Editorial
Catalunya, el movimiento se demuestra andando

La solución o resolución del conflicto abierto entre Catalunya y el Estado español determinará el futuro de varias generaciones. En el último año, la tensión entre el espectro político independentista y las fuerzas vivas españolas ha alcanzado un límite cuantificable.

171108 Huelga General Catalunya 2
Protesta por el encarcelamiento de políticos y figuras públicas del procesismo. Víctor Serri

publicado
2018-04-25 15:34:00

La solución o resolución del conflicto abierto entre Catalunya y el Estado español —entendido Estado en su dimensión administrativa, jurídica, policial y de cuerpo gobernante— determinará el futuro de varias generaciones en los distintos países que componen el todavía Reino de España. En el último año, la tensión entre el espectro político independentista y las fuerzas vivas españolas ha alcanzado un límite cuantificable: políticos en la cárcel por sus ideas, políticas exiliadas por sus ideas, cientos de personas investigadas y un aparato burorrepresivo puesto al servicio de un objetivo que, simplemente, no va a suceder: suprimir la pulsión de independencia y más soberanía en la cabeza de una mayoría del pueblo catalán.

Al determinar que el caso de Carles Puigdemont no encaja en el delito de rebelión que persigue el juez Pablo Llarena, la justicia de Schleswig-Holstein situó el conflicto en una dimensión completamente distinta de la que pretendía guiar el nacionalismo español ultramontano. La noticia de que el Ministerio de Hacienda no ve indicios de delito de malversación, el clavo al que se agarra Llarena para obtener la extradición del expresident, supone ante todo, una constatación de que la Guardia Civil no puede constituirse en un actor político en el conflicto abierto en Catalunya. Los indicios presentados por el Instituto Armado han estado orientados a probar que la insurrección catalana fue financiada por la Generalitat y que esta insurrección utilizó medios violentos de forma organizada, rayanos con el concepto de terrorismo.

La decisión de la Audiencia Nacional de no imputar por delito de terrorismo a Tamara Carrasco, activista de los Comités de Defensa de la República, ha supuesto, asimismo, un pequeño alivio en las circunstancias de recorte de libertades impuesta por el Gobierno del PP con la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y la reforma del Código Penal.

No hay luz al final del túnel mientras el sector más berroqueño, representado ahora por Ciudadanos pero insertado en el ADN del PP, no acepte que la solución securitaria al deseo de soberanía e independencia de Catalunya simplemente no va a funcionar. La evolución de esa realidad, la que impele a que los políticos encarcelados sean puestos en libertad de manera inmediata, tiene que correr en paralelo a la construcción de esas mesas, cauces o puentes, que permitan que, de una vez por todas, se discuta sobre los conceptos de nación, Estado, soberanía y democracia.

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