Desapariciones forzadas
Los huesos que siembran la tierra en México

México no es Colombia, pero en diez años igualó la cifra de asesinados que el país sudamericano cosechó en medio siglo de conflicto armado. Tampoco es Siria, pero por su territorio transita la mitad de los solicitantes de asilo en Estados Unidos, país que desde los años 80 no recibía tal aluvión de gente huyendo del triángulo norte de Centroamérica. México tampoco es Argentina, pero su democracia ya superó los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar del sur de fines de los 70.

Sumidos en una crisis de baja visibilidad mundial, los colectivos de familias de los desaparecidos mexicanos emprendieron un camino propio a partir de un caso que lo cambió todo: Ayotzinapa. La desaparición de los 43 estudiantes de Magisterio el 26 de septiembre de 2014 internacionalizó la crisis cotidiana y tuvo un amplio cimbronazo interno. Cuando los padres de los normalistas salieron en brigadas de búsqueda de sus hijos hacia los cerros de Guerrero, miles de familiares de desaparecidos en otros puntos del país pensaron, a su vez, lo mismo: si ellos pueden, ¿por qué nosotros no?

Desde entonces, más o menos tímidamente, los colectivos que ya existían pasaron de la denuncia a la acción: se convirtieron en buscadores y peritos, en investigadores de sus causas y de las de todos los demás, destapando el horror, pero también la verdad que aguardaba bajo la tierra.

Centro clandestino de exterminio

A partir de un minucioso trabajo de búsqueda de información por lo bajo, los integrantes del Grupo Vida Laguna dieron con él y, en abril de 2015, lograron que la justicia local hiciera caso a sus requerimientos y los acompañara al lugar. Encontraron los cadáveres de cinco personas, hasta que se dieron cuenta de que el lugar entero era un cementerio. El suelo estaba lleno de pequeños fragmentos de hueso, muchos de ellos calcinados, que con suerte alcanzan los cinco centímetros de largo.

La primera pelea de las familias fue con la autoridad, porque Patrocinio requería una búsqueda masiva y, para ello, un método con que realizarla. Lo lograron: hoy llevan recolectados más de 50.000 fragmentos óseos de los que esperan extraer perfiles genéticos (ya han obtenido 14) para confrontar con las bases de las familias de personas desaparecidas, y devolverles así la historia y la identidad a quienes allí fueron asesinados. Los buscadores estiman que tomará diez años procesar todo el lugar.

Un año después de la primera entrada, a finales de 2016, gracias al apoyo de la antropóloga forense Albertina Ortega, que les propuso una búsqueda por cuadrantes, elaboraron juntos una hipótesis del crimen: las personas fueron ejecutadas, sus cuerpos cremados en tambos y sus restos calcinados fueron destrozados a golpes, destrozando también la lógica y el sentido común. Eso es Patrocinio.

“Ahí, en Patro, tú ves y no ves. Ves la inmensidad y no se ve. Tienes que ir a gatas, así ­—peina el aire con el dorso de la mano—. Eso es Patrocinio”, dice Silvia Ortiz, quien, junto a su esposo, Óscar Sánchez Viesca, que espera su turno para hablar, son la familia base del Grupo Vida Laguna. Sigue Óscar: “Aquí hacemos un trabajo tres veces más difícil que el de los compañeros que buscan en otros Estados [de la República] porque aquí la forma de operar del crimen organizado fue diferente. Quisieron exterminar, no lo llamo de otra forma, quisieron desaparecer toda evidencia”.

Los buscadores del Grupo Vida son mayormente mujeres, madres, hermanas y esposas de los que faltan, que localizan en cada cuadrante los restos, peinando suavemente con la mano enguantada, agachadas en el calor del desierto que las rodea, y los señalan para que posteriormente los recoja una célula de la Policía científica federal y peritos de la Fiscalía local. Luego fiscalizan su tarea y, si hace falta, los hacen volver a procesar.

Los sábados salen a revisar nuevos puntos, que usualmente llegan de manera anónima a alguien del grupo. “Es lo que le digo a los compañeros —empieza Silvia—, a todos: no sabemos de los desaparecidos en la República cuántos hay aquí, así que ¡chínguele cabrón!”. Sigue Oscar, acostumbrado a hablar en sincronía con su esposa: “Con uno que no levantemos, que puede ser el único fragmento que queda de una persona, ¿cuándo lo van a encontrar? Jamás”.

Coahuila

Es uno de los cinco Estados mexicanos limítrofes con Estados Unidos y uno de los más extensos territorialmente del país. Torreón, donde estamos, se encuentra al sur, en el límite con Durango, Estado vecino que ostenta el récord de cuerpos (más de 300 hallados completos, no en fragmentos) exhumados clandestinamente entre 2009 y 2014, según un conteo reciente de la Universidad Iberoamericana.

Sin embargo, la cantidad de hallazgos de cuerpos, fosas y fragmentos óseos se disparó con el trabajo activo de los colectivos de familiares en toda la República a partir de Ayotzinapa. Además de Patrocinio, el Grupo Vida ha ubicado puntos similares, aunque más chicos, en San Antonio de Gurza, Santa Elena, El Venado, Estación Claudio y La Rosita. Todos presentan el mismo tipo de hallazgos, que emparenta las búsquedas y los hermana en el nuevo método de desaparición.

“El Estado no persigue el delito. Sigamos entregando cuerpos, que la justicia sigue vedada”, dice la forense Albertina Ortega

A partir de la entrada en vigor, este enero, de la Ley General de Desaparición Forzada —otro triunfo de las familias del país—, el Estado mexicano está emplazado a montar un mecanismo de búsqueda oficial que incluya a los colectivos de familiares y que estará a cargo de las fiscalías locales. En Patrocinio, explicó Fernando Vela, coordinador de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas de la región de Laguna —de ahí el nombre del Grupo Vida— y encargado de este predio ante la justicia local, el equipo de trabajo oficial dedica cuatro días a la semana, que también alterna con otros dos predios. El día que los acompañamos a Patrocinio, el equipo científico trabajó dos horas. Al día siguiente, en Santa Elena, no trabajaron porque había demasiado viento y alteraba su tarea. “Las familias vienen con nosotros porque si buscan solos no tiene ninguna legalidad lo que están encontrando”, agrega Vela, resumiendo lo complejo.

Una vez recolectados, los restos óseos hallados en Patrocinio son enviados a analizar a un laboratorio privado, explica Vela: “Adn México está colaborando con la Policía federal, por la carga de trabajo que tiene, ya que todo el país le manda muestras”. Es una empresa de capital español, dirigida en México por Diego Ulibarri. Mariana Sosa, encargada de las relaciones comerciales, explicó que ellos recibieron una primera tanda de 200 fragmentos y la federal tiene alrededor de 3.000.

Vela confesó que la Fiscalía local no tiene ninguna hipótesis sobre lo ocurrido en Patrocinio, más allá del método de exterminio.

Este 18 de enero hallaron 34 piezas dentales y 4.000 fragmentos de huesos calcinados en un nuevo punto de Estación Claudio. En diciembre encontraron otro centro clandestino de desaparición en el municipio vecino de Matamoros, en un ejido llamado San Antonio de los Altos.

PRESUNTO CULPABLE

Albertina Ortega está dando clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en Ciudad de México, cuando la entrevistamos. Coordina la especialidad en antropología forense, que contribuyó a crear en 2014 respondiendo a una necesidad creciente, aunque el ritmo aún es lento. En las primeras dos generaciones se licenciaron tres personas y esperan que en la tercera salgan seis más. “En el año 2000 teníamos diez antropólogos forenses en el país y ahora no superan los 28, de los que la mitad trabajan para la Procuraduría General de la República”. La falta de personal capacitado es clave en este lío.

Ortega conoció a los familiares organizados a partir de talleres de capacitación que brindó para sus búsquedas ciudadanas, por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; luego, el Grupo Vida pidió a la Fiscalía de Coahuila que la ENAH la enviara como perito independiente a Patrocinio. “La premisa es no cobrar un solo peso por ello y no tener ninguna participación política, pero creímos que era importante no solo coadyuvar con la Fiscalía en la metodología de trabajo, sino también que las familias empiecen a entender que hay mucha información que se puede rescatar de estos puntos, que es algo que ya conocen porque la utilizan para buscar, por eso son tan buenos como buscadores”.

El problema es otro, advierte la forense: “Las familias siguen el interés inmediato que es la esperanza de encontrar a su familiar, pero no tienen conciencia de toda la información que están arrasando que tiene que ver con la justicia. Muchas veces me pregunto: ¿Por qué la autoridad está permitiendo todo esto? Hay un Estado nada tonto que dice, perdón por la expresión, pero dice: ‘Ahí está tu muerto, lo identifico, pero ya no estés molestando’. Y no persigue el delito y parece que eso conviene. Sigamos entregando cuerpos, que la justicia sigue vedada. Eso es realmente lo que está pasando ahora”.

Fanny, la hija menor de Silvia y Óscar, fue desaparecida en 2004, cuando volvía de casa de una amiga. Tenía entonces 16 años y fue uno de los primeros casos que sacudieron Torreón. Diez años después, sin nada que lo sustentara, el procurador de justicia local anunció públicamente —y fue desmentido— que la habían encontrado viviendo en Estados Unidos, siguiendo una hipótesis repetida pero no probada de que a la niña la secuestró uno de los líderes de Los Zetas para convertirla en su pareja forzosamente.

Los Zetas fueron fundados por una treintena de exintegrantes de un grupo especial del Ejército (de siglas GAFE) creado en la década de los 90, destinados a realizar tareas policíacas en la frontera norte de México a partir de 1997. Aunque el Ejército mexicano jamás ha reconocido la filiación que tiene con el grupo criminal, algunos trabajos periodísticos han logrado documentar los nombres y trayectorias de los militares fundadores.

De lo que no hay duda es de que la explosión en la cifra de personas desaparecidas en Torreón a partir de 2009 se corresponde con la entrada de Los Zetas a la ciudad. En julio de 2017, distintas organizaciones de Coahuila presentaron un conjunto de casos que conforman un patrón de violaciones de los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional, dada la falta de acceso a la justicia en los tribunales mexicanos. Michel Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que Los Zetas son el nexo que explica cómo la práctica de la desaparición forzada saltó de los confines del Estado a los distintos grupos del crimen organizado y se generalizó, gracias a ellos.

Cada mañana invariablemente al despertar, Silvia redacta una pequeña plegaria que jamás es la misma, pero que siempre ruega a dios que libere al cautivo de las manos del opresor y le traiga la paz que necesita.