Fronteras
La brecha digital en la regularización extraordinaria: cuando la tecnología se convierte en una frontera más

La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno tiene en la digitalización su principal puerta de entrada. También ha hecho visible una frontera menos evidente: la brecha digital. La tecnología promete agilizar el reconocimiento de derechos, pero no es neutral. Su capacidad para incluir o excluir ha dependido, durante los últimos meses, del tejido social que la acompaña.

Rocío Neciosupe habla con una mezcla de esperanza y cansancio. A sus 54 años, encadena tres empleos con los que apenas supera los 500 euros al mes. Limpia portales por las mañanas, trabaja en un bar por las noches y dos días a la semana se ocupa de una vivienda particular. Cada jornada recorre cuatro barrios distintos de Madrid y no llega a casa hasta la medianoche. Nació en Lima (Perú) y vive en Ciudad Lineal desde octubre de 2024. Su objetivo es sencillo: “Quiero trabajar sin miedo y que dejen de explotarme”. 

Desde el pasado 16 de abril, certificados digitales, formularios electrónicos y plataformas telemáticas forman parte del proceso para solicitar un permiso de residencia y trabajo

Presentó la solicitud el 21 de abril, en los primeros días del proceso. Sin embargo, casi dos meses después, todavía no ha sido admitida a trámite. “Todos los días revisamos el número de expediente”, cuenta. Reconoce que la tecnología se le hace cuesta arriba y, con alivio, confiesa que sin la ayuda de sus tres hijas no habría logrado completar el trámite.

El perfil de la población migrante en situación irregular en España es mayoritariamente joven –cuatro de cada cinco personas tienen menos de 40 años, según un estudio de Fundación porCausa–. Pero la regularización también alcanza a personas de mayor edad como Neciosupe. Y para ellas la brecha digital se ha convertido en un muro.

Desde el pasado 16 de abril, certificados digitales, formularios electrónicos y plataformas telemáticas forman parte del proceso para solicitar un permiso de residencia y trabajo. El Gobierno cifraba a finales de mayo en 549.546 las solicitudes presentadas, de las que había revisado 146.675 expedientes y admitido a trámite 91.905.

Un proceso a través de las pantallas

Desde que empezó la regularización, ONG y colectivos sociales trabajan al límite. Conseguir hablar con alguna de sus trabajadoras es casi una misión imposible. Elena Muñoz, coordinadora jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), consigue sacar unos minutos para atender el teléfono. La organización ha acompañado ya a 11.200 personas migrantes en todo el Estado.

Para esta abogada, los principales obstáculos tecnológicos son tres: la falta de certificado digital –para obtenerlo es necesario disponer de pasaporte o NIE y muchas personas en situación irregular nunca han podido tramitarlo–, la ausencia de dispositivos adecuados y la necesidad de unas competencias digitales mínimas para completar el procedimiento de manera autónoma.

“Creo que la tecnología está facilitando el proceso y agilizando parte de la tramitación”, sostiene. Pero introduce un matiz: “Serían necesarias más medidas públicas de apoyo para que las personas que ya disponen de certificado digital puedan presentar sus solicitudes con mayor autonomía”.

La vía presencial está pensada para quienes tienen más dificultades con los medios digitales. Sin embargo, incluso esta opción comienza con una gestión tecnológica: conseguir una cita previa

La regularización se puede iniciar de forma presencial o telemática. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que más del 80% de las solicitudes se presentarán por la vía telemática, a través de Mercurio. Este sistema online, que ya existía para trámites de extranjería, es el que recoge las peticiones. “En un solo día, la plataforma ha llegado a recibir casi 30.000 solicitudes”, explican fuentes del Ministerio. 

La vía presencial está pensada para quienes tienen más dificultades con los medios digitales. Sin embargo, incluso esta opción comienza con una gestión tecnológica: conseguir una cita previa. Para muchas personas migrantes este paso no está exento de recelo. Organizaciones como Novact y Stop Deportación han denunciado en los últimos años las llamadas “citas trampa”. Convocatorias oficiales para realizar trámites migratorios que terminan en una detención y, en algunos casos, en procedimientos de expulsión exprés.

Conseguir esa cita fue el primer obstáculo para Rocío Neciosupe. “Intenté durante días llamar al 060, pero nunca lo conseguía”, recuerda. Su hija mayor, de 31 años, que tiene permiso de residencia y certificado digital, fue quien finalmente la obtuvo. No todas las personas migrantes tienen la suerte de tener hijos más jóvenes y habituados al uso de herramientas digitales. 

El momento de mayor estrés llegó con la documentación de su hija pequeña de 17 años. “No conseguía cita en el Consulado del Perú para que me dieran la partida de nacimiento. Era desesperante”, explica. Finalmente descubrió que también podía obtenerla por vía telemática. Una amiga suya, más familiarizada con estos trámites, se la consiguió. “Yo sola no habría podido. No sabía cómo hacerlo, me daba miedo. Además, ni siquiera tengo cuenta bancaria para realizar algunos pagos”, admite.

Desde el Ministerio aseguran haber tenido en cuenta la brecha digital. “Hemos diseñado un procedimiento sencillo y que evita duplicidades”, responden. Además, recuerdan que las entidades colaboradoras, abogados y gestores pueden actuar como representantes para quienes no dispongan de medios o conocimientos tecnológicos.

La brecha digital golpea con más fuerza en el mundo rural

La regularización no se limita a las grandes ciudades. Por ejemplo, entre los invernaderos de Níjar, en Almería, miles de trabajadores migrantes viven en asentamientos informales –chabolas, cortijos abandonados o casetas improvisadas– junto a los cultivos donde trabajan. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) calcula que entre 3.000 y 5.000 personas residen en algún tipo de infravivienda solo en este municipio. La mayoría de estas construcciones carecen de electricidad, agua corriente o acceso estable a internet. En ese contexto, completar una solicitud de regularización puede convertirse en un desafío añadido.

Es una realidad que conoce bien el sacerdote Daniel Izuzquiza, del SJM en Almería. Durante los últimos meses, esta pequeña entidad ha tramitado 230 solicitudes y emitido más de 400 informes de vulnerabilidad. Aun así, advierte de que el problema va más allá de disponer o no de un ordenador. “En muchos casos, la barrera más importante es incluso la lingüística”. 

El proceso de regularización también implica localizar la información correcta, comprender formularios administrativos y responder adecuadamente a los requerimientos de la Administración. “Muchas personas tienen que buscarse la vida”, resume Izuzquiza. Para hacerlo, recurren a locutorios, amistades, conocidos o redes de apoyo que actúan como intermediarios tecnológicos.

Los problemas no terminan en los asentamientos agrícolas de Almería. A casi mil kilómetros de distancia, en el interior de Galicia, la brecha digital adopta otras formas. También alcanza a A Rúa de Valdeorras, una localidad de poco más de 4.000 habitantes en la provincia de Ourense, donde la población extranjera representa ya el 8,9% del total, el segundo porcentaje más alto de Galicia, solo por detrás de Lugo, según los últimos datos del INE de abril de 2026.

“Creo que si estuviera en una ciudad tendría más alternativas. Podría haber ido presencialmente a realizar gestiones o buscar otros recursos".

“No tengo ordenador”, fue lo primero que pensó Génesis Marian Escalona cuando decidió iniciar el proceso. Tiene 33 años, es originaria de Santa Bárbara de Barinas (Venezuela) y llegó a España en 2025 como solicitante de asilo. Durante meses trabajó en el empleo del hogar y los cuidados. Hace poco empezó en un supermercado gracias al permiso asociado a su solicitud de protección internacional. “Es el primer trabajo que tengo de forma completamente legal”, explica.

“Ha sido muy complicado”, dice sin dejar de caminar hacia la parada de autobús donde cada tarde espera a sus hijos. El mayor, de 11 años, tiene diversidad funcional. “Necesitamos el permiso de residencia para empezar los trámites relacionados con el reconocimiento oficial de su discapacidad. Por eso iniciamos la regularización”, explica por teléfono.

A principios de mayo presentó la solicitud. Ahora, como miles de personas, espera una respuesta mientras consulta periódicamente el estado de su expediente. “Creo que si estuviera en una ciudad tendría más alternativas. Podría haber ido presencialmente a realizar gestiones o buscar otros recursos. Aquí eso implica desplazarse, perder horas e incluso un día de trabajo para viajar, presentar documentación y volver”.

Pero no todas las personas han tenido la misma suerte que Escalona. “El aula CeMIT –espacios públicos con acceso a internet y equipos informáticos– más cercana a A Rúa se encuentra en O Barco de Valdeorras y carece de un servicio específico de asesoramiento para la regularización”, explica Santiago Avión, director de la Asociación Diversidades Acolle. La entidad ha acompañado a 405 personas desde que comenzó el proceso. 

En municipios dispersos del mundo rural gallego muchas personas migrantes han tenido que desplazarse hasta las ciudades para acceder a ayuda especializada, condicionadas por unos horarios de transporte público muy limitados. Es lo que ocurrió con un grupo de jóvenes que vivían en el centro de Acción Humanitaria de Mondariz-Balneario, un pequeño pueblo en el interior de Pontevedra más conocido por el agua mineral. Muchos acabaron recorriendo 35 kilómetros hasta las oficinas de Diversidades Acolle en Vigo para recibir asesoramiento. Algunos fueron en transporte público. Otros acompañados por voluntarios o vecinos. 

“En estos casos el rural es subsidiario de las ciudades. La solidaridad vecinal, las redes comunitarias y las organizaciones sociales tienen un papel fundamental”, defiende Avión. Este también pone el foco en la paradoja de la digitalización: “El proceso tecnológico agiliza los trámites, aunque también establece una barrera de acceso que no siempre se compensa desde la óptica de la igualdad de oportunidades”.

La regularización extraordinaria ha abierto una puerta para que más de medio millón de personas puedan vivir y trabajar en España sin miedo. Pero su éxito no depende únicamente de los servidores o de las plataformas telemáticas. También depende de que una hija ayude a su madre a obtener una cita, alguien preste un ordenador, una amiga pague un trámite por internet, una asociación acompañe a quien no entiende un formulario o una vecina acerque a alguien a la oficina de la ciudad. 

A pocas semanas de que termine el plazo para presentar las solicitudes, la tecnología está demostrando que puede servir para ampliar derechos. Pero también que, sin redes de apoyo capaces de sostenerla, la brecha digital corre el riesgo de convertirse en una frontera más para quienes ya viven al otro lado de casi todas las demás.