Huelga general
Una huelga general por la vivienda es posible y necesaria

Traducido al castellano con permiso del autor. Publicado originalmente en: https://nautilusmarxiani.wordpress.com/2025/06/17/una-vaga-general-per-lhabitatge-es-possible-i-necessaria/ 

Todas las trabajadoras compartimos una preocupación fundamental: llegar a fin de mes sin estar en números rojos. O sea, que el salario que ganamos con nuestro esfuerzo diario sea suficiente para pagar todos los gastos que la organización social de la producción, el capitalismo, nos obliga a realizar. No producimos ni nuestra comida, ni nuestras prendas, ni tampoco las viviendas donde vivimos, por citar las tres necesidades más básicas. Debemos comprar todo lo que necesitamos para vivir. Además, en nuestros trabajos, los dueños nos pagan mucho menos de lo que producimos. De hecho, según el Banco Mundial el valor de las ventas producidas de media por cada trabajadora en el Estado español es de unos 100.000 dólares, muy por debajo del salario medio.

Los salarios reales llevan estancados décadas y, en cambio, todo lo necesario para vivir no ha parado de encarecerse, por lo que a la mayoría de la gente trabajadora nos han empobrecido. Las políticas de congelación de salarios (también llamadas “moderación salarial”), unidas a la subida de los alimentos y la especulación inmobiliaria, ahogan cada vez más a sectores de la clase trabajadora.

Alguien podrá decir que la lucha por la vivienda es una cuestión que está fuera de los convenios colectivos, del Estatuto de las Trabajadoras o de la Seguridad Social, y que, por tanto, podría tratarse de una huelga ilegal. Antes de continuar, creo que vale la pena explicar de forma resumida de dónde proviene esta supuesta ilegalidad.

El Real decreto 17/1977

La ley que regula la huelga en España es un decreto de 1977 que fija algunas cosas, otras las deja abiertas, pero es meridianamente claro en cuanto a qué huelgas son ilegales. En su artículo 11 estipula que una huelga será ilegal en tanto tenga fines políticos ajenos al interés profesional de las trabajadoras afectadas, como las huelgas de solidaridad y aquellas que quieran ir contra un convenio vigente.

Esta ley es de 1977, un año después de 1976, el año con más huelgas de la historia del Estado español. Huelgas como la de Gasteiz, que se extendió por buena parte del País Vasco; la huelga de la Forsa en Cornellà, que empezó a finales de 1975 pero que acabó derivando en una huelga de solidaridad en toda la comarca del Baix Llobregat. El 12 de noviembre de 1976 se llegó a convocar una huelga general contra las medidas de ajuste laboral y económico del gobierno de Adolfo Suárez –no escogido democráticamente (lo había puesto el rey después de la huelga de Gasteiz)– y por la amnistía y las libertades democráticas.

O sea, ni un año después de que la clase trabajadora demostrara su poder político real, siendo capaz de cortocircuitar el sistema, la clase dominante dictaminó que las huelgas políticas y las de solidaridad serían prohibidas. Con un simple decreto se pretendía acabar con la fuerza que había contribuido a acabar con el franquismo. Después, con la externalización y la creación de holdings , se permitió a los empresarios segregar empresas de un mismo conglomerado con una legislación orientada a limitar la capacidad solidaria de la clase trabajadora. Un ejemplo claro fue la segregación de SINTEL, la empresa de Telefónica que realizaba las instalaciones de cable telefónico y que fue segregada de la matriz con el único objetivo de externalizar esta parte imprescindible del negocio en subcontratas. Una vez segregada fue vendida a Mastec, una empresa propiedad del exiliado cubano Mas Canosa afincado en Miami. Cuatro años después éste habría descapitalizado la compañía y acabado con una plantilla organizada y reivindicativa. En todo el período la plantilla de Telefónica no pudo convocar huelgas de solidaridad.

¿Alguien conoce alguna ley que limite la capacidad política de la gran burguesía? Cuando Ferrovial decidió cambiar su sede en Bruselas para presionar al gobierno central, no hubo ninguna ley que lo impidiera. Cuando, durante el 2017, La Caixa, Banco Sabadell, Abertis, Codorniu y otras 300 empresas decidieron trasladar sus sedes corporativas fuera de Catalunya utilizando todo su poder económico como arma política, ninguna ley se lo impidió.

Así pues, las huelgas políticas y de solidaridad están prohibidas por la ley porque demostraron que eran, son y serán una herramienta formidable en manos del movimiento obrero, y era necesario debilitarlo. Esta prohibición no es algo menor, dado que despolitiza los espacios donde se produce la riqueza del sistema y orienta el sindicalismo hacia una esfera economicista, además de hacer muy difícil que las organizaciones políticas puedan establecer núcleos en los centros de trabajo.

El precio de la vivienda y la disputa del salario

Sin embargo, aquél que diga que una huelga por la vivienda sería ilegal y, por tanto, no se puede hacer, o bien está de parte de los rentistas, o bien no está por la labor.

La subida de los precios de la vivienda justifica una subida generalizada de los salarios. De hecho, el IPC (Índice de Precios de Consumo) para 2025 pondera la vivienda con un 12% sobre el total. En cambio, si tomamos el salario bruto medio de 2024 a nivel estatal, era de 2.642 € brutos mensuales por 12 pagas. Si el precio del alquiler medio en Cataluña era de 18,7 € por metro cuadrado, para alquilar un piso de 80 metros cuadrados debería dedicarse 1.496 €, es decir, un 56,6% del salario medio.

Pero realmente el salario medio bruto no refleja bien la distribución salarial. Si Mbappé y una persona que cobra el salario mínimo estuvieran en una habitación, el salario medio sería de 16 millones de euros, dado que Mbappé tiene un salario reconocido de 31,25 millones de euros. De hecho, la mediana del salario en Cataluña en 2024 era de 23.134 € brutos, es decir, que la mitad de las trabajadoras en activo cobran menos de esa cantidad. Si volvemos a realizar el cálculo, el 50% de las trabajadoras que quisieran alquilar un piso de 80 m² en Cataluña deberían dedicar el 76,6% de su salario. Un 68,8% cobra menos del salario bruto medio. Y un 20% de la población cobra menos de 18.500€ brutos anuales.

¿Cómo puede ser que el IPC menosprecie tanto el peso de la vivienda en las rentas de las clases populares en general y de la clase trabajadora en particular? ¿Cómo puede ser que el mecanismo al que, en el mejor de los casos, se referencian los salarios no recoja el principal gasto de la gente trabajadora?

Algunos pueden decir que, claro, la vivienda es un gasto importante para cierta parte de la población y para otra no. Y ciertamente es difícil generar un índice de referencia que homogenice los gastos de las distintas clases sociales, porque éstas son distintas. Sin embargo, según demuestra José Bernaola en su artículo en El Salto, la ponderación de la vivienda en el IPC es muy baja para muchos sectores de la clase trabajadora y, además, se sobre-representan los sectores con más ingresos, dado que partidas como hoteles y restaurantes a las que las trabajadoras con menos ingresos raramente acceden y cuando lo hacen pagan mucho menos que las clases dominantes - tienen un peso desproporcionado.

Además, los salarios se negocian cuando existe un convenio con el período de vigencia expirado; en cambio, la evolución de los precios se produce en todo momento, basada en expectativas, situación económica y políticas públicas.
Por este motivo, el IPC se convierte en una herramienta dudosa para referenciar salarios y pensiones.

Pero la situación no termina ahí. La OCDE, poco sospechosa de hacer sindicalismo, publicó un informe el año pasado en el que valoraba que los salarios reales en el Estado español han estado estancados desde 1993 hasta el 2023. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que la subida de la vivienda, recogida de forma muy limitada en el IPC, ha generado un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora y un enriquecimiento de aquellos poseen viviendas y viven de su mercantilización (rentistas). Cuando la vivienda sube de precio, quienes la poseen ven incrementada su renta disponible; en cambio, aquellas que deben pagarla se ven con mayores dificultades económicas, y encima las posibles subidas de salario no recogen ni de lejos el encarecimiento de la vivienda debido a la deficiente configuración del IPC. Por tanto una huelga general por el crecimiento del poder adquisitivo de las trabajadoras articulado con diferentes reivindicaciones sería totalmente legal.

Hablemos de huelgas

Por tanto, existen las circunstancias para avanzar hacia una huelga general para hacer crecer los salarios reales. Ésta es una reivindicación plenamente laboral. Esta huelga debe construirse sin sectarismos y partiendo de la situación real.

Las direcciones de CCOO y UGT, por ahora, no están por la labor de convocar una huelga general mientras dure el gobierno de coalición del PSOE y Sumar. Tampoco lo estaban demasiado bajo los gobiernos del PP. La última huelga general estatal en la que CCOO y UGT convocaron fue el 29 de noviembre de 2012, contra los recortes impulsados ​​por la UE. Pese a la combatividad y la masividad de la huelga, reforzada por la participación de miles de personas que se habían despertado políticamente durante el 15-M (y que daba continuidad a la huelga del 29 de marzo del mismo año, contra la reforma laboral del PP), CCOO y UGT renunciaron a continuar con la dinámica de huelgas generales. Aunque el gobierno de Rajoy duró hasta 2018. El sindicalismo alternativo se dedicó en 2013 a construir las Marchas de la Dignidad, un espacio donde la izquierda sindical se relacionaba con movimientos sociales y organizaciones políticas. Fue capaz de movilizar a 2 millones de trabajadoras en Madrid el 22 de marzo de 2014, pero desaprovechó el momento para impulsar una huelga general (en principio) sin CCOO y UGT. Es inútil hacer política-ficción, pero no puede dejarse de decir que con 2 millones de personas había tanto la oportunidad como las fuerzas reales para avanzar hacia una huelga general.

En Cataluña, el sindicalismo alternativo convocó huelgas generales el 3 de octubre de 2017, convocada por la IAC, CGT, la Intersindical y la COS; el 8 de noviembre de 2017 (Intersindical); o el del 18 de octubre de 2019 (la IAC y la Intersindical), demostrando que si la izquierda sindical conecta bien con un movimiento social, es capaz de vaciar los puestos de trabajo para llenar las calles, movilizando a personas que normalmente tienen como referencia CCOO y UGT. De hecho, CCOO y UGT se acabaron sumando en el último momento a la huelga del 3 de octubre mediante lo que llamaron “parón de país”. Lo mismo ocurrió con la huelga general feminista del 8 de marzo de 2018. El trabajo del movimiento feminista, y de las sindicalistas feministas que forman parte, logró que a mediados de enero diferentes sindicatos –CNT, CGT, CUERPO, la Intersindical y la IAC– fueran anunciando que convocarían huelga general para el 8 de marzo. El ambiente que se iba generando era tal que el 9 de febrero CCOO y UGT acabaron convocando dos horas de huelga por la mañana y dos por la tarde.

Más recientemente la Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS han convocado una huelga general en el País Valenciano para exigir las compensaciones necesarias para las trabajadoras y un giro en la política de vivienda. La huelga ha sido calificada como un éxito por sus organizadoras y ha permitido acercar el sindicalismo de los puestos de trabajo al activismo vecinal de los comités de reconstrucción, es decir, ha significado un paso adelante en la desfragmentación de la clase trabajadora.

A nadie se le escapa que el feminismo dio un salto adelante con las huelgas generales feministas de 2018 y 2019, pero lo que es menos conocido es que la brecha salarial entre hombres y mujeres pasó de un 23% en 2017 a un 17% en 2022. Aún queda mucho por avanzar, pero lo que es innegable es que las huelgas generales han tenido un impacto. A lo largo de la historia, cuando un movimiento social es capaz de utilizar el poder que tenemos como clase trabajadora, se suelen conseguir victorias que redundan en el bienestar de la clase trabajadora en general. En definitiva, se trata de desarrollar la perspectiva de la lucha de clases y entender que, paradójicamente, en los lugares en los que se nos explota colectivamente radica nuestro principal poder. La huelga no es el objetivo en sí mismo, sino una de las principales herramientas para afrontar el robo que sufrimos con la vivienda, desde una perspectiva de clase.

Cómo lo hacemos: construcción laboral y social de la huelga

Todas las huelgas comentadas en el apartado anterior se construyeron desde el trabajo conjunto del sindicalismo laboral y los movimientos sociales.

El movimiento por la vivienda está creciendo tanto en extensión como en capacidad organizativa. Ha logrado cambios legislativos con efectos positivos, aunque sistemáticamente son contestados por las élites. Cada vez hay más núcleos organizados en torno a los sindicatos de inquilinas, PAHs, PAHCs; ahora han empezado a aparecer grupos de trabajadoras del sector público que denuncian los desahucios en sus puestos de trabajo: docentes, personal sanitario, bomberas, personal de servicios sociales…

Las trabajadoras por lo general tienen problemas graves de acceso a la vivienda en cada vez más ciudades y pueblos. También se está incrementando el número de personas que deben cambiar de ciudad para poder mantener una vivienda, y cada vez más gente vive de alquiler compartiendo habitación.

Por tanto, existe una base organizada minoritaria pero significativa. Existe la necesidad de hacer crecer los salarios y bajar los precios de la vivienda para redistribuir más equitativamente la riqueza. Ahora nos falta construir la huelga. Las compañeras feministas picaron piedra explicando por todas partes por qué era necesaria una huelga general feminista; en las Marchas de la Dignidad se estuvo prácticamente nueve meses dando charlas por todas partes explicando que era posible convocar a un millón de personas en Madrid, y finalmente fueron dos.

Para hacer crecer el salario real y bajar el precio de la vivienda debemos ser capaces desde el sindicalismo laboral, el movimiento por la vivienda en su diversidad y las organizaciones políticas de izquierdas, de organizar una campaña unitaria. Ésta debe permitir que activistas y sindicalistas por la vivienda vayan a los puestos de trabajo y a las secciones sindicales, y que sindicalistas laborales vayan a los espacios de vivienda. Debemos acordar unas pocas reivindicaciones claras y compartidas, y situar un horizonte temporal para la huelga. Sin fijar todavía la fecha, para tratar de conseguir el máximo de implicación de los sindicatos laborales, incluidos CCOO y UGT, con una perspectiva amplia y manteniendo la capacidad de iniciativa. Hasta llegar a concretar la fecha, es necesario plantear las acciones necesarias para tener comités locales de huelga en la mayoría de barrios, pueblos y todos los centros de trabajo que podamos. ¿Os imagináis asambleas de trabajadoras en el hospital del Vall d'Hebron, en SEAT, en el aeropuerto de Girona, en el puerto de Tarragona o en el hospital Arnau de Vilanova hablando de huelga para mejorar el acceso a la vivienda? No será fácil y hay que trabajar con la “lenta impaciencia” que decía Bensaïd.

Tareas necesarias para avanzar

1. Impulsar el debate interno en las organizaciones sindicales sobre la necesidad de una huelga general centrada en la recuperación del poder adquisitivo respecto a la subida de los precios de la vivienda. Si llega a convocarse, el movimiento por la vivienda tendrá sus reivindicaciones, y las motivaciones de las trabajadoras para hacer huelga serán una mezcla de demandas laborales, sociales y políticas.
2. Defender una perspectiva lo más unitaria posible. Sabemos que las organizaciones sindicales afrontan procesos electorales que en ocasiones dificultan el trabajo unitario. No estaría mal empezar a generar un espacio de base de sindicalistas por el derecho a la vivienda, donde compañeras con diferentes realidades sindicales pudiéramos colaborar y recorrer conjuntamente el territorio para construir la huelga.
3. Trabajar para generar un espacio de trabajo conjunto entre movimientos sociales y sindicales, al estilo de lo que se llamó la plataforma del 3 de octubre o la campaña “Paramos la guerra” que permita la visualización social de la unidad de acción.