México: se busca verdad y justicia para más de 37.000 desaparecidos

Gabriela Martínez Reyna vendía perfumes y productos de belleza en Ciudad de México. La noche del viernes 10 de diciembre de 2010 recibió la llamada de un conocido y salió para encontrarse con él. Vivía con su madre, María Cristina, que le llamó la atención sobre la hora y le pidió que se diese prisa en regresar. Gabriela recibió una llamada de su madre media hora después, sobre las once menos cuarto. Dijo que ya volvía, pero nunca llegó a la casa y su teléfono dejó de dar señal. Entonces tenía veintinueve años y lleva desaparecida casi ocho.

María Cristina no quiere exponerse públicamente, ni que su foto salga en la prensa, pero el 30 de agosto la convencieron para decir unas palabras en la movilización en Ciudad de México por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

La desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares son delitos continuados, que no dejan de cometerse hasta que no se determina el paradero y la historia de la persona desaparecida. Por eso no prescriben. En México hay más de 37.000 víctimas de estos delitos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desparecidas. La mayoría de las desapariciones se dan a partir de 2007, año que dio comienzo a la militarización de la seguridad pública del país y la “guerra contra el narco”, declarada bajo el mandato del presidente Felipe Calderón.

María Cristina es jubilada y cuida del hijo de Gabriela, que ahora tiene dieciséis años. Mientras cuenta su historia en las oficinas de Serapaz, una asociación civil que promueve los Derechos Humanos y la transformación positiva de conflictos, le consulta dudas sobre fechas o el nombre correcto de ciertas instituciones a Jannet Carmona, colaboradora de la organización en el área de desapariciones.

Como tantas madres en México, no sabía cómo lidiar con los fiscales para conseguir que hagan su trabajo de búsqueda, ni de ir a morgues a buscar cuerpos que puedan ser el de su hija, ni de organizarse con sus semejantes para reclamar sus derechos como víctima, ni de buscar restos óseos en descampados lejos de Ciudad de México. Pero tuvo que hacerlo, y cuando lo cuenta no quiere caer en imprecisiones.

María Cristina forma parte del colectivo Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, uno de los más de setenta que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Se unió en 2012, después de conocer a su portavoz, Nancy Rosete, en el Servicio Médico Forense de Barrientos (Estado de México), en una de sus búsquedas por las morgues del centro del país.

De la guerra sucia a la guerra contra el narcotráfico

Para explicar el fenómeno de la desaparición forzada en México, Carmona se remonta a los años sesenta y setenta. En esa época comienzan a darse casos de desaparición forzada contra estudiantes, activistas y guerrilleros, en una dinámica de represión política que se conoció como “guerra sucia”. Entonces, la desaparición forzada estaba localizada en estados como Guerrero, Jalisco, Sinaloa o Michoacán.

Con la ola de violencia que se da durante la llamada guerra contra el narcotráfico, las desapariciones aumentan dramáticamente y se dispersan por todas las regiones del país, de acuerdo a lógicas distintas. Carmona explica que hay dos tipos de desapariciones: la que implica a fuerzas de orden público —desde el Ejército hasta las policías municipales—, que califican como desaparición forzada, y las cometidas por el crimen organizado o “por particulares”. Ambas están cubiertas por una ley aprobada en 2017, aunque las primeras merecen penas mayores.

¿Cuál es la lógica de la desaparición en México? Carmona explica que es múltiple y cambia con el tiempo y los lugares, pero el trabajo de las familias organizadas ha permitido identificar rasgos comunes y tipologías más allá de la mayoría de hombres jóvenes que son víctimas de ese delito. A partir de 2010 ya no hay un perfil claro de clase social o características físicas: desaparecen profesionales técnicos —de telecomunicaciones, de la industria petrolera— en el norte del país, presumiblemente secuestrados por el crimen organizado para explotar sus conocimientos; mujeres jóvenes con fines de trata de personas; trabajadores mineros que podrían ser forzados a trabajar en campos de amapola o marihuana; hombres jóvenes que se convierten en reclutas forzosos de las organizaciones…

El periodista italiano Federico Mastrogiovanni, autor del libro sobre las desapariciones en México Ni vivos, ni muertos (Debolsillo, 2016), sostiene la hipótesis de que la desaparición forzada es una estrategia de terror que en última instancia sirve para desplazar población de los lugares ricos en recursos minerales e hidrocarburíferos, para eliminar así eventuales resistencias a su explotación privada.

María Cristina sigue buscando a su hija. Meses después de que se la llevaran, la Procuraduría General de Justicia (Fiscalía) obtuvo la relación de llamadas a su teléfono, y la ubicación de los dispositivos. El celular que le estuvo llamando todo el día en que desapareció, al que respondió cuando salió de su casa por la noche, se había desplazado muy rápidamente fuera de la ciudad. Otra pista telefónica lleva a Tlaxcala, un estado del centro del país que se considera un corredor de la trata de personas con fines de explotación sexual, pero nunca encontraron a los secuestradores.

Un problema es que todas esas pistas llegaron meses después de que Gabriela desapareciera. Para denunciar una desaparición formalmente tienen que haber pasado 72 horas, de modo que las posibilidades de encontrar a una persona con vida se reducen drásticamente durante ese lapso. A lo largo de su relato, la madre de Gabriela lamenta la falta de medios de muchas oficinas públicas encargadas de investigar, pero también la falta de medidas políticas para frenar la inseguridad y la violencia en el país. También cuenta que dejó sus muestras de ADN en un registro nacional. “Con eso espero encontrarla algún día”, dice.

Víctima, activista, desplazada

La exposición pública en la lucha por la verdad y la justicia a menudo tiene consecuencias. Michelle Quevedo Orozco, una joven de 28 años, las sufre cada día como desplazada interna en la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2014 sobre las nueve de la mañana, una banda secuestró a su hermano de diecinueve años en el municipio de Medellín, estado de Veracruz. Se llamaba Gerson Quevedo Orozco y era estudiante de Arquitectura . Le exigieron un rescate a ella, pero nunca devolvieron a Gerson.

Esa misma noche, un conocido llegó a la casa familiar y dijo que creía saber dónde lo tenían. Fueron a buscarlo en coche su hermano pequeño, Alan Quevedo Orozco, de 15 años, y su novio, Miguel Caldelas Morales, de 25 —durante todo su relato, lento pero sin interrupciones, Michelle recitará con precisión los apellidos de sus familiares, sus edades y sus ocupaciones— fueron a buscarlo en coche a un edifico residencial. Les dijeron que se fueran, que allí no estaba. Tomaron una fotografía de la matrícula de un vehículo estacionado allí y se fueron en su coche. A pocas cuadras, dos coches les interceptaron y varios hombres armados asesinaron a tiros a Alan y a Miguel.

Michelle y sus padres velaron los cuerpos y salieron del estado por amenazas. La policía del lugar, que durante las primeras horas del secuestro les recomendó esperar y no les apoyó en la búsqueda, les sugirió huir para preservar su seguridad. Ahora forman parte del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y llevan escoltas de la Policía Federal durante sus actividades cotidianas.

Su madre, Marisela Orozco, es cofundadora del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y Michelle se ha ido involucrando en tareas de acompañamiento a otros familiares de víctimas. Es licenciada en Comercio Internacional, pero ha empezado a estudiar Criminalística.

En diciembre de 2017, los restos óseos de Gerson, su hermano secuestrado, aparecieron en Colinas de Santa Fe en Veracruz, uno de los cementerios clandestinos más grandes jamás encontrados en el país. Según la investigación de la Fiscalía, once personas participaron en el secuestro y desaparición: uno está sentenciado; dos están detenidos y en proceso judicial; el fiscal pidió la detención de otros seis, pero un juez del estado de Veracruz la denegó; uno está desaparecido y a otro más no lo pudieron identificar.

Un nuevo gobierno y una ley por implementarse

Michelle fue parte del equipo negociador que consiguió la Ley de desaparición, en vigor desde enero de este año. Esa ley tipifica los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y establece un Sistema Nacional de Búsqueda.

Su aprobación fue un éxito del Movimiento, pero por el momento su implantación está resultando decepcionante para las víctimas y las organizaciones que las acompañan: no conocen el estado del reglamento que se debe aprobar, el diálogo está parado y no saben qué pasos se están dando para que funcione el Sistema Nacional de Búsqueda.

Hacer justicia y paz en un país que ha registrado 240.000 víctimas de homicidio desde 2007 y alcanzó su máximo histórico en 2017 no será fácil

Mientras tanto, los primeros foros de pacificación promovidos por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se han celebrado en medio de mucha confusión y polémica. En ellos, representantes del próximo gobierno exponen propuestas poco desarrolladas en torno a la idea de reconciliación nacional, la implantación de una amnistía a personas involucradas en el narcotráfico con delitos no violentos, la legalización de algunas drogas y, en general, la implantación de mecanismos de justicia transicional.

“Las familias necesitan saber de qué le están hablando: queremos saber de qué va y a partir de ahí poder tomar una postura”, explica Carmona, de Serapaz. “Es una agenda que viene por parte del Estado, pero por parte del movimiento de víctimas nosotros tenemos claro cuál es nuestra agenda. Más que competir entre agendas, queremos que la nuestra sea una prioridad para el Gobierno”, reclama.

De esa agenda, Carmona destaca tres necesidades: evitar las jerarquías entre las víctimas y reconocer su diversidad, conocer las experiencias internacionales de justicia transicional a través de las víctimas y comprender que ese proceso podría exceder el sexenio de López Obrador.

Hacer justicia y paz en un país que ha registrado 240.000 víctimas de homicidio desde 2007 y alcanzó su máximo histórico en 2017 con una tasa anual de 25 homicidios por 100.000 habitantes no será fácil. Para algunos, el nuevo gobierno representa una esperanza de ser mejor escuchados y experimentar políticas de seguridad diferentes. Sin embargo, los mensajes son contradictorios. Tras acercamientos recientes del presidente electo a la cúpula militar, se está poniendo en duda la retirada del Ejército de labores de seguridad pública, anunciada en un plazo de tres años.

“Justo hace unos días sacaron una nota donde dicen que Andrés Manuel va a seguir con la militarización del país”, recuerda Michelle. “Teníamos la esperanza de que Andrés Manuel pudiera cambiar todo este tema, y pues resulta que va a seguir con lo mismo. Entonces sí me da un poco de miedo que si sabemos que desde que se empezó a militarizar el país fueron incrementando todas esas desapariciones, sigamos con el mismo trayecto, con el mismo que venían todos los demás presidentes”, advierte.