El Constitucional francés considera legal ayudar a sin papeles a permanecer en el país

La corte Constitucional francesa emitió ayer un escrito que cuestiona el castigo penal a aquellas personas que ayuden a migrantes en situación irregular a permanecer en Francia.

Francia -migración, clases apoyo
Foto de Célia Bonnin para el colectivo La Cimade, una de las organizaciones de Delincuentes Solidarios de apoyo a imputados por el "delito de solidaridad".

publicado
2018-07-07 12:37:00

El Constitucional francés ha emitido el viernes 6 de julio una sentencia de valor incalculable para el movimiento europeo de solidaridad con las personas migradas. Ayudar a la circulación o la estancia de personas en situación de irregularidad administrativa no será susceptible de persecución policial en Francia. Los ocho miembros de la Corte Constitucional, a través de su dictamen 2018-717/718, consideran que la ayuda por razones desinteresadas y humanitarias no debe ser penada, para lo que se basan en los artículos 34 y 61 de la carta magna francesa.

Los casos de Cédric Herrou y Pierre-Alain Mannoni, condenados a penas de cárcel por ayudar a personas migrantes que cruzaron el paso del río Roya, en el departamento de los Alpes Marítimos, en la frontera de Italia con Francia, han llevado al alto tribunal francés a cuestionar dos de los artículos de su Código de Entrada y Permanencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo.

Concretamente, se trata de los artículos 622.1 y 622.4 que, si bien no deben ser derogados según el dictamen, sí han de ser reformulados —según el Consejo Constitucional— para eximir de castigo “los actos destinados a facilitar o intentar facilitar (...) la estancia de un extranjero en situación irregular en Francia cuando estos actos se llevan a cabo con fines humanitarios”. Herrou y Mannoni han sido condenados a cinco años de cárcel por acoger y ayudar a transportarse a personas migradas desde Italia. 

Las organizaciones antirracistas y de solidaridad con migrantes y refugiadas consideran que el dictado del Tribunal contra el llamado “delito de solidaridad” consagra el principio de fraternidad —uno de los tres pilares de la república francesa—y destacan que el fallo consolida “la libertad de ayudar a otros, con fines humanitarios, sin condición de la regularidad de su estancia en el territorio nacional”.

En un comunicado publicado ayer 6 de julio, las organizaciones agrupadas en la Plataforma Delincuentes Solidarios, llaman a continuar la lucha para que se consagre la despenalización total de todos los “actos de fraternidad” y que esto se extienda también fuera de la jurisdicción francesas, esto es, que se despenalice también la ayuda prestada para pasar la frontera.

En declaraciones al diario Liberation, el abogado de Herrou y Mannoni, Patrice Spinosi,  también ha valorado positivamente la resolución del Constitucional, ya que, en su opinión, servirá para poner fin a la “disparatada” práctica policial de “perseguir e intimidar” a las personas solidarias con la población sin papeles.

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