Garantía Juvenil, mejorar el sistema para que todo siga igual

¿Qué se puede hacer con casi 90.000 millones de euros en la mano? “Yo vi aquello en las noticias y dije 'hostias, qué dineral, ¡algo tendrán que hacer!”, expresa José Fernández, un joven que se apuntó en 2015 al Sistema de Garantía Juvenil y que no ha conseguido un empleo hasta tres años después. A los problemas burocráticos y la falta de coordinación con las comunidades autónomas se le suma una forma de operar que reproduce las desigualdades ya existentes. Un estudio de la oficina española de la European Antipoverty Network (EAPN) demuestra que los jóvenes excluidos, quienes tienen menor nivel formativo y mayores necesidades, tienen menos oportunidades. O sea, como la vida misma.

La Garantía Juvenil prometía formación o empleo de calidad en 90 días a personas de hasta 25 años que ni estudiasen ni trabajasen. Es un programa en el que Europa pone los fondos (esos 90.000 millones) y que los países con niveles alarmantes de paro entre jóvenes desarrollan. España lo diseñó a finales de 2013. Se le consignaron 6.400 millones para cubrir el periodo hasta 2020, aunque Bruselas puso sobre el tapete otros 2.000 millones extra. Ya en 2015 el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sacaba al Gobierno de Rajoy los colores en un informe por el escaso número de beneficiarios, los pocos jóvenes con una salida formativa o de empleo al cabo de seis meses e incluso por la deficiente comunicación de datos.

La experiencia de José resume todos los puntos negativos a resaltar. Hasta llegar a su puesto de trabajo de hoy se apuntó una primera vez en el Sistema de Garantía Juvenil. “Había terminado una FP básica y, en ese momento, ni estudiaba ni trabajaba, pero no me llamaron”. Entonces acudió de nuevo a la Formación Profesional para obtener un título de grado medio en Informática. Después volvió a probar suerte en la Garantía. En esta ocasión “sólo me ofrecían formación, pero en cuestiones que no tenían nada que ver con lo que yo había estudiado previamente, como cursos de camarero, cosas sobre todo de hostelería”. Respecto a oportunidades de empleo, en su lugar de residencia, Ciudad Real, “no se movía nada. Sólo había oportunidades en Madrid, pero en esa ciudad, con un sueldo bruto anual de 12.000 euros, no haces nada”.

Tener un nivel formativo bajo da unas oportunidades, aún con el paraguas de la Garantía, escasas. Sumar a eso una situación de pobreza lo complica todo. Un 91% de los encuestados en el estudio de la EAPN afirman que su principal barrera es la tecnológica. Hasta principios de este año se pedía tener DNI electrónico u otros sistemas digitales para darse de alta telemáticamente. Además, casi el 64% de las solicitudes en papel se rechazan, frente al 1,7% de las electrónicas. Este es un instrumento fundamental para los jóvenes en exclusión, que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. De ahí que el informe de esta organización reclame al Ministerio de Empleo el detalle de los motivos de las denegaciones.

Otros ni siquiera comprenden qué es la Garantía Juvenil. Lo afirma el 81%. Además el 28% no cree en las instituciones públicas. También conviene destacar la poca confianza de los jóvenes en sus posibilidades. “Este es un problema destacado”, dice el presidente de EAPN, Carlos Susias. Eso se traduce en “falta de motivación de la juventud a participar, a menudo acompañada de baja autoestima y/o situaciones de exclusión social”.

El éxito o el fracaso una vez dentro del sistema también depende de la coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. La experiencia de Néstor Aznar, de 29 años, licenciado en Sociología y con un máster en periodismo radiofónico, es buena en ese sentido. Comenzó en verano de 2016 con unas prácticas a las que accedió por el hecho de estar dado de alta como demandante de empleo del servicio vasco. Ahora tiene un contrato en una empresa de Bilbao también por el Sistema de Garantía Juvenil. “Esta empresa trabaja con proyectos de corto plazo, todavía me quedan cuatro meses y no sé si seguiré”.

Quien sí sabía que no iba a seguir seguro era David, también sociólogo, que ha trabajado dos años por Garantía Juvenil en una universidad pública. Su caso es el de un perfil formado que ha visto mayores oportunidades dentro del Sistema. El problema ha sido la continuidad. “Lo sabíamos desde el minuto cero. La universidad no hace contratos”.

Los últimos cambios

Visto el alcance, el Gobierno tomó medidas hace un año destinadas a aumentar el número de inscritos. Lo cierto es que se ha conseguido. De los 341.000 a cierre de 2016 se ha pasado a los 960.000. Este último dato actualizado lo dio la ministra de Empleo, Fátima Bañez, tras una pregunta de Ciudadanos en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados el pasado 13 de diciembre.

Según la Encuesta de Población Activa, en España hay algo más de 1,3 millones de jóvenes entre 16 y 29 años que ni trabajan ni estudian, por lo que los inscritos en la Garantía Juvenil cubrirían el 72% de los potenciales demandantes. Este cambio viene dado porque el registro ahora es automático. Todo aquél que cumpla los requisitos y se apunte en los servicios autonómicos de empleo, entra en la lista.

Hasta ese momento el sistema de inscripción era complicado. “Tardé cuatro días en darme de alta la primera vez”, comenta José Fernández. Esa dificultad se justificaba en parte en el interés de la Administración en que los jóvenes se mostrasen activos y dispuestos a querer recibir la ayuda, cuestión que critican desde EAPN. “Esto ha podido hacer que algunos jóvenes que, por sus procesos de exclusión y vulnerabilidad tienen dificultades, no hayan accedido”, comenta Carlos Susias, que, además, destaca cómo algunas entidades sociales han paliado ese problema gracias a que se acercan a los jóvenes “en sus espacios de socialización”.

Pero estar apuntado no garantiza lo que se promete. José se queja de que en Ciudad Real los servicios de empleo no suelen informar a los jóvenes de que realmente están en la Garantía Juvenil y a qué les da derecho esto. Además, para salir del sistema hay que solicitarlo, hecho que contribuye a mejorar el número de jóvenes en la lista, como señala el informe de EAPN.

Hubo otra novedad hace un año: la edad. Desde entonces podrían formar parte del sistema los jóvenes de hasta 29 años, lo que ha ayudado también a que suba el número de inscritos. Lo reconoce así María José Romero, decana de la facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los cambios “han facilitado el proceso, sin embargo, no hemos rediseñado el conjunto de medidas establecidas en el sistema, y es precisamente en estos programas y acciones donde está la auténtica debilidad”.

Pese a las quejas, en realidad sí hay un reconocimiento en las fuentes consultadas de que las cosas están yendo mejor, o, al menos, acompasadas a los planes bajo los cuales se diseñó la Garantía Juvenil. La cuestión es saber si esos planes son los correctos. Para David no. Su experiencia dentro del “sentido que tiene el Sistema” ha sido buena, pero ese sentido en realidad obedece a unas “lógicas de empleabilidad neoliberales”, dice. “En el paso del Estado del bienestar al neoliberal se cambia también del pleno empleo a la plena empleabilidad, entonces lo que te da la Garantía Juvenil está dentro de ese marco: te dotan de competencias, no de un empleo”.

“El discurso de las autoridades públicas españolas no ha variado y es un discurso que ha seguido también la lógica de la Unión Europea en un proceso creciente de individualización del problema del paro de las personas jóvenes”, reconoce Juan Luis García Ríos en una tesis doctoral dirigida por la decana Romero.

Un complemento salarial para jóvenes

Hay más novedades. 430 euros para completar el salario de los jóvenes contratados bajo la Garantía. “El complemento naranja”. Así lo bautizó recientemente el diputado de Ciudadanos, Toni Roldán. Se trata de una aplicación reducida de una de sus propuestas electorales estrella: una paga complementaria pública para quienes reciben sueldos bajos.

Pero la idea pasó en septiembre por el tamiz de la negociación colectiva con patronal y sindicatos. “A nosotros esta medida no nos gustaba”, reconoce Eduardo Magaldi, responsable de Juventud de UGT. La propuesta entonces fue rebajada: se aplicará en contratos de formación y aprendizaje, y no en todos, y además lo pagará directamente el Gobierno a los trabajadores y no a las empresas.

Los sindicatos aceptaron esas condiciones a cambio de otras medidas como fomentar el contrato de relevo, en realidad, un nuevo contrato de relevo que permita a jóvenes sin formación recibir las enseñanzas del trabajador que se va a jubilar para después quedarse con su puesto. Había otros pactos, como realizar un estatuto del becario para sacar de esa condición a muchos con la intención de que tengan una verdadera relación laboral.

Sin embargo, “no sabemos nada de ningún tema”, se queja Magaldi. “Nos llaman a reuniones intermitentes, abordamos un tema y no se continúa. No hay diálogo real”, sentencia.

De lo que sí se sabe algo es del complemento salarial. El Gobierno lo fía ya a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta se encuentra parada tras el rechazo del PNV a seguir sentado en la mesa por la actitud del Ejecutivo con Cataluña en el marco del proceso independentista. “El no haber tenido presupuesto de 2018 a día de hoy nos ha llevado a tener que ponerlo en marcha en la primera parte del año, cuando se pueda, y en eso confío”, dijo recientemente en sede parlamentaria la ministra Bañez.

El tamaño del problema

¿Es la Garantía Juvenil una aspirina para curar a un elefante o simplemente la medicina inadecuada? Las cifras de desempleo en esta franja han mejorado los últimos trimestres. Aún así, la tasa de paro juvenil se sitúa en el 36%. Según Eurostat, a cierre de 2016, España tiene la sexta peor tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan: un 19,4%.

El problema de la inserción laboral de este colectivo ya lo tenía en cuenta la entonces Comunidad Económica Europea en los 70. También se ha ido contemplando en España desde la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977.

“La respuesta que debemos dar a esta situación pasa por entender que estamos precisamente ante un problema del conjunto de la sociedad y no ante un simple problema de los jóvenes en su acceso al mercado laboral, que se supera con medidas de apoyo al empleo”, dice María José Romero. De nuevo planea la duda de si nos estamos haciendo las preguntas correctas. “Sin negar la importancia de la formación en el proceso de inserción laboral, lo cierto es que la experiencia nos demuestra que jóvenes con una formación adecuada y requerida por el mercado laboral no son capaces de insertarse. Por ello nos lleva a pensar que debemos buscar las causas del desempleo juvenil no tanto en las cualidades personales”, insiste la decana. “La propia configuración del mercado laboral condiciona la inserción de tal manera que parece necesaria la incorporación de los jóvenes a través de un periodo de prácticas que hemos aceptado como transición necesaria y que favorece a la empresa el tener mano de obra barata y con cierto grado de cualificación”.

No todos lo saben, aunque lo intuyen. De ahí que una de las reclamaciones que hacen los jóvenes encuestados por la EAPN sea precisamente tener más conocimiento sobre sus propios derechos laborales.