Evasión fiscal y fondos buitre: una legalidad aparente

La opacidad que ofrecen los paraísos fiscales son la herramienta perfecta para los fondos de inversión que especulan y asfixian a muchos Estados. 

Buitres
CADTM

publicado
2017-12-31 13:11:00

Apenas unos días después de que los Paradise Papers revelaran cómo las grandes fortunas utilizan los paraísos fiscales para eludir impuestos, los Panama Papers volvían al primer plano de la actualidad con los registros de las sedes de Dexia SA y Belfius, llevado a cabo por la unidad antifraude de la policía federal belga, en los que se recopilaron abundantes datos informáticos que permitirían evaluar la magnitud de la evasión fiscal organizada por Dexia. En 2016, los Panama Papers demostraron que una de sus filiales, Experta, había creado más de 1.600 sociedades offshore destinadas a que ricos clientes belgas eludieran el fisco, al tiempo que Dexia era objeto de rescate por parte de los contribuyentes belgas, franceses y luxemburgueses.

Estas prácticas, llamadas discretamente “de optimización fiscal”, podrían no solo ser ilegítimas, en la medida en que atropellan el interés general, sino también ilegales. Recordemos a este respecto que no es exacto oponer el fraude fiscal (que sigue siendo ilegal) a la evasión fiscal, como si esta última aunque ilegítima fuera necesariamente lícita.

Antes de llegar a una conclusión sobre la legalidad de un paquete financiero, deben analizarse elementos como el origen del dinero oculto en los paraísos fiscales. ¿Es un dinero legítimo o también es producto de un fraude fiscal? A título de ejemplo: el Banco HSBC ha cerrado un acuerdo con la Fiscalía financiera de Francia para evitar la persecución penal por blanqueo procedente del fraude fiscal a cambio del pago de una multa. En otro orden de cosas, este banco ha colaborado también con cárteles de la droga de México y de Colombia en el blanqueo de capitales.

También debe verificarse la finalidad del paquete financiero. Cuando la evasión de impuestos constituye la razón principal del domicilio en un paraíso fiscal, estamos, como mínimo, ante un abuso de derecho sancionable. El abuso del derecho tributario se inscribe concretamente en el artículo 344 del Código belga de impuestos sobre beneficios.

Esta necesidad de ir más allá de las apariencias sirve también para las deudas públicas, el saldo de las cuales jamás es cuestionado ya que una deuda contraída por uno de los Estados llamados “democráticos” es, a priori, legal y legítima. Este es, por ejemplo, el caso de las deudas procedentes de los rescates bancarios, como el de Dexia. Sin embargo, el derecho pone diversos límites a su reembolso, algunos de los cuales están ligados al origen y la finalidad del préstamo. En este sentido, la Comisión de auditoría de la deuda griega demostró, por ejemplo, que gran parte de esta deuda es ilegal e ilegítima.

Así, una auditoría de la deuda que permita fundamentar el rechazo del pago de la parte ilegítima e ilegal de ésta es tanto más pertinente cuanto que la evasión fiscal está vinculada al mecanismo de endeudamiento de los Estados. Por un lado, la evasión fiscal produce automáticamente nuevas deudas a costa de la población, puesto que esta pérdida de beneficios por parte del Estado se compensa recurriendo al endeudamiento. Por otro lado, los acreedores de estas deudas sueles estar domiciliados en paraísos fiscales, como las filiales de los grandes bancos o, también, los fondos buitre que obtienen beneficios desmesurados especulando contra las deudas.

Los fondos buitre son sociedades privadas que adquieren la deuda de Estados en dificultades a precios de saldo para, acto seguido, reclamar ante los tribunales el pago al 100% del valor de origen, incrementado en intereses y sanciones. El fondo NML Capital, registrado en las Islas Caimán, por ejemplo, ha obtenido un superávit del 1.270% ante Argentina, obteniendo con ello 2.426 millones de dólares por deudas adquiridas por tan solo 117 millones.

Los fondos buitre son sociedades privadas que adquieren la deuda de Estados en dificultades a precios de saldo para, acto seguido, reclamar ante los tribunales el pago al 100% del valor de origen

Este fondo buitre es propiedad del multimillonario Paul Singer, citado varias veces en los Paradise Papers a causa de sus actividades en paraísos fiscales y de la influencia que ejerce sobre la política de Estados Unidos. Uno de los principales donantes del Partido Republicano, Singer posee otro fondo buitre domiciliado también en las Islas Caimán, el fondo Kensington, el mismo que, para financiarse, se ha apropiado de parte del presupuesto belga destinado a la cooperación al desarrollo de la República del Congo.

Los Paradise Papers revelan también varios hechos dudosos y reprehensibles en el procedimiento que se opone a este fondo buitre en el Congo. En primer lugar, Kensington se niega a dar al juez los nombres de sus accionistas y de su sociedad matriz. A continuación, en el acuerdo amistoso que firmó en 2008 con los representantes congoleños, el fondo buitre se compromete a destruir todos los documentos sobre este caso y a abandonar toda acusación de fraude contra el régimen corrupto de Brazzaville. Todo ello, a condición explícita de que este último pague lo que se le pida.

Estamos aquí, por tanto, no solamente ante el rechazo de cooperar con la justicia sino ante la extorsión de fondos y la opacidad más absoluta. ¿Qué contienen esos documentos para que Kensington prometa destruirlos? ¿En qué circunstancias ha comprado este fondo buitre la deuda congoleña? ¿Por qué el rechazo a revelar la identidad de sus accionistas? ¿Por qué Paul Singer utiliza las sociedades domiciliadas en las Islas Caimán para atacar la República del Congo, Argentina e incluso la ley belga contra los fondos buitre aprobada el 12 de julio del 2015? 

De hecho, Paul Singer, vía NML Capital, solicita ahora ante el Tribunal Constitucional belga la anulación de esta ley pionera que podría sentar un precedente a escala internacional. No obstante, rechaza proporcionar los estatutos de su empresa y la composición del consejo de administración. Este asunto, que enfrenta estos fondos buitre contra el Estado belga así como contra el CADTM, el CNCD-11.11.11 y su homólogo flamenco, podría ser juzgado en 2018. No cabe duda de que el procedimiento judicial en Bélgica tendrá una repercusión mundial. 

Traducción del francés de Anna A. Siscar

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