Especulación urbanística
Colectivos del Baix Llobregat se movilizan contra la construcción de 70.000 viviendas en espacios naturales

El nuevo curso arranca en el Baix Llobregat como acabó antes del parón estival. Ante las múltiples amenazas en forma de más cemento y ladrillo en una comarca ya saturada y sobreexplotada, las vecinas más concienciadas y tenaces siguen en la lucha por preservar el cada vez más escaso verde que se resiste a desaparecer. A las reiteradas protestas en Castelldefels y Gavà contra los frecuentes vertidos de aguas residuales en las rieras y canales que desembocan en el Mediterráneo, agravados con las primeras lluvias torrenciales de finales de verano y principios de otoño, se han sumado este septiembre y octubre nuevas manifestaciones de tres de las decenas de plataformas ciudadanas autoorganizadas los últimos años en el litoral sur barcelonés. 

En Viladecans, el 26 de septiembre unirán sus fuerzas las activistas de Salvem Oliveretes y Salvem Can Sellarès, empeñadas en evitar, respectivamente, la destrucción de 68 hectáreas agroforestales al pie de la sierra del Montbaig y del espacio público situado alrededor de una masía de origen medieval. La construcción de 2.714 y 238 viviendas nuevas en cada una de las citadas zonas se hallan incluidas en el Plan General Metropolitano de 1976, que contempla un total de 69.850 nuevas viviendas para el conjunto de la comarca, distribuidas en casi medio centenar de proyectos que afectan a casi todos los términos municipales del Baix Llobregat. El mismo plan que también afecta al turó (colina) del Calamot, en la vecina localidad de Gavà, dónde se proyecta la urbanización de 186 hectáreas de terrenos agrícolas y forestales para dar salida a una supuesta urgencia habitacional con 4.896 nuevas viviendas. 

Las activistas de la plataforma Salvem el Calamot-Aturem el Pla de Ponent rechazan los argumentos de las administraciones. Según Jaume Grau, vecino de Gavà, biólogo y coordinador comarcal de la organización Ecologistes en Acció, “la estimación de crecimiento demográfico de 1.034 habitantes anuales que plantea el proyecto es desproporcionada en relación al crecimiento real de Gavà durante los últimos diez años, con una media de 150 habitantes per año. El proyecto es innecesario porque no cubre ninguna necesidad real de la población de Gavà ni contempla otras alternativas para resolver una supuesta urgencia habitacional sin este impacto ambiental, como por ejemplo el uso de pisos vacíos en propiedad de diferentes entidades bancarias”.

Además, según Grau y el resto de miembros de la plataforma, “el plan urbanístico residencial más grande en cuanto a extensión e impacto medioambiental del territorio catalán afectará de forma muy grave al último corredor biológico existente entre el macizo del Garraf y el delta del Llobregat”. Reorganizada en 2019 a partir de un colectivo creado en la década de 1990, la plataforma pretende realizar una consulta popular a la ciudadanía de Gavà, pendiente de aprobación por parte del ayuntamiento, y ha convocado diversas concentraciones de protesta, la próxima el 3 de octubre, en la que las vecinas volverán a exigir la consulta popular y el fin de las obras, ya iniciadas hace meses con la primera fase del nuevo barrio de Can Ribes. 

Con el objetivo de tratar de parar la maquinaria urbanística, el 12 de marzo fue presentada SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, plataforma que pretende coordinar una cuarentena de colectivos y entidades de la comarca y también de la segunda ciudad catalana en cuanto a población, administrativamente incluida en el Barcelonès pero geográfica e históricamente vinculada al Baix Llobregat. El conjunto de colectivos y entidades adheridos a la plataforma, entre los que destacan No Més Blocs, Salvem l’Olla del Rei, SOS La Rierada o los citados Salvem el Calamot-Aturem el Pla de Ponent y Salvem Oliveretes, pretende representar a la sociedad civil del Baix Llobregat y l’Hospitalet de Llobregat preocupada por la grave situación territorial, social, ambiental y económica de la comarca y reclama una moratoria urbanística de un mínimo de dos años, un proceso participativo para decidir el modelo territorial y una completa reorientación del urbanismo metropolitano.

Un año antes, el 26 de marzo de 2019, el Consejo de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobaba la exposición pública del avance del Plan Director Urbanístico metropolitano (PDUM). De esta manera se iniciaban los trámites del conjunto de proyectos que en realidad pretenden urbanizar todo el litoral meridional barcelonés, desde Barcelona hasta el pie del macizo del Garraf, oficialmente protegido como espacio de interés natural en el PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya). Un continuum urbano-rural al estilo del Gran Londres y de otras megalópolis del planeta como Shangai, Tokio, Nueva York o Sao Paulo que ya fue soñado por las autoridades del franquismo tardío, hace más de cuatro décadas.

Las administraciones argumentan la utilidad de los proyectos debido al “poco o nada rentable paisaje agrario” y los justifican ante la “necesidad de un crecimiento económico, expansión, competitividad, progreso y desarrollo”

Las administraciones argumentan la utilidad de los proyectos debido al “poco o nada rentable paisaje agrario” y los justifican ante la “necesidad de un crecimiento económico, expansión, competitividad, progreso y desarrollo” basados en un Plan General Metropolitano de 1976, aprobado cuando todavía no se hablaba de emergencia climática ni había apenas conciencia ecológica. 

Las activistas agrupadas en las decenas de entidades y colectivos adheridos a SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet denuncian que “la voracidad sin límites del capital especulativo ha apostado de nuevo por la industria de la vivienda, y Barcelona y su entorno son un objetivo prioritario”. Inspiradas y motivadas por los logros de otras iniciativas, como el freno de 10 de los 16 planes urbanísticos previstos en el litoral de las comarcas de Girona conseguido por la plataforma SOS Costa Brava, alertan en el manifiesto de la plataforma de que “prácticamente todos los municipios del Baix Llobregat afectados por el Plan General Metropolitano de 1976 tienen en estos momentos proyectos inmobiliarios aprobados, en trámite o en previsión, que suman decenas de miles de viviendas y centenares de hectáreas de nuevos polígonos industriales”. Y mientras tanto, añaden, “los datos oficiales reconocen 31.000 viviendas vacías en el Baix Llobregat”. Al respecto, protestan ante la ausencia de planes para crear parque público de alquiler a precios sociales, mejorar la infraestructura de transporte público en la comarca o dotarla de suficientes equipamientos sanitarios, educativos o sociales. 

Los nuevos proyectos urbanísticos afectarían a zonas boscosas de las faldas de Collserola y del Garraf-Ordal, a zonas agrícolas del valle y el delta del Llobregat, a espacios contiguos al río o a áreas protegidas 

Además, Grau y el resto de promotores de la plataforma avisan del grave impacto medioambiental y ecológico que supone la ejecución del PDU metropolitano. “Las decenas de nuevos proyectos urbanísticos que amenazan con seguir descuartizando el Baix Llobregat afectarían a zonas boscosas de las faldas de Collserola y del Garraf-Ordal, a zonas agrícolas del valle y el delta del Llobregat, a espacios contiguos al río o a áreas protegidas por sus valores naturales y, especialmente, a los últimos corredores ecológicos entre el Garraf, Collserola, el río Llobregat, las rieras, las zonas naturales protegidas en el delta y el área marina contigua”. Ángel Losada, veterano activista del grupo ecologista Quercus e implicado en la mayoría de luchas de la comarca, reclama un cambio de paradigma. Según él habría que “replantearse entre toda la población el sistema de urbanización masiva del territorio, de venta de los terrenos agrícolas a los especuladores locales del ‘tocho’ y a los inversores internacionales” y deposita su esperanza en las nuevas generaciones, que “tendrán que cambiar la inercia de las políticas urbanísticas y medioambientales actuales”. 

El ya citado turó del Calamot es uno de los más representativos, pero hay muchas otras áreas de valor ecológico y medioambiental afectadas, entre las que destacan los humedales de la riera dels Canyars o la laguna de la Ricarda, las zonas boscosas de Les Oliveretes o La Rierada, o las zonas agrícolas de Cal Trabal o del entorno de la colonia Güell, ambas a poca distancia del río Llobregat. Además de las secciones catalanas de Ecologistas en Acción o Depana, en las luchas ecologistas y ciudadanas de la comarca se implican diferentes asociaciones vecinales, centros culturales y ateneos populares, que cuentan con el apoyo de varios grupos municipales de Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP y Catalunya en Comú-Podem.