El Tarajal
Memoria y justicia para El Tarajal

La justicia restaurativa es aquella que pone en el centro a las víctimas y sus necesidades. Todo lo contrario que está ocurriendo desde hace ya seis años con las víctimas del Tarajal y sus familias. Leyendo el desarrollo de la causa rápidamente entenderemos que se trata de un baile de sobreseimientos, archivos, recursos y reaperturas basados principalmente en la acusación de los guardias civiles que participaron en el operativo que aquel 6 de febrero de 2014 acabó con la vida de al menos 15 personas.

En el último sobreseimiento, en octubre de 2019, la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta aplicó la denominada como “Doctrina Botín” para justificar su actuación y así evitar el paso a la fase oral del juicio. Esta doctrina establece que no cabe abrir juicio oral solo por la petición de la acusación particular o popular. De esta manera se negaba absolutamente la posibilidad de las víctimas de obtener justicia con la que, a día de hoy, es una de las herramientas jurídicas para ello, ya que la acusación popular se sustenta principalmente sobre la idea de que sean otros agentes no vinculados a la administración los que pueden instar a investigar abusos de los poderes públicos. Es por ello una institución constitucional que garantiza los derechos de las personas y las protege frente a las vulneraciones de derechos.

Los padres y madres de las personas fallecidas aquel 6 de febrero han solicitado en varias ocasiones personarse como acusación particular de la causa. Sin embargo, las trabas que se les ha impuesto lo han impedido

Al negar esa posibilidad, no sólo se está incurriendo en un grave precedente sino que se está negando el derecho a la verdad, a la justicia y reparación de las víctimas y sus familias. Los padres y madres de las personas fallecidas aquel 6 de febrero han solicitado en varias ocasiones personarse como acusación particular de la causa. Sin embargo, las trabas que se les ha impuesto lo han impedido. A finales de 2014 se solicitaron los originales de los poderes de representación y posteriormente los que acreditaban el parentesco con las personas fallecidas, toda vez que les han sido negados sistemáticamente los visados para poder facilitar esta y otras actuaciones. 

Más allá del ámbito jurídico: se les han negado los visados para acudir a los actos que se han realizado durante este tiempo en memoria de sus familiares (en su mayoría hijos) fallecidos, ni siquiera se les ha permitido visitar la playa donde murieron ni rendirles homenaje, tampoco pudieron facilitar la identificación de las víctimas de los hechos de Tarajal enterradas en el Estado español y asistir personalmente al lugar donde se encuentran enterradas.

Las familias de Armand Souop Tagne, Larius Fotio, Aboubacar Oumarou Maiga, Luc Bikai Firmin, Daouda Mahatma, Roger Nana Chimie, Oussmane Hassan, Jeannot Flame y Blaise Fotchin no han sido tratadas como víctimas de un crimen de Estado y por tanto se sigue incurriendo en un maltrato institucional por parte del Estado que les niega su dolor.

Tenemos la responsabilidad y la posibilidad de empujar hacia el reconocimiento de las víctimas de las fronteras empezando por el reconocimiento de las víctimas del Tarajal. El Estado debe condenar la actuación imprudente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a instancia del Ministerio de Interior. Hemos de aprovechar la coyuntura actual para que, en primer lugar, la Audiencia considere la reapertura de la causa y a su reapertura se faciliten los visados humanitarios a los familiares de aquellas personas fallecidas en su intento de entrada a territorio español para posibilitar la personación como acusación particular, en caso de que así lo deseen, y garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva.

Las familias no pueden seguir a la espera de una justicia que no llega y la reconstrucción de la memoria de las víctimas debe empezar por reconocerlas como tal

Estos crímenes no pueden seguir quedando impunes. Las familias no pueden seguir a la espera de una justicia que no llega y la reconstrucción de la memoria de las víctimas debe empezar por reconocerlas como tal, realizando las investigaciones necesarias para que así sea y estableciendo un registro exhaustivo. Se hace cada vez más urgente la creación de un Observatorio para la Recuperación de la Memoria y la Reparación de las Víctimas de las Fronteras, basado en la investigación de las muertes y la identificación de las personas fallecidas, dándoles un tratamiento digno y acorde con sus creencias, así como a la localización y comunicación efectiva de las familias allá dónde se encuentre y el acompañamiento en los casos en que fuera necesario; ofreciéndoles la posibilidad del acompañamientos psicosocial necesario y de hacerse cargo de los procesos de repatriación.

Porque no se entiende un país democrático si no es un país con memoria. Por tanto, avanzar en la memoria democrática de nuestro país es recuperar también la memoria de las víctimas de las fronteras. Ponerles nombre, investigar las circunstancias de sus muertes, informar a las familias y realizar las actuaciones necesarias para su reparación.