Costa de Marfil
La sociedad civil marfileña denuncia una crisis preelectoral a las puertas de los comicios presidenciales

El ambiente se carga de malos presagios en las semanas previas a las elecciones presidenciales de Costa de Marfil, tras la decisión del Consejo Constitucional, hecha pública el pasado 8 de septiembre, que da por válidas cinco de las sesenta candidaturas presentadas a los comicios del 25 de octubre.

Parte como favorito Alassane Ouattara, de 83 años y en el poder desde que ganara la guerra en abril de 2011 con el auxilio de la ONU y Francia. Aunque la Constitución marfileña limita los mandatos presidenciales a dos, el presidente Ouattara se postula a un cuarto mandato aduciendo que la reforma constitucional de 2016, propugnada por él mismo, reinició el cómputo de mandatos y le permite volver a competir por la presidencia del Ejecutivo.

Quedan fuera de la contienda política sus dos grandes rivales, Tidiane Thiam (Partido Democrático de Costa de Marfil - PDCI) y Laurent Gbagbo (Partido de los Pueblos Africanos - Costa de Marfil - PPA-CI), ahora asociados en el Frente Común. No es una sorpresa: ya se les eliminó del censo electoral el pasado mes de junio por decisión judicial. En el primer caso, se consideró que Thiam perdió la nacionalidad marfileña en 1987, al adquirir la francesa. Gbagbo, por su parte, fue excluido por condenas judiciales previas que aún le inhabilitan. 

La eliminación de ambos de la carrera electoral y la intención de perpetuarse en el poder del actual presidente marfileño se sitúan en el corazón de una creciente marea de protestas populares en el país, que mostraron su amplitud y fuerza el pasado mes de agosto, en Abiyán, cuando miles de opositores salieron a las calles a manifestarse pacíficamente.

Falta de diálogo

“El contexto electoral es muy preocupante: una mezcla del de 2010, que causó 3.000 muertes, y el de 2020, que causó 85 muertes oficialmente”, opina Pulchérie Gbalet, presidenta de la plataforma Alternativa Ciudadana Marfileña y una figura de referencia de la sociedad civil de su país. Evoca tanto la violencia de la crisis poselectoral que situó a su país en las portadas de los medios internacionales en 2011 como la de las últimas elecciones, menos publicitada, y con episodios tan traumáticos como el asesinato de Toussaint N’Guessan Koffi, un joven de 34 años que fue decapitado por partidarios del gobierno durante una marcha de la oposición en Daukro. La muerte de Koffi causó horror en un país que todavía pena por sanar sus heridas de crisis y guerras, tras la difusión de las terribles imágenes de sus asesinos jugando al fútbol con su cabeza.

Gbalet ganó notoriedad en 2020 al ser la primera en organizar una manifestación contra el tercer mandato del presidente Ouattara y ser encarcelada por ello. Le faltan dedos para contar el número de convocatorias policiales y judiciales que ha recibido en los últimos años y las amenazas de partidarios del gobierno de las que es objeto a diario. Está bajo control judicial.

La activista se inquieta por el abandono de los diálogos políticos que se llevaron a cabo en el país desde 2002 y que cesaron en marzo de 2022, mientras se acumulan los agravios contra la parcialidad de la Comisión Electoral Independiente (CEI), la inexactitud del censo electoral, el proceso electoral en sí y la exclusión de la mayor parte de la oposición. “No solo no hay diálogo, sino que los principales líderes de la oposición están excluidos del proceso electoral”, apunta, y señala que “todos son víctimas de injusticia”. Añade que hay marfileños que abandonan el país ante la falta de voluntad política para celebrar unas elecciones pacíficas y transparentes y la inminencia de un posible estallido de violencia. “Se reúnen todas las condiciones para una crisis”, remacha. “De hecho, ya estamos en una crisis preelectoral”.

Coincide con este análisis Gervais Boga Sako, profesor investigador en la Universidad Alassane Ouattara de Buaké y presidente fundador de la Fundación Internacional de Derechos Humanos y Vida Pacífica (FIDHOP) y del Grupo de Reflexión y Acción para la Democracia y los Derechos Humanos en África (GRADDH-AFRIQUE). Boga Sako vive exiliado, desde el pasado mes de junio, en Estados Unidos, donde intenta presionar al gobierno de Donald Trump para evitar un nuevo conflicto en Costa de Marfil y denuncia la deriva autoritaria del gobierno de Ouattara. “El poder se las arregló para eliminar a sus adversarios”, advierte, antes de recordar que el gobierno controla la CEI y que no se ha revisado el censo electoral, a pesar de que existe presupuesto para ello y es una obligación legal del Ejecutivo a cumplir anualmente.

La complicidad de Francia

Los candidatos admitidos a las próximas elecciones, además del presidente Ouattara, son Adjoua Henriette Lagou, (GP-PAIX); el independiente Don-Mello Sénin Ahoua Jacob; Jean Louis-Billon, (CODE), y Ehivet Simone Gbagbo (MGC). 

Con esta configuración, se repite un escenario similar al de 2020, cuando cuatro partidos fueron admitidos, dos boicotearon los comicios por considerarlos amañados y la única formación política autodenominada opositora, muy marginal, fue fagocitada por un ministerio del actual gobierno. Las tasas de voto y participación ciudadana, en este contexto, son anecdóticas desde 2015 y las políticas de reconciliación, justicia y diálogo político, inexistentes.

“El presidente Ouattara es quien sigue preservando los intereses franceses en África Occidental. El señor Macron prefiere apoyarle"

Boga Sako opina que la comunidad internacional empieza a cuestionarse un poder marfileño que denomina “problemático”, y para ello recuerda las detenciones arbitrarias de activistas y figuras de la sociedad civil y la instrumentalización de la justicia para doblegar a la oposición. Considera que el gobierno de Ouattara disfruta, sin embargo, del apoyo tácito del presidente francés, Emmanuel Macron. “Francia está perdiendo África, especialmente África Occidental y los países que crearon la Alianza de Estados del Sahel, Mali, Burkina y Níger”, sostiene. “El presidente Ouattara es quien sigue preservando los intereses franceses en África Occidental. El señor Macron prefiere apoyarle, pero sabe que si lo hace públicamente, corre el riesgo de sublevar a los marfileños contra los intereses franceses”.

Tanto Pulchérie Gbalet como Gervais Boga Sako reprochan a la comunidad internacional y, sobre todo, a las instituciones africanas su inacción ante la situación de la sociedad civil marfileña y su silencio, especialmente en el caso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). “Son clubes de jefes de Estado, no instituciones creadas para resolver los problemas de la democracia ni apoyar a los pueblos”, opina Boga Sako. “Es lamentable, porque estamos yendo hacia la crisis, nadie interpela al señor Ouattara y los marfileños son abandonados a su suerte”. “Este es el momento para que la comunidad internacional conmine al presidente Ouattara, en nombre de la paz, a que permita que todos los opositores se presenten”, sostiene Gbalet. “Es el pueblo quien debe decidir a quién quiere. No dicen nada y, cuando se produzca la crisis, es cuando vendrán”.

La represión a la sociedad civil se ha normalizado y, desde 2024, los secuestros de activistas a manos de las fuerzas de seguridad se han acentuado, acompañados por torturas y condenas judiciales 

Pulchérie Gbalet lamenta los ataques a la libertad de expresión y los derechos de la sociedad civil a través de herramientas como la ordenanza para la sociedad civil o la ley contra la ciberdelincuencia, aprobadas y ratificadas por una Asamblea Nacional y un Senado sin contrapeso de la oposición. Tanto Gbalet como Boga Sako observan que la represión a la sociedad civil se normaliza y denuncian que, desde 2024, los secuestros de activistas a manos de las fuerzas de seguridad se han acentuado, acompañados por torturas y condenas judiciales en ocasiones.

El pesimismo se hace evidente: “el partido en el poder controla todos los órganos que organizan las elecciones y puede hacer trampas”, sostiene Gbalet. Gervais Boga Sako, por su parte, considera que las trampas van a resultar más difíciles ahora que la oposición se hace oír en la calle. No obstante, ambos coinciden en que la sociedad civil marfileña está dividida y en que la inacción de la comunidad internacional está abonando el terreno para un nuevo desastre.