Dependencia
Más de 32 mil personas murieron en 2025 esperando atención a la dependencia

La atención a la dependencia en el Estado español está virando hacia “un sistema low cost”, como expone el XXVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. A pesar de que en 2025 se alcanzó el “máximo de inversión en el Sistema de Atención a la Dependencia”, que supone el 0,8% del PIB, “la mitad de lo que dedican de media los países en la UE”. Como indica el informe, a pesar de la leve tendencia creciente, “la burocracia y el escaso desarrollo del sistema” en algunas comunidades “limitan el impacto del Plan de Choque”, explica.

Por ello se produce una situación que puede parecer un contrasentido: a pesar del máximo en el nivel de inversión, el pasado año se produjo “un aumento de las personas en limbo de la dependencia”. 32.704 personas murieron esperando en las listas de espera de la dependencia en el país, casi 18 mil esperando una resolución y 14.710 sin haber podido disfrutar de la prestación una vez reconocida. Es decir, en 2025, cada 16 minutos murió una persona en esta situación de espera, lo que supone 90 personas al día.

A final de 2025, 148.907 personas se encontraban en el limbo de la dependencia

Actualmente, el 3,6% de la población necesita apoyos para el desarrollo de su vida diaria, lo que supone más de un millón y medio de españolas y españoles en situación de dependencia. A final de 2025, 148.907 personas se encontraban en el limbo de la dependencia.

Desigualdad territorial

En cuanto al tiempo de espera para recibir las ayudas, las cifras varían entre comunidades. El tiempo medio estatal es de 341 días, una cifra que aumenta en siete jornadas y 17 con respecto a 2024 y 2023, lo que señala una tendencia al alza en la espera. Murcia, Andalucía y Canarias superan los doce meses para recibir la atención necesaria. En Murcia las personas esperan de media un año y siete meses, en Andalucía un año y cuatro meses y en Canarias un año y dos meses.

En el caso de Murcia, el dictamen señala un sistema especialmente debilitado, con altos niveles de desatención y un importante volumen de personas atrapadas en trámites. Más del 13% de las personas con derecho reconocido no recibe ninguna prestación, una de las tasas más elevadas del Estado, lo que evidencia un atasco estructural en la gestión. Además, la comunidad se sitúa entre las que presentan menor desarrollo del sistema, con un modelo que prioriza prestaciones económicas de baja cuantía frente a servicios profesionales, consolidando esa deriva hacia un sistema de cuidados más precario.

En Andalucía, el informe pone el foco en el crecimiento del llamado “limbo de la dependencia”. En 2025, esta situación aumentó en más de 6.600 personas, superando ya las 40.000 personas pendientes de recibir prestación pese a tener el derecho reconocido. A esto se suma que casi 7.000 personas fallecieron en un solo año en listas de espera.

En Canarias, el informe expone la desconexión entre reconocimiento y atención efectiva. Es la comunidad con mayor porcentaje de personas en el “limbo de la dependencia”, alcanzando el 28,6%, muy por encima de la media estatal que es del 8,3%. Aunque la Comunidad de Madrid no aparece entre las peor situadas del Estado en términos de limbo de dependencia, el estudio señala importantes deficiencias en el modelo de atención.

Un 72,3% de las 735.889 personas cuidadoras reconocidas en 2025 son mujeres.

En contraste, comunidades como Galicia y Castilla y León se sitúan entre las que mejor funcionan según el informe. Galicia presenta una de las tasas más bajas de lista de espera del país, en torno al 1,5%, la segunda tras Aragón con tan solo 1,3%. En Galicia solo 88 personas fallecieron en 20025 sin optar a la prestación, una cifra muy baja con respecto a la media estatal. En Castilla y León el tiempo de espera medio es tan solo de 113 días.

Los cuidados siguen feminizados

El perfil de quienes cuidan sigue siendo eminentemente femenino. Un 72,3% de las 735.889 personas cuidadoras reconocidas en 2025 son mujeres, una cifra prácticamente igual que la del año anterior. El 47,7% de estas mujeres tienen entre 50 y 66 años, y el 22,8% son madres. Un dato que sorprende es que un 7,2% de las personas cuidadoras tienen más de 80 años. Tan solo un 13,4% de las personas cuidadoras familiares se han dado de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la Seguridad Social.

El informe, además, hace hincapié en la precarización de las personas que trabajan de forma profesional en el sector: “Esta sociedad tiene que aumentar el valor que le concede a la labor de cuidados, lo que se traduce en la revalorización de los empleos destinados a cuidar a las personas. Es necesario equiparar los salarios de los profesionales del sistema de atención a la dependencia con los salarios de similares profesionales del sistema sanitario”. Al menos el 30% de estas trabajadoras son personas migrantes.

Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales insisten en exigir a las administraciones que tengan el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en inversión en servicios sociales. También que se desarrolle una “prestación económica vinculada al servicio residencial” para que las personas en situación de dependencia puedan elegir un centro “sea cual sea su situación económica”, así como que la normativa de residencia permita modelos alternativos como apartamentos o viviendas adaptadas.