Fondos buitre
Grecia, el baile de los buitres

Las privatizaciones son “ineludibles“ en las curas de ajuste impuestas tanto en el Norte como en el Sur. Este contexto permite a las instituciones acreedoras no justificarlas más solo por el registro ideológico del “Estado no tiene, por definición, vocación de gestionar las empresas”, sino también (y sobre todo) por el del imperativo económico de extraer los recursos financieros para el reembolso de las deudas.

Grecia es un caso de manual en este sentido. Las instituciones (Comisión Europea, FMI, BCE y Mecanismo Europeo de Estabilidad – MEDE) no se contentan con imponer privatizaciones en contrapartida a los préstamos contraídos, puesto que también han creado una herramienta para tomar el control de los bienes públicos griegos y privatizarlos según sus condiciones.

Es en el marco del primer memorándum, que vio la luz, en 2011, la agencia TAIPED (HRADF, Hellenic Republic Assets Development Fund, en inglés) encargada de privatizar los activos griegos (puertos, aeropuertos, redes de agua, de electricidad, propiedades inmobiliarias, litorales, ferrocarriles…). El objetivo era llegar a los 50.000 millones de euros de recaudación. A finales de 2015, ese objetivo está lejos de ser conseguido. El tercer memorándum, concluido en el verano de 2015, acelera las privatizaciones con la creación de un bien llamado “superfondo”. 

¿UN SUPERFONDO CON SUPERPODERES?

El 1 de julio de 2016 la Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A (HCAP S.A.) se puso en marcha. El Estado griego transfiere a este nuevo fondo el conjunto de sus activos (empresas, patrimonio, propiedades, acciones…) sin contrapartida, es decir, sin recibir dinero a cambio. A continuación, este fondo fue encargado de vender o ceder los derechos de los activos en cuestión. A diferencia de su predecesor, el TAIPED, que poseía “solamente” el 25% de los activos griegos durante seis años, este superfondo tiene vocación de gestionar la casi totalidad y por 99 años. 

¿Qué hace entonces este superfondo con las ganancias de las privatizaciones? Según el texto del tercer memorándum, sobre 50.000 millones, el 50% de los beneficios obtenidos serán destinados a cubrir las necesidades de recapitalización de los bancos griegos, el 25% para el reembolso de la deuda del MEDE y el 25% restante para inversiones decididas por el propio fondo.

¿QUIÉN PILOTA EL AVIÓN?

Este superfondo está dirigido por un consejo de dirección compuesto por cinco miembros: tres son nombrados por Grecia, tras el aval de las instituciones; y dos, entre ellos el presidente, por la Comisión Europea y el MEDE, tras el acuerdo del ministro de Finanzas griego. Los últimos disfrutan del derecho de veto. En octubre de 2016, el consejo fue nombrado. Los dos representantes elegidos por los acreedores son el francés Jacques Le Pape para la dirección del fondo y el español David Vergara. El primero, un alto funcionario que llegó a través de las puertas giratorias, habiendo pasado principalmente por Air France y el gabinete de Christine Lagarde, hoy directora del FMI. El segundo es un antiguo miembro del MEDE. Sin sorpresa, los acreedores han colocado a “caras conocidas” a los mandos de este superfondo.

Un sinsentido económico

Además de despojar a Grecia de sus riquezas, de sus bienes y de sus ventajas productivas, lo han hecho a muy bajo coste. Si nos atenemos a un razonamiento puramente económico, estas privatizaciones muestran un sinsentido. La lógica presentada es la siguiente: “privatizar vuestros bienes os permitirá sacar ingresos no solamente con el precio de la venta, sino también, gracias a los ahorros realizados no teniendo que financiar más tal infraestructura, tal servicio o tal red. En una palabra: aumentáis vuestros ingresos y reducís vuestros gastos”. Implacable en apariencia, salvo que, por una parte, los precios de las ventas son ridículamente bajos, y por otra, Grecia no se deshace únicamente de edificios polvorientos, sino que cede empresas rentables e infraestructuras estratégicas para su economía.

Ese fue el caso en diciembre de 2015, cuando el Gobierno de Tsipras cedió por 40 años los derechos de explotación y de extensión de 14 aeropuertos regionales. Las instalaciones no solamente dan beneficios, sino también tienen un potencial de desarrollo importante, dado el lugar que ocupa el turismo en la economía griega. Idem para las redes de agua de Atenas y Tesalónica, cuya transferencia al superfondo provocó fuertes protestas y el corte del agua de los locales de Syriza en Tesalónica. Afectando a más del 80% de la población griega, estos dos servicios registraron 40
millones de euros de beneficios en 2016. Los precios de los contratos de privatización son fijados por el superfondo, con la ayuda de consejeros financieros, como el Deutsche Bank, Citibank y Piraeus Bank.

Privatizaciones ilegales

Además, estas privatizaciones son ilegales. En efecto, para M. Hudson, los activos de un Estado son constitutivos de su soberanía, dilapidarlos como en el caso de Grecia, resulta pues contrario a las reglas elementales del derecho internacional. Hudson habla, ni más ni menos, que de guerra intraeuropea. La ilegalidad de las privatizaciones se manifiesta en dos aspectos: primero, el tipo de bienes privatizados y luego, sus modos de venta.

En su análisis de las diferentes transferencias de propiedades derivadas del memorándum, Eleni Portaliou, profesora en la National Technical University de Atenas, identifica tres tipos de bienes públicos: los bienes que por naturaleza están ligados a los objetivos públicos y a la soberanía nacional (defensa, lugares naturales, infraestructuras energéticas…), los bienes garantes de los objetivos públicos ligados al despliegue del Estado social (hospitales, escuelas…) y finalmente los bienes inmobiliarios, que son propiedades privadas del sector público. Solamente esta última categoría es susceptible de pasar a manos privadas, pero según procedimientos determinados por
el propio Estado y no por organizaciones del exterior 8. Estando en manos de potencias extranjeras, acreedoras de Grecia, el HCAP S.A. es una institución ilegal porque, por un lado, su cartera comprende todos los bienes griegos y, por otro, disfruta de una total libertad en cuanto a métodos y condiciones para la explotación de esos activos.

Sobre la cuestión del tipo de bienes privatizados, cabe destacar que numerosas legislaciones prohíben el embargo por los fondos buitre de bienes considerados como intrínsecos a la soberanía estatal. ¡Lo que los fondos buitre no pueden hacer, el FMI, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Bélgica, Vinci o Véolia lo hacen!

¿Quiénes son los buitres que se aprovechan?

Octubre de 2015: François Hollande llega al aeropuerto de Atenas, y es recibido en persona por Alexis Tsipras. Con él, varios ministros franceses, pero también un puñado de directivos de empresas. Mientras que se nos presenta una visita bajo el signo de “la confianza y la amistad”, está claro que tres meses después de la firma del tercer memorándum, Francia viene a buscar su parte del pastel. Una veleidad ciertamente revestida con el barniz diplomático de rigor, pero que no se puede ocultar, ya que las empresas francesas se han beneficiado claramente del viaje para hacer conocer “sus intereses por ciertas privatizaciones”, tal y como declara un consejero de Tsipras. Alstom codicia el sector ferroviario; Vinci los aeropuertos, puertos y autopistas y, por supuesto, Suez está en los puestos de partida para los servicios de agua de Atenas y Tesalónica.

Pero más allá de los intereses de los grandes grupos privados, muchas empresas beneficiarias de las privatizaciones griegas están directamente ligadas al sector público de países extranjeros. En 2015, la empresa Fraport, que ha obtenido el negocio de los 14 aeropuertos regionales está mayoritariamente en manos del Land de Hess y de la ciudad de Fráncfort 11. Y en 2016, la compañía pública italiana de ferrocarriles ha comprado su homóloga griega OSE (Organismós Sidirodrómon Elládos).

A la luz de esta empresa de desposesión de las riquezas griegas a una escala prácticamente industrial (se trata de la mayor transferencia de propiedad en Europa occidental) y llevada a cabo por y para las potencias extranjeras o los intereses a los que están ligadas, es difícil no hacer el paralelismo con los países del Sur y la instalación de un régimen neocolonial. Un régimen que se instala y se fortalece, no al ritmo de las botas de un ejército colonial, sino al de los préstamos y plazos de reembolso de una deuda pública ilegítima.