Carillion: la quiebra de una empresa con tentáculos por todas partes

Entre negociación y negociación del complicado Brexit, el público británico ha empezado el año con la noticia de la quiebra de una empresa apenas conocida: Carillion. Carillion es una empresa cuyas especialidades han incluido cualquier cosa; ya sea la construcción de terminales de aeropuertos, gestión de hospitales y prisiones, diseño de instalaciones olímpicas y redes de alta velocidad, provisión de comedores escolares… Básicamente, todo lo que Londres, con gran aversión a la intervención pública, no ha querido gestionar directamente.

El agujero final es de 1.500 millones de libras en deudas; incluyendo 590 millones para el fondo de pensiones de sus trabajadores. En juego, en datos fiscales de 2016, 43,000 empleos directos y otros tantos miles en subcontratas y empleos indirectos. También varios proyectos sin terminar, como cuarteles militares, universidades; y todos aquellos que requieren mantenimiento en riesgo, como los comedores escolares o la limpieza de prisiones.

La empresa gestiona todo lo que Londres, con gran aversión a la intervención pública, no ha querido gestionar directamente

Theresa May, la Primera Ministra, ya ha confirmado que no habrá rescate ni coste público. Esta afirmación no es del todo correcta, puesto que el Gobierno ha prometido garantizar los servicios prestados. Entonces, el público pagará dos veces por el mismo servicio: el contrato que ya se cobró Carillion en su día; y el dinero que costará mantener los servicios en funcionamiento hasta que otras empresas hereden sus contratos. Por ejemplo, se han utilizado bomberos en varias administraciones locales para atender las necesidades en escuelas y hospitales.

May explicó el miércoles 17 de enero en Westminster que el gobierno británico “no es más que un cliente”; y, por lo tanto, no es responsable de la gestión de Carillion. Sin embargo, era conocido que las entidades supervisoras habían emitido hasta tres avisos de quiebra desde el verano, y que su valor en bolsa había colapsado. Aun así, el Gobierno prosiguió concediendo contratos por valor de 2.000 millones de libras. Igualmente, Philip Green, su director ejecutivo, fue asesor en “responsabilidad corporativa” de los gobiernos conservadores hasta diciembre de 2016.

Riesgo público, beneficio privado

¿Cuál es el origen de esta crisis anunciada? La intromisión de las instituciones, objetivos y éticas del mercado en los sistemas públicos es una de las transformaciones más llamativas de finales del siglo XX. Es lo que normalmente se conoce como “neoliberalismo”, la utilización de las intervenciones estatales en beneficio de empresas privadas, el sistema financiero, y las clases adineradas. La complejidad y la invisibilidad de estas intervenciones son la clave de que esta redistribución “hacia arriba” de los fondos públicos haya pasado inadvertida.

La práctica de las PFI (Private Finance Initiatives) o iniciativas financieras privadas es algo complejo, y definitivamente muy lucrativo. En lugar de garantizar la provisión de servicios públicos directamente, el Estado contrata a compañías privadas con acuerdos a largo plazo. Antes de la crisis, estas iniciativas se financiaban mediante bonos del Estado. Hoy en día, sin embargo, lo más normal es que los bancos presten dinero a las empresas en forma de deuda senior: esto es, deuda que tiene prioridad absoluta para ser repagada en caso de dificultades o quiebra.

Si todo funciona, el Estado paga a las compañías, que después pagan a los bancos. No hay que olvidar que la deuda de las autoridades públicas es la mejor considerada para los inversores; dado que ningún Gobierno puede (en teoría) declararse en bancarrota. Por lo tanto, estos contratos, las subcontratas que generan, y las acciones de las compañías contratadas; todas ellas adquieren un alto valor en los distintos mercados bursátiles.

Las PFI permitieron la rápida construcción de nuevos edificios públicos y el reparto de beneficios entre los amigos del “Nuevo Laborismo”

La ventaja para empresas como Carillion y aquellos que las financian es obvia: encuentran nuevos nichos de negocio antes impensables, como la educación o la sanidad. Todo ello, con la seguridad de que su contratista no puede entrar en quiebra. La “ventaja” para el Estado es más engañosa: al pagar estos servicios en plazos, la carga presupuestaria directa se reduce considerablemente. Es la compañía la que realiza la inversión inicial. Esto permite liberar recursos a las autoridades públicas y reducir el gasto inmediato. Finalmente, la “ventaja” para los ciudadanos es que estas compañías buscarán la gestión más eficaz posible y, de acuerdo con las doctrinas del mercado, recibirán un servicio superior al ser tratados como “clientes”.

Como suele pasar con los esquemas de muchos economistas ortodoxos, a la hora de la verdad la única ventaja es para los inversores. Se ha calculado que, en general, el coste real de estas inversiones es mucho más elevado. Es fácil deducir por qué: los contratistas privados deben repartir beneficios a los inversores; y remunerar a los altos directivos. Carillion, por ejemplo, seguirá pagando a los responsables de su ruina un salario aproximado de medio millón de libras. Por el contrario, la única ayuda que ofrece el gobierno a los trabajadores es un teléfono de asistencia de su Jobcentre (el equivalente a centro del INEM) más cercano. 

un modelo en crisis en un país en crisis

En España, las consecuencias de esta crisis apenas se notarán o incluso serán positivas. Santander UK (la rama del banco en Reino Unido) posee deuda de Carillion, pero su rango de deuda senior garantizará su pago. El coste lo acarrearán, en todo caso, los ciudadanos británicos. Para Ferrovial, empresa española de construcción e infraestructuras, es posible que hasta le beneficie la caída de Carillion. Ambas compañías compartían contratos lucrativos que la primera previsiblemente heredará cuando la segunda desaparezca.

El Brexit ha tenido importancia en esta crisis, ya que las empresas constructoras suelen trabajar con márgenes muy ajustados. El resultado sorpresa del referéndum, y la pérdida de confianza de muchos inversores en Reino Unido, borró de un plumazo muchas de las perspectivas halagüeñas que Carillion tenía. Igualmente, desde el final de la burbuja financiera e inmobiliaria, los beneficios de contratos públicos se habían contraído enormemente dado que la reducida iniciativa privada había aumentado la competición. En este contexto, se puede entender que Carillion quisiera aumentar los sectores en los que estaba envuelto, para de alguna manera convertirse en una institución “too big too fail” (demasiado grande para caer). Es decir, los inversores siguieron especulando, con una deuda creciente y unos beneficios en contracción, dado que esperaban el rescate estatal.

Santander UK (la rama del banco en Reino Unido) posee deuda de Carillion, pero su rango de deuda senior garantizará su pago

Para Corbyn y los laboristas de izquierda en la oposición, esta quiebra es la confirmación de su discurso: los conservadores gobiernan el país de manera caótica, en beneficio de sus amigos y las grandes empresas. Su programa en las elecciones de junio de 2017 incluía la renacionalización de muchos servicios ahora en manos privadas; particularmente el ferrocarril, la electricidad, y el agua. En estos momentos, su partido ganaría las elecciones, aunque dado que el gobierno de May posee una frágil mayoría, no parece probable que convoquen nuevas elecciones hasta la fecha fijada en 2022. Por lo tanto, una reversión en las políticas de gestión pública en Reino Unido tendrá que esperar.

revertir la gestión privada de lo público

En el fondo de esta crisis, se encuentra un modelo de provisión estatal fallido. Durante los noventa, como documentó el periodista de investigación Paul Foot en 2004, las PFI encandilaron a los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown. Tras la época thatcheriana, el ala derecha del partido laborista tenía los objetivos conflictivos de reforzar los servicios públicos y contentar a sus aliados en la banca y las grandes consultorías. Las PFI permitieron la rápida construcción de nuevos edificios públicos y el reparto de beneficios entre los amigos del “Nuevo Laborismo”; como el propietario de Virgin Richard Branson. Ahora, las empresas operarían escuelas, hospitales, con la idea de obtener beneficios.

No es ninguna sorpresa que los conservadores (PP, CiU, PNV), pero también los “socialdemócratas” (PSOE) españoles de la época de la burbuja, adoptasen estas medidas. Desde la introducción de la ley 15/97 de Nuevas Medidas de Gestión en la Sanidad, el modelo PFI para hospitales se extendió por Navarra, Castilla-La-Mancha, Castilla y León, Madrid; con resultados similares a los de Reino Unido. Mayores costes para el Estado, más quejas de los usuarios, múltiples dudas en la calidad del servicio; todo ello contradiciendo los estudios al respecto del Gobierno y de las autoridades europeas.

De hecho, el origen de muchas de las Mareas sanitarias fue el profundo rechazo a los modelos privados de gestión. Como Corbyn y los laboristas, cualquier programa político que se oponga a la mercantilización debe revertir estas reformas, y garantizar que no se utilizan recursos estatales para el beneficio privado. No solo porque reducirán los costes reales; sino porque cumplirán su mandato de proporcionar el mejor servicio posible a todos los ciudadanos.