Opinión
Resistir a la campaña electoral

La huelga y la campaña electoral. Pocos ejemplos más ilustrativos se me ocurren para expresar la desadecuación entre los tiempos de la política y los tiempos de lo político. De hecho, el comienzo oficial de la campaña electoral anima a los principales medios de comunicación a diluir lo uno (lo político) en lo otro (la política), empujando a la gente que llenó las calles en la histórica jornada de huelga del 11-N a una vorágine en la que la riqueza radicalmente democrática de las plazas busca ser reducida a mero censo electoral.

El estado de encuestación permanente al que asistimos trabaja a pleno rendimiento en este sentido. Dada la movilización total, al parecer, de los votantes de la derecha, ahora de lo que se trata es de sondear si esa polifonía de las calles puede ser canalizada hacia opciones electorales que permitan sostener el gobierno de coalición. Poco importa que este embudo vaya ocupando el lugar que las movilizaciones por la vivienda han abierto para una discusión pública más madura, razonable y conectada con los malestares reales de la sociedad. Las elecciones, lejos de asumir el terreno de juego hacia el que empujan las plazas, proponen un retorno a la vieja conocida senda de dos bloques antagónicos, un “o lo uno o lo otro”, aparentemente existencial, que huye, sin embargo, del contenido sustantivo que se expresa en las movilizaciones.

El marco de legitimación del sistema se sigue asentando sobre la capacidad del PSOE (y sus partidos subalternizados) para hacer converger intereses que tienden a distanciarse

La ironía es que sean los partidos que sostienen al gobierno los que exigen madurez (electoral) al pueblo movilizado. Más bien deberían aprender de este cómo se construye, desde abajo, la unidad de acción de las izquierdas, y ponerse al servicio —como una herramienta más, indispensable pero delegada— de unas causas que impugnan las bases materiales del sistema.

Si así fuera, con absoluta madurez, podríamos convenir que el problema de la vivienda es irresoluble dentro de los márgenes establecidos. Las dificultades para definir qué o quién es un rentista (¿un gran tenedor?, ¿un pequeño inversor?, ¿mi tío con dos casas?, etc.); la separación en dos decretos —uno para los incentivos fiscales a los propietarios y los desahucios y otro para los contratos indefinidos—; la comprensión de la vivienda como un derecho fundamental —si bien reconocido constitucionalmente solo como un principio rector de la política social y económica— en un modelo económico que malvive surfeando sucesivas olas especulativas alrededor de ella. La vivienda, traída al primer plano de lo político, pone al descubierto —una vez más, pero con gran carga de profundidad— la función de amortiguación social que sigue desempeñando la socialdemocracia en España, un país de pequeños propietarios que sudaron tinta para serlo y que, en buena medida, perciben hoy las luchas por el derecho a la vivienda como una amenaza a sus sueños de clase media aspiracional. 

Y en su funcionalidad hay que buscar su solidez. Más allá de lo discursivo coyuntural, el marco de legitimación del sistema se sigue asentando sobre la capacidad del PSOE (y sus partidos subalternizados) para hacer converger intereses que, dada la creciente desigualdad en una estructura social radicalmente distinta a la de hace una década, tienden a distanciarse. El antagonismo entre rentistas e inquilinos es solo una forma de expresar políticamente esta realidad social que a menudo se vivencia como malestar. El mérito de los movimientos por la vivienda es, de hecho, haber convertido un malestar creciente en una demanda de parte con capacidad para establecer cadenas de equivalencia con otros malestares (salarios, servicios públicos, turistificación, etc.), y así, articular políticamente un descontento y una precariedad existencial muy ampliamente percibidas. 

De la experiencia política del ciclo anterior deben extraerse algunos aprendizajes. Uno de ellos es no confiar la suerte de este nuevo despertar político a los ritmos de la política electoral

Cómo todo esto se exprese en las urnas tiene, sin duda, su importancia. La irrupción de lo político en las plazas, entendida como la interrupción del orden de la dominación y construcción del antagonismo, tendrá necesariamente que relacionarse con lo institucional en base a los resultados del 29-N, tratando de extender un conflicto que ha de pasar también a través de ellas, ya sea para evidenciar los límites de lo meramente institucional o para construir contra ello el propio antagonismo. 

De la experiencia política del ciclo anterior, definitivamente cerrado con este nuevo impulso de la movilización social, deben extraerse algunos aprendizajes. Uno de ellos, quizá el más importante en este instante, es no confiar la suerte de este nuevo despertar político a los ritmos de la política electoral. Otro, menos urgente pero crucial, es atender a lo que Koselleck y Benjamin llamaron “futuros pasados”, aquellas promesas de emancipación, proyectos truncados y deseos utópicos que quedaron inconclusos (en el 15M) y esperan ser redimidos en el presente. Esto nos evitaría, de paso, la cansina sensación de estar siempre empezando de nuevo.