Esta semana está prevista una cumbre hispano-portuguesa en Valladolid. Pedro Sánchez y Antonio Costa pasarán revista a los temas que afectan a estos dos países y entre ellos figuran las instalaciones nucleares o radiactivas españolas próximas a la frontera.
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar un encuentro en Lisboa de una delegación española y otra portuguesa en el marco de una actuación conjunta para el caso de evaluaciones de planes, programas y proyectos con efectos medioambientales transfronterizos con objeto de preparar el encuentro de los máximos mandatarios de los dos países.
Nuestros vecinos portugueses están preocupados principalmente por la central nuclear de Almaraz, en el río Tajo, a 100 km. de Portugal, y por los proyectos mineros de Berkeley en Salamanca, en la cuenca del Duero, y en algún caso a menos de 5 km. de la frontera portuguesa (proyecto minero de Alameda de Gardón).
Según informa el Gobierno portugués, en el asunto del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Almaraz la parte española respondió a todas las preguntas que se le plantearon, quedando pendientes de negociar y firmar el próximo año un memorándum de entendimiento en materia de protección radiológica y de seguridad nuclear sobre licenciamientos y control de instalaciones nucleares y radiactivas.
Esta semana está prevista una cumbre hispano-portuguesa en Valladolid. Pedro Sánchez y Antonio Costa pasarán revista a los temas que afectan a estos dos países y entre ellos figuran las instalaciones nucleares o radiactivas españolas próximas a la frontera.
Por lo que respecta a los proyectos mineros de uranio en Salamanca, el Gobierno español le aseguró al portugués que la luz verde para el complejo minero de Retortillo-Santidad está lejos de producirse, faltando todavía que facilitar información relevante por la empresa Berkeley al Consejo de Seguridad Nuclear para que puedan ser evaluadas las consecuencias radiactivas del proyecto. Confirmando la parte española que los portugueses participarán en los pasos siguientes que se puedan dar a través de la oportuna negociación y consulta.
En el procedimiento de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de Retortillo-Santidad, la Junta de Castilla y León decidió obviar el protocolo de actuación firmado entre los dos países para los proyectos con efectos transfronterizos, afirmando que ese complejo minero no tendría efectos en el país vecino. Contrariamente, la Agencia portuguesa de Ambiente señaló que sí tendría efectos, por los vientos procedentes del Este que llevarían polvo radiactivo y por la posible contaminación del Duero, del que se nutren dos millones de personas en el país vecino.
Que ahora se reconozca a Portugal la posibilidad de participar en los procedimientos que faltan para las restantes autorizaciones pendientes de otorgamiento de la planta de tratamiento de uranio de Retortillo es un logro de los grupos ecologistas de España y Portugal integrados en el Movimiento Ibérico Antinuclear. Gracias a la presión que se viene ejerciendo desde la fundación del MIA, los dos gobiernos ibéricos se ven más presionados a la hora de tener que contar con el país vecino para vigilar o aprobar instalaciones o proyectos que afecten a los dos países.
La posibilidad de que los proyectos mineros de Berkeley sean sometidos a información pública en Portugal para que las organizaciones y público en general del país vecino puedan alegar el perjuicio que les causará soportar las potenciales consecuencias negativas de los mismos, supone de facto una espada de Damocles para la multinacional australiana. Difícilmente los portugueses aprobarán la construcción de instalaciones radiactivas al otro lado de la frontera, ya que les pueda afectar negativamente y previsiblemente no les aporta ningún beneficio.
Portugal renunció en los años setenta a albergar centrales nucleares en su territorio y cerró las minas de uranio a principios de este siglo. No parece lógico que en ese contexto de rechazo de la producción de energía nuclear se vean amenazados por incómodos vecinos.
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