Economía social y solidaria
De las redes clientelares a la generación de empleo

La Comisión Nacional de la Competencia desestima el recurso contra las subvenciones a la economía social”. Este es el titular con el que despertamos hace un año en la política local madrileña. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, interpuso un recurso contra el Ayuntamiento de Madrid por considerar que las subvenciones a las empresas de economía social y solidaria vulneraban la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. La misma delegada también trató de impugnar las cláusulas sociales de los contratos municipales por considerarlos discriminatorios. Una ley que no parecía que fuera a ser vulnerada por el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 3 de mayo —cuando Cristina Cifuentes ultimaba la mudanza desde la presidencia de la Asamblea de Madrid—, en el que se acordó impulsar la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de contratación pública de la Comunidad.

En dicho acuerdo se potencia la actividad que realizan los centros especiales de empleo para mantener y generar trabajo, y se incorpora la posibilidad de que las empresas del ámbito de la economía social accedan de forma prioritaria a determinados procesos de contratación.

Un año después del recurso de la delegada del Gobierno, parece que el poder político ha dejado paso a los medios en su lucha contra el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a la economía social y solidaria. Los dos periódicos mayoritarios, El País y El Mundo, han iniciado una ofensiva destapando una supuesta “red clientelar” sin aportar ninguna evidencia de la misma, más allá de las cuantías de las adjudicaciones otorgadas a través de subvenciones y contratos menores; adjudicaciones que, por otro lado, son públicas y transparentes. La contienda electoral, a un año de la próxima cita con las urnas, siempre está presente.

“Dudo que el crecimiento de la economía social y solidaria esté entre las preocupaciones del cártel del IBEX35. Más bien me parece que forma parte de la precampaña electoral contra Ahora Madrid. Los sondeos pronostican unos buenos resultados para Ciudadanos en el Ayuntamiento, los grandes medios han olido la sangre y están intentando sacar ponzoña”, analiza César Rendueles, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

Los poderes económicos combaten a las alternativas, sobre todo a las que presentan resultados más que notables

Antón R. Castromil, profesor de Opinión Pública en la facultad de periodismo de la misma universidad, orienta su análisis en el mismo sentido. “Hablar de sistema político y sistema mediático es lo mismo. La situación refleja la polarización mediática e ideológica que existe. Los encuadres que los medios de comunicación ponen en circulación cuadran dentro de la polarización que existe y hay ciertos temas que tienen dueño”, comenta. “Lo que existe es una competencia por la opinión pública. La competencia está en poner en circulación estos encuadres para hacer que los ciudadanos se suban al carro de este flujo de opinión —afirma Castromil—; es una cuestión de marcos ideológicos donde siempre hay un enemigo que cohesiona el propio marco. En ocasiones, los marcos tienen una parte de falta a la verdad y eso es lo que conforma el debate público”.

Tim Crabtree, profesor de Economía en Schumacher College e impulsor de numerosas iniciativas de economía social a nivel local en Inglaterra afirma que “es muy importante salir de la dicotomía de derecha o izquierda cuando hablamos de economía social". En su opinión, "las tendencias económicas actuales han entendido que tapar los agujeros de una economía globalizada es fundamental para generar empleo y riqueza locales, no es una cuestión de un partido político”.

Las cifras

El apoyo a la economía social y solidaria no es solo una apuesta del Ayuntamiento de Madrid, sino un mandato de la UE. Según la Comisión Europea, existen dos millones de empresas de economía social en Europa que representan el 10% del tejido productivo, dan trabajo a más de 11 millones de personas y abarcan multitud de sectores, desde el agrícola hasta el bancario. En España, según la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), en 2017 existían más de 43.000 empresas de economía social que representan el 10% del PIB español y un 12.5% del empleo. El 80% de los contratos son indefinidos.

“Las empresas de economía social y solidaria son más resistentes a las crisis, más perdurables en el tiempo y suponen una mejora para la sostenibilidad de los barrios, por lo que se intenta fomentar estas propuestas”, señala Laura Tejada, portavoz de MARES, un proyecto piloto financiado por la Comisión Europea destinado a la transformación urbana a través del fomento de iniciativas de la economía solidaria. Según la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), en las cooperativas de trabajo la equidad de género es una realidad, ya que la mujer alcanza el 50,1% de los puestos de trabajo, con una tasa del 39% en los de puestos de dirección.

El empleo en la economía social representa entre el 9% y el 10% de la población activa en países como Bélgica, Italia, Luxemburgo, Francia y los Países Bajos. En los nuevos Estados miembros de la UE como Eslovenia, Rumanía, Malta, Lituania, Croacia, Chipre y Eslovaquia la economía social sigue siendo un pequeño sector emergente, que emplea a menos del 2% de la población activa.

Poder frente a alternativas

“Todos mis amigos comen otras cosas y nosotros siempre estamos con lo mismo: la lechuga, el apio, el apio, la lechuga”, es una de las frase que Campofrío ponía en boca de un chico en 2008 quejándose y ridiculizando a su familia vegetariana. Año 2018, Campofrío ya tiene una línea de productos vegetarianos. La industria cárnica ya tiene productos para personas vegetarianas. Si da beneficio y mejora la cuenta de resultados, ¿por qué no? Cuando los que mandan huelen beneficio económico, presentan capacidades camaleónicas dignas de estudio.

Campofrío no pertenece a la economía social, no. Solo es un ejemplo de cómo los poderes económicos combaten a las alternativas, sobre todo a las que presentan resultados más que notables, en este caso adaptándose y cooptando el producto, pero siempre sin cuestionar el modelo económico que hay detrás, para eso está la estigmatización, la segunda de las técnicas empleadas y bajo la cual entran los embates que sufre la economía social y solidaria cada cierto tiempo.

“Las clases altas, más que en hacer frente a las alternativas, están preocupadas por encontrar mecanismos extractivos que frenen la descomposición del modelo económico que sustenta sus privilegios. No son muy imaginativos: más ladrillo, más especulación, más turismo, más corrupción... En la España actual es un modelo cuyos fundamentos sociales se heredaron del franquismo, que el PSOE modernizó y que el PP refinó”, señala Rendueles.

Por su parte, Crabtree afirma que “en Inglaterra existen distintas formas de apoyo a la economía social. Financiación, dotación de espacios y subvenciones para elaboración de proyectos son las más habituales”. En Reino Unido, la clase política de todo el abanico parlamentario reconoce la función de la economía social, especialmente de las cooperativas, que supone un sector importante en la generación de empleo del país.

De vuelta al caso español, Rendueles considera que “entra en juego un intento de autolegitimación por parte de los partidos opuestos al cambio. Se postulan como gente seria, pragmática, profesional y buena gestora frente a nuestros chiringuitos de perroflautas. La realidad es más bien la contraria . El modelo de negocio de las grandes empresas españolas —como las constructoras— es el del timo piramidal basado en una relación parasitaria con el dinero público, mientras que la economía social a menudo es notablemente eficaz y productiva”.

No son las únicas dificultades de aterrizaje que tiene este tipo de economía. Aunque la Comisión Europea aprobó en 2012 el Reglamento de mínimos para el ámbito de los servicios de interés económico general y en 2014 el paquete de reforma de la contratación pública —que permite a los poderes públicos incluir determinadas cláusulas sociales en los procedimientos de contratación y el pliego de condiciones—, los organismos públicos dependen profundamente de los ciclos políticos. Lo hacen hasta el punto de que, por ejemplo, en 2015, la oficina pública danesa para empresas de la economía social se cerró cuando cambió el gobierno. Y esto a pesar de que desde la Unión Europea se viene expresando la necesidad de impulsar este tipo de economía ya desde 1989, cuando se crea Unidad de Economía Social de la Dirección General XXIII, primer órgano de la administración pública dentro de la Comisión Europea durante la presidencia de Jacques Delors.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Parlamento Europeo han emitido numerosos dictámenes desde la década de 1980, como es el caso del titulado Construir un ecosistema financiero para las empresas sociales en 2015.

Otro órgano consultivo, el Comité de las Regiones, aprobó en 2002 un dictamen sobre asociaciones entre las autoridades locales y regionales y las organizaciones socioeconómicas: contribución al empleo, al desarrollo local y a la cohesión social, en el que pedía el reconocimiento de la economía social en la política regional. Más recientemente, el 4 de diciembre de 2015, aprobó otro dictamen sobre el papel de la economía social en la reactivación del crecimiento económico y la lucha contra el desempleo.

El mandato de la Unión Europea es claro y los beneficios que la economía social proporciona, también, desde antes incluso de la entrada de España en el club. Otra cosa es el interés y la voluntad política y las sensibilidades e intereses de los grandes poderes económicos.