Falsos autónomos
Glovo tendrá que reconocer la relación laboral de 217 repartidores en Córdoba
La Inspección de Trabajo ha procedido al alta en la Seguridad Social de 217 trabajadores de Glovo a los que se reconoce su relación laboral.
Las primeras respuestas judiciales al sistema de “economía de plataformas” llevaron a empresas como Glovo o Deliveroo a cambiar sus sistema de contratación para aplicar la figura de trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE). Pero la Inspección Provincial de Trabajo de Córdoba ha vuelto a poner freno a esta práctica y ha iniciado un expediente sancionador a Glovo y ha comunicado a la Seguridad Social el alta de oficio para que 217 repartidores pasen a tener una relación laboral con la empresa Glovoapp23 para quienes prestan servicio y no relación mercantil, como pretendía la empresa.
La actuación se ha producido tras la denuncia presentada por el sindicato CNT de Córdoba en marzo de 2019, en el marco de su campaña contra los falsos autónomos en la plataforma. Además, según explica el sindicato, “se ha iniciado expediente administrativo sancionador contra la empresa por la contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo” y Glovo será multada por falta de alta en el régimen general de la Seguridad Social durante 17 meses, entre junio de 2018 y octubre del 19.
El “modelo Glovo” ya ha sufrido unos cuantos varapalos judiciales y en las instancias de Trabajo. En septiembre de 2019, la empresa fue obligada a pagar más de tres millones de euros en concepto de cuotas atrasadas a la Seguridad Social por emplear como falsos autónomos a 3.573 repartidores durante un periodo de tres años. En julio había sido el turno de Deliveroo, en este caso en Madrid donde un juzgado de lo social dio a la razón a la Tesorería de la Seguridad Social, que mediante una inspección de trabajo realizada en 2018, llevó a juicio a la empresa Roofoods Spain, dependiente de Deliveroo, para esclarecer las condiciones de trabajo de 532 trabajadores que trabajaban en la compañía entre 2015 y 2017. La sentencia dictó que ese medio millar de “riders” eran falsos autónomos.
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