Tokhang: la guerra contra los pobres

Sus gritos agónicos se escuchaban por toda la calle. Sostenida por su hija para no desfallecer, María Morena Ligalig llora la muerte de su hijo Jerold en la morgue del barrio de Navotas, en Filipinas.

Apenas unas horas antes, el joven, de 34 años, bebía en la calle cuando dos desconocidos le dispararon desde una moto. Jerold, en silla de ruedas, no pudo escapar. Murió en el acto.

Cuando la familia Ligalig sale de la funeraria, Orly Fernández, jefe del negocio, escribe los datos del fallecido en la pizarra que hay en su oficina. Señala tres nombres más y repite: “Tokhang, Tokhang, Tokhang”.

El proyecto Tokhang forma parte de una operación policial para acabar con el consumo y venta de drogas ilegales. Casa por casa, la policía visita a los sospechosos de tomar estupefacientes para instarlos a que dejen de traficar o consumir.

Diez días antes del asesinato de Jerold, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, había anunciado la suspensión temporal de la operación Tokhang tras el secuestro y asesinato del empresario surcoreano Jee Ick Joo. Los culpables: cuatro miembros de la policía filipina.

Desde que el 1 de julio de 2016 se puso en marcha la Operación Tokhang, esta ha dejado un rastro de más de 16.000 fallecidos entre las incursiones de las autoridades y otros asesinatos por investigar. Según Reuters, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas denuncia además el uso de armas de fuego por parte de la policía en un 97% de los casos.

Los asesinatos son realizados por miembros de la policía o “vigilantes”, personas anónimas que, para no ser identificadas, se tapan la cara y visten de negro. Se desplazan en moto formando un tándem en el que uno dispara mientras el otro conduce, para abandonar rápidamente la escena del crimen.

El presidente de Filipinas hizo hincapié desde el primer día de campaña en la intención de acabar con las drogas ilegales. Se calcula que 1,8 millones de personas consumen drogas, un 10% de la población, y la droga más consumida es la metanfetamina o shabú, también llamada ‘la droga de los pobres’.

Desde el Gobierno se apoyan y promueven los asesinatos extrajudiciales, tanto por parte de la policía como desde la población: “Sentíos libres de llamar a la policía o, si tenéis una pistola, hacedlo vosotros mismos. Tenéis mi apoyo”. El presidente ha propuesto incluso declarar la ley marcial si con ella consigue terminar con las drogas.

El principal objetivo de estas operaciones, según el Gobierno, son los grandes capos y narcotraficantes. Sin embargo, según investigaciones como la de Human Rights Watch, las personas ejecutadas suelen ser pobres, a excepción de alguna víctima de clase media asesinada al ser confundida con otro individuo.

Watch lists

Jaya Evangelista, 33 años, trabajaba haciendo la colada de sus vecinos. Dejó las drogas cuatro meses antes de morir, al ver el efecto que estaban teniendo las medidas del Gobierno contra la gente como ella. Vivía en el barrio de Caloocan, compartiendo casa con Noel B. Consorte. Ambos fueron asesinados el 2 de febrero de 2017, tres días después de anunciarse la suspensión temporal de la Operación Tokhang.

Las personas que son objetivo de esta operación se recogen en las llamadas watch lists o listas de seguimiento. Cada vecindario cuenta con la suya y en ella se recogen los nombres de las personas que consumen o venden drogas.

Los vecinos que aparecen tienen la posibilidad de firmar la “redención” a través de la que admiten que tienen o han tenido relación con las drogas y que van a dejarlas. Al contrario de lo que pueda parecer, firmar la redención no es sinónimo de seguridad, ya que muchos de ellos son igualmente asesinados.

En la cárcel de Quezón City, el 71% de los presos cumple condena por vulnerar leyes que penalizan el consumo de estupefacientes. Las celdas se exprimen hasta el último resquicio, los presos duermen en el suelo, en pequeñas literas o encima de las mesas. Esta prisión tiene una capacidad oficial para 278 personas, pero su población total es de 2.824 presos.

Un error

El 10 de enero de 2017, el mercado del pescado de Navotas ardía. Poco antes de las cinco de la mañana, el fuego se esparcía rápidamente entre las casas, construidas con plásticos y suelos de agua estancada. Seis días después, en el mismo lugar, Ritza Camile estaba en casa con su marido y un amigo cuando un vigilante entró y, sin mediar palabra, disparó a los dos hombres. Ritza levantó las manos pidiendo clemencia. El asesino, al ver que estaba embarazada, se apiadó de ella y la dejó vivir. Los dos fallecidos, Jayson y Zorene, trabajaban en el mercado. Con su muerte, Zorene dejó cuatro hijos, sin haber conocido al más pequeño de ellos.

Filipinas es rica en tradiciones durante los funerales. Una de ellas es la de dejar que un pollo pequeño coma arroz encima del cristal a través del que se puede ver al fallecido, como si picase la conciencia de su asesino.

Un día después del asesinato, la madre de Jayson, Rosa Rivera, velaba a su hijo cuando vio llegar a un hombre vestido completamente de negro. Se quedó petrificada. Aquel hombre le dijo que no debería haber asesinado a su hijo, que había sido un error.