muro de Orbán”) y serbo-croata (en marzo de 2016), los flujos migratorios —que encuentran siempre nuevos límites que romper— empezaron a penetrar en los valles bosnios.

Desde febrero de 2018, las pequeñas ciudades de Bihać y Velika Kladuša, en el cantón de Una-Sana, en la frontera bosnio-croata, han visto cómo se instalaban en sus territorios primero cientos y luego miles de personas en tránsito. Al principio, distintos grupos informales y asociaciones locales autoorganizaron la solidaridad con las personas migrantes, pero progresivamente la intervención de la Cruz Roja local y de algunas organizaciones internacionales abrió el camino a una gestión institucionalizada de los flujos y de la asistencia, a veces completamente controlada por la agencia de la ONU para las migraciones (IOM/OIM). Esta organización limita y monitoriza la solidaridad espontánea o militante y favorece el alejamiento de personas de los campos informales en la frontera y la práctica de las conocidas como “repatriaciones voluntarias”.

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Hoy, la ruta balcánica es la más transitada para llegar a Europa occidental, aunque las rutas precedentes no se han abandonado del todo. Según el gobierno bosnio, en septiembre de 2019 más de 21.000 personas habían alcanzado Bosnia-Herzegovina; algunas desde Montenegro, otras desde Serbia. Pero las cifras reales son probablemente mayores. En los meses de verano, entre 400 y 600 personas intentaron realizar el viaje hacia Europa occidental cada semana, lo que en la jerga de la ruta se conoce como “the game”. A principios de junio, tras un incendio en el campo Miral de Velika Kladuša, se iniciaron una serie de revueltas: rabia y exasperación expresadas bajo diversas formas por las calles de la ciudad.

En Bihać, 40 kilómetros más al sur, a mediados de junio la policía inició una auténtica persecución contra las personas migrantes, irrumpiendo en edificios habitados o abandonados en su busca. Las redadas se concluyeron con una masiva deportación a Vučjak, un campo de refugiados construido en medio de la nada que no hace mucho se utilizaba como escombrera y que desde finales del pasado octubre carece de acceso a agua potable. Allí, las autoridades han escondido a las personas en tránsito de la vista de los ricos turistas árabes que pasean por el centro de la ciudad.

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La violencia sistemática de la policía croata

De los cientos de kilómetros que recorre la ruta balcánica desde Grecia hasta la ciudad italiana de Trieste, el tramo más difícil para quien migra es el que atraviesa Croacia. El verano pasado, siguiendo la estela de un primer artículo publicado por The Guardian, algunos grandes periódicos italianos mostraron interés por la cuestión migratoria en Croacia, publicando reportajes que narraban las violencias sistemáticas de la policía hacia los migrantes en tránsito. Los flujos migratorios no han cesado desde entonces, creciendo o reduciéndose en función de las condiciones climáticas, y la violencia policial se ha sistematizado y transformado en una práctica aún más cruel y quirúrgica, gracias a la experiencia acumulada en los últimos años.

El Ministerio de Interior croata registró 8.207 casos de personas que intentaron atravesar sus fronteras en 2018

Las personas migrantes que atraviesan Croacia lo hacen en coche, escondidas en un camión o a pie, en función de su disponibilidad económica. Como en cualquier otra situación, los más pobres están expuestos a peligros mayores, en este caso porque se ven obligados a caminar. El riesgo de ser interceptados y expulsados del país por parte de la policía es altísimo, entre otras cosas como consecuencia de las denuncias por parte de la población local, una práctica bastante difundida que es alimentada a través de una premeditada estrategia de tensión mediática y política cada vez más activa. Cuando la policía croata intercepta a personas en tránsito, no se limita a expulsarlas hacia Bosnia-Herzegovina, sino que también les roba sus escasos bienes materiales, les agrede y destruye sus teléfonos. La violencia de la policía croata contra las personas que atraviesan ilegalmente las fronteras lleva registrándose varios años en la web borderviolence.eu, un proyecto llevado a cabo por una red de asociaciones, colectivos y activistas.

Complementando este registro, se ha publicado recientemente un mapa de las expulsiones, en constante actualización por parte de activistas y personas en tránsito, que documenta y localiza con precisión decenas de testimonios e informes de abusos y de expulsiones violentas .

En 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/UNHCR) y sus socios registraron alrededor de tres mil casos de expulsiones ilegales desde Croacia, y el número real de casos es probablemente mayor. Analizando los datos de 2018, es posible apreciar evidentes diferencias en los números publicados por las distintas fuentes. Según muestra el quinto informe sobre la violencia de la policía publicado por el Centro de Estudios por la Paz de Zagreb, el Ministerio de Interior croata registró 8.207 casos de personas que intentaron atravesar sus fronteras en 2018. De éstas: 1.438 fueron enviadas “a terceros países”, 1.068 realizaron una petición de asilo y 536 fueron trasladadas a centros de detención.

Las miles de personas que faltan en las bases de datos son las que la policía croata ha expulsado ilegalmente sin dejar huella

Así, Croacia aporta información sobre la suerte de 3.042 personas, pero no de las restantes 5.165. ¿Dónde están esas personas y, sobre todo, como han sido tratadas por la policía croata? Según las estadísticas ofrecidas por organizaciones y activistas que trabajan in situ, el número de personas que entraron ilegalmente en Croacia en 2018 es decididamente mayor al número oficial — y, por tanto, también lo es el número de expulsiones ilegales. Por ejemplo, en 2018 las expulsiones desde Croacia hacia Serbia alcanzaron las 10.500 según ACNUR, 6.500 según Save the Children y 1.800 según el Ministerio de Interior croata. Las miles de personas que faltan en las bases de datos son las que la policía croata ha expulsado ilegalmente sin dejar huella y, por tanto, lo ha hecho en un marco de impunidad en el que la violencia se ha vuelto sistemática.

Legalmente, la policía croata puede expulsar a quienes intentan atravesar las fronteras croatas sin un documento de identidad válido, a través de los llamados “acuerdos de readmisión”, igual que sucede en los países Schengen. No obstante, Croacia no puede expulsar a las personas que piden asilo, debido a las responsabilidades que asumió con la firma en su momento de la Convención de Ginebra, según la cual toda persona tiene derecho a pedir asilo y a que su petición sea evaluada individualmente por una comisión. Por tanto, un policía en la frontera no tiene ningún derecho o competencia para determinar si esa petición de asilo debe o no ser aceptada. Cuando la policía croata expulsa a personas que han expresado verbalmente su voluntad de pedir asilo en Croacia, se puede hablar de una “expulsión ilegal”.

La policía eslovena realiza expulsiones análogas, de forma coordinada con la croata. Italia no es una excepción: durante el verano de 2018, algunas personas denunciaron públicamente que habían sido expulsadas desde la ciudad de Trieste, y el pasado verano se recogieron testimonios de otras expulsiones ilegales desde Italia. Además, los nuevos acuerdos entre Italia y Eslovenia, que incluyen la creación de patrullas mixtas para la batida de las fronteras, indica que se está intentando coordinar a las policías de los distintos países que atraviesa la Balkan route para expulsar colectiva e ilegalmente a personas, desde Trieste hasta Bosnia-Herzegovina.

Organizaciones internacionales como ACNUR y Amnistía Internacional, reportajes de investigación publicados en medios internacionales como l’Espresso y, sobre todo, pequeñas ONGs y grupos de activistas presentes en el territorio denuncian desde 2018 las expulsiones ilegales (pushbacks), el rechazo al procedimiento de asilo, así como la violencia, los abusos y los robos perpetrados por las autoridades policiales. Se trata de una mole de documentos que dibujan un cuadro en el que la policía ejerce la violencia sin control alguno, negando además el derecho de asilo de forma arbitraria y, en general, la dignidad humana. El 21 de noviembre de 2017, Madina, de seis años, fue atropellada por un tren mientras caminaba de la mano con su hermano a lo largo de las vías del tren en la frontera serbo-croata, siguiendo indicaciones de los agentes de la policía croata para que volvieran a Bosnia, tras haberles negado el derecho de asilo en Croacia. La familia de Madina interpuso una denuncia en Croacia, llevando el caso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Desde entonces, no se ha hecho justicia, pero algunos policías han empezado a hablar. El pasado junio, en una carta dirigida a Lora Vidović, la Defensora Cívica del Pueblo croata, algunos agentes de policía admitieron anónimamente el tratamiento “inhumano” al que someten a las personas migrantes en tránsito que acaban entre sus manos. Seguidamente, la presidenta Grabar-Kitarović admitió cándidamente a la televisión suiza que Croacia ejecuta deportaciones en masa, durante las cuales “la fuerza no se utiliza de forma excesiva. Obviamente, una pequeña dosis [de fuerza] resulta necesaria”. 

Fondos europeos “This is German money”

Croacia entrará en el espacio Schengen este mismo año. Su adhesión está condicionada a la capacidad del país balcánico para controlar las fronteras externas de la Unión Europea. De este contexto resulta fácil deducir que las detenciones y expulsiones de personas migrantes practicadas por la policía croata no se deben a una cuestión de seguridad interna (más aun tratándose Croacia de un país únicamente de tránsito), sino para demostrar a la Unión Europea que verdaderamente constituyen su frontera, su limes meridional. En palabras de Drago Zuparic Iljic, sociólogo croata: “Croacia juega a ser el guardián de las fronteras Schengen, para demostrar a la Unión que estamos preparados para la adhesión […] Croacia es solo un peón en el sistema, pero a veces actúa como un peón especialmente brutal”.

Para los años 2014-2020, el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI/AMIF) y el Fondo para la Seguridad Interior (FSI/ISF) de la UE garantizaron a Croacia 108 millones de euros (más 23 para emergencias) para la gestión de la inmigración. Para entender el contexto de estas cifras, téngase en cuenta que Italia recibió 950 millones para el mismo periodo. En diciembre de 2018, se adjudicaron 305 millones en “ayudas de emergencia” para Italia, Grecia, Chipre y, obviamente, Croacia, que recibió 6,8 millones para reforzar la vigilancia de sus fronteras, cubriéndose así los costes operativos de diez estaciones de policía de frontera. En general, en el ámbito del FAMI y del FSI, los fondos de emergencia forman parte de los 108.000 millones de euros movilizados en el periodo 2014-2020 por la Comisión Europea para la migración, la gestión de las fronteras y la seguridad interna.

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En 2014, es decir, desde la conocida como “crisis migratoria” en los Balcanes, la UE —siguiendo indicaciones alemanas— inició el Proceso de Berlín, cuyo objetivo consiste en implementar la cooperación en la región balcánica y las relaciones entre la UE y los países balcánicos, con el objetivo formal de “democratizarlos” y “europeizarlos”, dentro del proceso de expansión. La zona de los Balcanes occidentales es considerada una esfera de influencia fundamental y, a los países que forman parte de ella, aliados estratégicos para la cuestión migratoria y de seguridad, especialmente por parte de Alemania, que desde siempre ha tenido relaciones político-económicas de interdependencia desigual con esos Estados. Esas relaciones se reforzaron en los años de la Ostpolitik y jugaron un papel importante en la desestabilización y posterior desmantelamiento de la República Democrática Federal de Yugoslavia.

Hoy, la relación entre Alemania y los Balcanes es aún muy fuerte, gracias al comercio, a la inmigración de ciudadanos balcánicos y al financiamiento de proyectos de desarrollo e inversiones en la región, según los datos del European Policy Centre. No obstante, la hegemonía alemana en los Balcanes ha cambiado de forma. Como es bien sabido, el Bundestag, excepción entre los parlamentos estatales europeos, tiene poderes directos sobre las decisiones de su gobierno en materia europea y, en especial, sobre las negociaciones para el acceso a la Unión Europea de nuevos Estados miembros. Además, hay que tener en cuenta que Alemania suele tener una actitud favorable —aunque al mismo tiempo severa— respecto al cumplimientos de los estándares para ese acceso.

Este es el modo en que hoy día se manifiestan los intereses de las élites alemanas y europeas en los Balcanes, en el contexto del proceso de ampliación de la UE o, lo que es lo mismo, del proyecto de política exterior de mayor éxito de la Unión, al que se considera la mejor vía para asegurarse la estabilidad y la paz en las propias fronteras. La voluntad política de traer a los Balcanes a Europa, explícita desde el Consejo Europeo de Tesalónica de 2003, se ha manifestado a lo largo de los últimos años bajo formas contradictorias. La sucesión de épocas de actividad (como 2014, cuando Serbia y Albania obtuvieron el estatus de candidatos bajo el Alto Comisariado de Mogherini o la publicación de las orientaciones generales en 2018) y de pausa ha dado la posibilidad a poderes extraeuropeos (Rusia, China y Turquía) de intervenir en la región.

No obstante, se mantiene intacto el objetivo estratégico de una progresiva integración en la Unión Europea de la totalidad de los Balcanes occidentales, dentro del proceso de “pacificación, estabilización y democratización” de Europa sudoriental y cuyo objetivo general es “reforzar el soft power europeo en el área, hacer frente a la renovada presencia de Rusia como competidor geopolítico en los Balcanes y luchar contra el extremismo político y religioso”.

Una confirmación objetiva de que la gran atención por los Balcanes prestada por la Unión Europea —guiada por Francia y Alemania— está fuertemente ligada a la cuestión migratoria es la masiva presencia de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en todos los Estados balcánicos pertenecientes a la Unión Europea y, desde mayo de 2019, también en Albania, mientras que se han iniciado ya acuerdos similares con Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia.

La Unión Europea ha decidido así subcontratar el control de las fronteras sudorientales a las policías balcánicas de Estados miembros y de aspirantes a miembro

Frontex está asumiendo un papel estructural de apoyo a las policías de frontera de los países balcánicos y, según los testimonios recogidos en la web borderviolence.eu, la agencia está plenamente implicada en las deportaciones de migrantes en tránsito. Los testimonios recogidos en el informe de agosto de 2019 muestran una orquestación a varios niveles por parte de la policía de frontera y una implicación fundamental de funcionarios de Frontex en las fases de detención y expulsión forzadas. La explícita colaboración entre las partes en juego (la policía, el ejército, Frontex, los operadores sociales y los intérpretes) refuerza la evidencia de que los pushbacks forman parte de una estrategia política, y no de una serie de incidentes anómalos.

La Unión Europea ha decidido así subcontratar el control de las fronteras sudorientales a las policías balcánicas de Estados miembros y de aspirantes a miembro, echándoles una mano a través de Frontex, y obligando así a esos países a mantener una cuestión migratoria interna, que no existiría si quienes consigue atravesar Turquía y las islas griegas pudiesen cruzar libremente los Balcanes hacia su auténtica meta: Europa occidental.

Al mismo tiempo, se contiene la dimensión mediática de esa cuestión migratoria, precisamente porque las fronteras no están completamente cerradas, de modo que muchas personas llegan a Italia cada día —pagando el precio de un recorrido que dura años y que se lleva por delante la vida de muchas personas— y, desde ahí, muchas de ellas alcanzan el norte de Europa. En resumen: la cuestión humanitaria, la cuestión del control de las fronteras y la cuestión de la ampliación de la Unión Europea están estrechamente entrelazadas. Y para muestra, un botón: a principios de noviembre, mientras el alcalde de Bihać declaraba el agotamiento de los fondos para los campos de refugiados de Vucjak, el IOM/OIM regalaba furgonetas nuevas a la policía croata, financiadas con fondos europeos para la ampliación de la UE.

Como escribe la Assemblea contro i Cpr e le frontiere FVG [Asamblea contra los CPRs y las fronteras de la región italiana de Friuli-Venecia Julia]: “Todo ese despliegue no busca bloquear las migraciones a través de la ruta balcánica […], sino convertir esas fronteras en picadoras de carne, en dispositivos ideales para transformar a quienes consigue superarlos en sujetos débiles, dispuestos a aceptar cualquier chantaje con tal de conservar el premio de un viaje más que difícil”. En ese marco hay que leer, por tanto, la ausencia de la ruta balcánica en el debate político en Italia. La retórica italiana antiinmigración (y, como efecto, también la retórica y la acción de la sociedad solidaria) se ha concentrado en las llegadas por mar y ha ignorado casi completamente las llegadas cotidianas, aunque más o menos limitadas, desde el Sureste. Para los grandes partidos resultaría demasiado peligroso admitir la porosidad de la frontera oriental (mucho más incontrolable que los puertos italianos) y admitir las responsabilidades directas (y no indirectas, como en Libia) que la Unión Europea tiene en la masacre cotidiana de personas migrantes.

El precio de la Unión Europea

Si un viaje devastador, larguísimo, potencialmente letal es el precio a pagar para quienes quieren alcanzar Europa occidental a través de la ruta balcánica, ser los violentos guardianes de Europa es el precio que están pagando los países balcánicos para completar su entrada en la UE. En un artículo del Observatorio sobre los Balcanes y el Cáucaso, el periodista Ornaldo Gjergij analiza el uso del concepto de “resiliencia” en la Estrategia Global de la Unión Europea (EUGS, por sus siglas en inglés) de 2016, donde con esta palabra se indicaba la capacidad de un Estado para resistir pacíficamente presiones y shocks, sin dejar de asegurar el respeto por la democracia, por el Estado de derecho y por los derechos fundamentales.

Desde esa perspectiva, parecería que la “resiliencia” —en este caso la capacidad de aguantar una crisis migratoria— consiste en la habilidad que los países balcánicos han de demostrar para ser merecedores de entrar en la Unión Europea y/o en el espacio Schengen. No obstante, la resiliencia es también, al mismo tiempo y paradójicamente, la capacidad de los pueblos balcánicos para soportar la violencia sistemática que ejecutan sus cuerpos policiales, a los que toca merecerse el título de guardianes de las fronteras.

Como ya sucediera hace más de veinte años, cuando los países europeos se quedaron mirando mientras en Sarajevo sucedía lo que en Europa no habría podido suceder (y permitieron que sucediera lo que en Europa no tenía que suceder “nunca más”); hoy, con veinticinco años más de experiencia, la UE solicita a esos mismos países —que a sus ojos no son todavía lo suficientemente europeos— que violen abiertamente lo que en Europa resulta formalmente inviolable, para merecerse, paradójicamente, el honor de entrar en esa anheladísima Unión.