Cuidados
CC OO propone una batería de ayudas económicas para la conciliación

El sindicato plantea que se respalden económicamente las únicas medidas de conciliación que se han tomado como consecuencia de la crisis del covid-19 y que posibilitan la adaptación o la reducción de la jornada, con la pérdida salarial que esto implica. 

Aula vacía
Las escuelas están cerradas desde marzo y aún hay incertidumbre sobre su reapertura en septiembre Wikimedia Commons
27 may 2020 14:00

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha presentado este mediodía un documento con medidas para facilitar la conciliación en el marco de la crisis del covid-19. Consideran, según su coordinador general Unai Sordo, que si bien desde que se declaró el estado de alarma “se han tomado una serie de medidas sociales y económicas sin ningún precedente en nuestra historia”, dado el momento también inédito que atraviesa el país, estas se han centrado en el plano sociolaboral —ERTE, contención de los despidos, ampliación de los subsidios de desempleo, ayudas a autónomos— que se ha traducido en que 5.750.000 personas, un 29% de la población activa, se beneficien de un modo u otro de estas medidas.

Sin embargo, recuerda Sordo, fuera del ámbito sociolaboral, dos pilares quedan pendientes de abordar desde el Ejecutivo, por un lado el de muchas personas que no cuentan con ningún ingreso laboral ni prestación derivada del empleo, que serían las potenciales beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, medida que, tras semanas de debate, debería anunciarse en breve. Y el segundo, el de aquellas personas que se están viendo afectadas por la crisis de conciliación derivada del cierre de centros educativos y de atención a personas dependientes.

De los fondos que se han volcado en el tejido laboral y empresarial y que ascenderían a un paquete de 145.000 millones de euros, orientándose un 3,2% del PIB a ayudas y prestaciones a trabajadores y un 9,4% del PIB al apoyo a la liquidez de las empresas —según las cifras que ha ido desgranando Sordo—, no hay aún ninguna partida dedicada a la protección de quienes han tenido que reducir su jornada laboral, o recurrir a excedencias —medidas todas previstas en el real decreto del 17 de marzo— a través de alguna compensación económica.

Por esto “desde Comisiones Obreras consideramos necesario y urgente habilitar una línea de apoyo económico en materia de conciliacion y responsabilidad”, ha afirmado Elena Blasco, secretaria de Mujeres e Igualdad. Blasco ha precisado que ante “las distintas fases del confinamiento y la incorporacion paulatina a los lugares de trabajo, se incrementarán las dificultades”. Asimismo ha insistido en que las medidas propuestas por el sindicato para abordar la conciliación parten de la premisa de que “estos problemas no son únicamente de las mujeres, que este es un tema que tenemos que abordar como una prioridad social”.

“Desde Comisiones Obreras consideramos necesario y urgente habilitar una línea de apoyo económico en materia de conciliación y corresponsabilidad”

En este sentido la propuesta se articula en dos ejes: el primero incide en el fomento de la adaptación de jornada “como una de las mejores medidas en este ámbito” y que correspondería a la empresa facilitar. El segundo eje se refiere a tomar en consideración que “los mecanismos correctores recogidos en el real decreto como son las excedencias o las reducciones de jornada no tengan un impacto negativo de género”. Efecto este que puede abundar en las desigualdades estructurales que se traducen en la brecha salarial, la asimetría en el reparto de tareas de cuidados, o las inequidades en la promoción laboral o la cuantía de las pensiones.

Lo que el sindicato propone en concreto es un “paquete de ayudas económicas para favorecer medidas de conciliación necesarias para hacer frente a los cuidados”, según introducía la secretaria de Acción Sindical Mari Cruz Vicente. La propuesta se centra tanto en medidas ya recogidas en la legislación ordinaria sobre adaptación y reducción de jornada, como aquellas de carácter extraordinario propias de este periodo excepcional que no cuentan por ahora con dotación económica.

Estas ayudas estarían dirigidas a personas trabajadoras con hijos e hijas menores de 12 años o hasta 18 en caso de menores con diversidad funcional, pero también pensadas para quienes tengan personas dependientes a cargo que sean familiares hasta segundo grado. La propuesta establece un límite de ingresos por unidad familiar que corresponde a dos veces y media el salario medio. Es decir, quienes tengan salarios por encima de 68.482 euros quedarán excluidos de las ayudas, tomándose como referencia el salario de la unidad familiar existente a fecha de 9 de marzo, coincidiendo con el principio del cierre de escuelas.

A este apoyo económico podrían acogerse quienes reduzcan su jornada un 30% o más, o deban tomar una excedencia

A este apoyo económico podrían acogerse quienes reduzcan su jornada un 30% o más, o deban tomar una excedencia. La ayuda a aportar sería mayor para aquellos hogares que ingresen por debajo de los 27.500: para una reducción de jornada del 100% cobrarían el IPREM (548 euros) en su totalidad. Quienes contasen con salarios superiores a ese límite cobrarían un 80% del IPREM en caso de reducir totalmente su jornada. La cuantía se definiría en proporción a las horas que se reduzcan y nunca estarían por debajo del 50% del IPREM.

En el documento que CC OO espera poder discutir en el marco del diálogo social se prevén una serie de correcciones para dar respuesta a situaciones específicas como son las de las familias monomarentales y las numerosas, las víctimas de violencia de género, o quienes tengan a cargo familiares con dependencia severa. En estos cosas las cuantías correspondientes se ampliarían en un 30%.

En la propuesta se plantea así mismo fomentar la corresponsabilidad incrementando en un 10% la ayuda para aquellas familias en las que ambos progenitores compartan la reducción de horas al mismo nivel. Además estudian plantear una subvención para aquellas empresas que faciliten la adaptación de jornada y “lo puedan mostrar de manera fehaciente”.

Por último desde el sindicato apuestan por incluir a las comunidades autónomas para que puedan complementar las medidas propuestas al Ejecutivo, un paquete que aún no tiene un presupuesto estimado, dada la dificultad de prever cuántas familias solicitarían este apoyo económico. “Lo que queremos es poner esta cuestión en la agenda política”, ha defendido Sordo.

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