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Repsol tienta a Junts con 1.100 millones de euros para que deje caer el impuesto a las energéticas

Dos de las principales medidas sociales del Gobierno de coalición están en peligro. Se trata de los impuestos a las ganancias extraordinarias de las energéticas y la banca, dos iniciativas que consiguieron recaudar 5.767 millones de euros desde que se implantaron a finales de 2022, según el Ministerio de Hacienda. La demanda de Sumar y Podemos de convertir en permanentes estos impuestos ha chocado con la oposición del PNV y Junts, este último presionado por Repsol SA, que amenaza con retirar una inversión de 1.100 millones de euros en Catalunya si el partido de Carles Puigdemont apoya este impuesto a las energéticas. 

El 22 de octubre, Andoni Ortúzar, presidente del PNV, pedía tener “cuidado” con estos dos gravámenes porque “no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro”. Para Ortúzar, estas medidas, “que no son impuestos, sino gravámenes bastante irregulares” no contribuyen a la “continuidad de los sectores industriales” en Euskadi. El vínculo de las grandes compañías energéticas con el PNV no es ningún secreto. El presidente del partido entre 2004 y 2008, Josu Jon Imaz, es el consejero delegado de Repsol y las relaciones del PNV con Iberdrola son tan fluidas como la defensa de sus intereses en el Congreso por parte de los líderes del nacionalismo vasco.

Junts, otro de los partidos que el Gobierno necesita para aprobar cualquier iniciativa en el Congreso, también se opone a convertir en permanente el impuesto a las energéticas. En este caso, según publicó La Vanguardia, producto de una presión directa de Repsol al partido de Carles Puigdemont. Según confirman fuentes empresariales consultadas por este medio, si Junts impide con sus votos la continuidad de este impuesto, la compañía dirigida por Imaz ofrece continuar con sus planes de invertir 1.100 millones de euros en Tarragona. De no hacerlo, llevará a Portugal sus inversiones de 800 millones para una planta de producción de metanol y bioetanol renovable y para una infraestructura para el hidrógeno verde valorada en 300 millones de euros. 

Estas presiones y la falta de apoyos ha obligado al Gobierno a aplazar el debate en el Congreso y el PSOE ya estudia cómo suavizar estas medidas para tener los votos del PNV y Junts. El plazo para introducir correcciones en la normativa finaliza el 30 de octubre y la reforma de esta ley debe realizarse antes del 31 de diciembre para poder hacer tributar a las entidades bancarias y energéticas por los beneficios extraordinarios de este ejercicio. 

El impuesto a las energéticas fue una medida aprobada a finales de 2022 para gravar durante dos años las ventas de las grandes energéticas con un tipo de 1,2% con ciertas excepciones en un contexto de beneficios milmillonarios por los altos precios de la energía y un historial de abusos, precios inflados y comportamientos oligopolistas, tal como denuncian las principales organizaciones de consumidores. En 2023, con el polémico impuesto en vigor, las grandes energéticas obtuvieron un beneficio de 10.465 millones de euros. Un año antes, acumularon unos beneficios netos de más de 19.000 millones de euros.

“No vamos a estar de acuerdo en Sumar con ningún regalo vía deducciones (fiscales) a la banca o las energéticas”, dice Carlos Martín Urriza, responsable económico de Sumar

El impuesto a la banca grava al 4,8% los intereses y las comisiones generadas en España por las entidades que facturan más de 800 millones de euros. Desde que comenzó a implementarse, según argumentan sus defensores, fue la única forma de limitar los ingresos extraordinarios que han obtenido los bancos gracias a los altos tipos de interés impulsados por las políticas antiinflacionarias de los bancos centrales. En 2022, los cinco grandes bancos españoles obtuvieron un beneficio de 20.000 millones de euros. En 2023, con el impuesto a la banca ya vigente, el beneficio fue de 26.000 millones.

Los socios de izquierda del Gobierno defienden la necesidad de convertir estos dos impuestos en permanentes para apoyar los presupuestos de 2025.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, criticaba este martes la “amenaza” de Repsol de retirar las inversión de 1.100 millones de euros, especialmente, dice, cuando “ha conseguido el tercer mayor beneficio de su historia cuando ya estaba el impuesto activo, en concreto, 3.168 millones”. 

El responsable económico de Sumar, Carlos Martín Urriza, insistía en esta idea y también en la necesidad de una política fiscal más ambiciosa y “no regresiva” para apoyar los presupuestos de 2025. “No vamos a estar de acuerdo en Sumar con ningún regalo vía deducciones (fiscales) a la banca o las energéticas”, dijo.

Podemos comparte las críticas a Repsol por sus presiones para terminar con el impuesto a las energéticas y cuestiona que, al final, sea una empresa la que decida la política fiscal en España

Este economista se mostró contrario a introducir un “regalo” en la normativa de los impuestos y “devolverlos por la puerta de atrás” en referencia a la propuesta de introducir deducciones para suavizar esos gravámenes. “Dentro de los socios de gobierno la distancia es grande porque para nosotros los impuestos de la banca y las energéticas son innegociables”, decía.

Podemos comparte las críticas a Repsol por sus presiones para terminar con el impuesto a las energéticas y cuestiona que, al final, sea una empresa la que decida la política fiscal en España. “Repsol es la empresa más contaminante de España, con el 62% de las emisiones de todo el Ibex 35. Crujirles a impuestos para que paguen su contribución a la crisis climática que amenaza la vida en el Planeta es pura justicia social. ¿Manda más Sánchez o Josu Jon Imaz?”, denunciaba la líder del partido, Ione Belarra.