
La central nuclear de Vandellós II (Tarragona) funcionó al menos durante dos semanas de forma peligrosa, puesto que debería haber parado al menos quince días cuando lo hizo el día 2 de marzo de 2018. El propietario de la central de Vandellós II (Tarragona) anunció la parada del reactor ese día para reparar un goteo del circuito primario, dentro del recinto de contención. El agua contaminada se había detectado en un sumidero y era una pequeña cantidad, según el propietario y el propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por debajo de los límites fijados por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETFs). Sin embargo, el límite cuando la fuga procede de la llamada Barrera de Presión es exactamente cero, es decir, debe pararse la central inmediatamente. Esto es así porque una fuga de esta barrera podría ser el síntoma de un problema grave que diera lugar a una pérdida de refrigerante y a un accidente severo en último caso.
El reactor de Vandellós es del tipo agua a presión (PWR). En este modelo de central, el agua de refrigeración alcanza presiones de unas 157 atmósferas, lo que evita la ebullición a pesar de que las temperaturas que se alcanzan están muy por encima de los 100 ºC, pudiendo alcanzar los 310 ºC. La barrera de presión del circuito primario está constituida por los elementos que contienen agua a alta presión y su integridad es clave porque una fuga pude dar lugar a que el escape aumente de tamaño y se produzca el accidente conocido como una LOCA (Loss of Coolant Access en inglés), es decir, pérdida del refrigerante en el núcleo que puede culminar en un grave accidente. Dada la peligrosidad que entraña este tipo de escapes, las ETFs dictan que la central debe detenerse en cuanto se detecte la más mínima fuga de la barrera de presión. Sin embargo, surge aquí una pregunta: ¿qué hacer cuando se detecta una fuga y no se conoce su origen? En ese caso, el CSN dicta que debe detenerse la central como si de la barrera de presión se tratase, hasta que se detecte el origen de la fuga. Pese a ello, Vandellós ha continuado funcionando hasta el 2 de marzo de 2018, a pesar de las advertencias de los inspectores. La cúpula del CSN creyó la versión inicial de la empresa propietaria y no la obligó a parar.
La central nuclear de Vandellós II funcionó al menos durante dos semanas de forma peligrosa.
Sin embargo, Ecologistas en Acción había podido saber que la fuga procedía de la barrera de presión del primario. En ese caso, y según las especificaciones técnicas de funcionamiento (ETFs), la central debería haberse detenido en cuanto se detectó la fuga, puesto que el límite para esta fuga es cero. Y aquí cabe insistir en que no sirve de excusa decir que no se sabía de donde procedía la fuga puesto que el CSN obligaba a parar. Y el mismo sentido común decía lo mismo.
Contra todo esto, la cúpula del CSN aceptó la explicación de la empresa según la cual la fuga no procede necesariamente de la barrera de presión, a pesar de las afirmaciones de los inspectores de este organismo en sentido contrario. En la nota del CSN se llega a decir que la fuga está por debajo de los permitido cuando cualquier fuga de la barrera de presión, por pequeña que sea, es inaceptable. El CSN ha calificado el incidente como de nivel 0 en la escala INES cuando debiera ser considerado al menos como nivel 1 (anomalía). Lo peor es que la fuga al final sí que procedía de la barrera de presión. Y no había una sola fuga sino dos. Una de ellas del primario de un generador de vapor y la otra del drenaje del acumulador.
Ante estos hechos, la Fiscalía de Tarragona ha admitido a trámite una denuncia para investigar si hubo negligencia en la gestión del último suceso de Vandellós. La denuncia fue presentada a título particular por el abogado Óscar Cabrero de la asociación Sociedad Humana con el fin de que se investigue si hubo negligencia en la gestión de este suceso. Estas acciones judiciales fueron a su vez motivadas por la denuncia pública que hizo Ecologistas en Acción de ese suceso y de la gestión que hizo el CSN que no forzó la parada de Vandellós II. Este abogado requirió la asesoría técnica de Ecologistas en Acción en la parte técnica de la denuncia y si la Fiscalía la ha admitido a trámite es por que ve indicios de delito. A partir de ahora se producirán diligencias para averiguar de quien fue la responsabilidad de la gestión. Hay que recordar que el código penal castiga los delitos ambientales no sólo por los efectos sino también por someter al medio ambiente a riesgos innecesarios, como sería el caso. Máxime cuando al final se ha demostrado que la fuga sí procedía de la barrera de presión.
La cúpula del CSN aceptó la explicación de la empresa según la cual la fuga no procede necesariamente de la barrera de presión, a pesar de las afirmaciones de los inspectores de este organismo en sentido contrario.
La denuncia cuenta con el apoyo de Ecologistas en Acción que se personará en las diligencias en cuanto el tiempo judicial lo permita. El peligro que suponen las centrales nucleares por sí mismas se ve acrecentado por estas malas prácticas de los titulares de las centrales nucleares que no son toleradas por el CSN.
El principio de precaución se traduce en el lenguaje nuclear con un mantenimiento de la cultura de seguridad. Es decir, se deben respetar a rajatabla los protocolos y la normativa y, en caso de duda, ha de tomarse la opción más conservadora. Los propietarios de Vandellós II intentaron presentar su parada como una acción proactiva de seguridad, cuando era en realidad lo contrario.
La labor del CSN sería corregir esta actitud que conlleva un aumento del riesgo. Sin embargo, el CSN parece comportarse con un exceso de permisividad hacia los titulares de las centrales, cuando su labor es mostrar rigor y seguir las sugerencias de sus técnicos e inspectores. Para Ecologistas en Acción esta actitud facilita que aumente la inseguridad, especialmente en estos momentos en que las centrales españolas están cada vez más envejecidas y se está discutiendo la continuidad del parque nuclear español.
Para evitar accidentes y dejar de generar residuos radiactivos, lo más sensato sería proceder al cierre escalonado de las centrales nucleares españolas según vayan caducando sus permisos de explotación.
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