Una modificación del tribunal que juzgará la caja b del PP deja fuera al juez que citó a Rajoy

La modificación de la composición del tribunal que iba a juzgar el caso de la presunta caja B del Partido Popular ha supuesto la salida de uno de los dos jueces, Julio de Diego, que citó a Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel.

cacerolada genova
Cacerolada frente a la sede del Partido Popular en calle Génova, en Madrid. Álvaro Minguito

publicado
2017-11-30 09:10:00

La modificación de la composición del tribunal que iba a juzgar el caso de la presunta caja B del Partido Popular ha supuesto la salida de uno de los dos jueces, Julio de Diego, que citó a Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel.

Fuentes de la Audiencia han informado de que esta modificación es consecuencia del nombramiento de una nueva presidenta de sección María José Rodríguez Duplá que sustituye a Concepción Espejel, a quien la ley permite presidir los tribunales y, con ello, cambiar las normas de reparto.

Los cinco magistrados que forman parte de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, entre los que se encuentra el presidente de este tribunal, José Ramón Navarro, aprobaron el pasado 20 de noviembre por unanimidad las nuevas normas de reparto presentadas por la nueva presidenta Duplá el 16 de octubre.

De esta forma, se modifica el tribunal que tenía previsto juzgar esta causa, que era el mismo que se encargó de enjuiciar la primera época del caso Gürtel Lo componían Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Fueron los votos de estos dos últimos lo que provocaron que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo en el juicio, un hecho inédito hasta ese momento. Ambos han solicitado el desestimiento de las nuevas normas y reclamaban criterios "que garanticen la permanencia de los tribunales en procedimientos especialmente sensibles como el señalado". La Sala ha desechado las quejas de ambos magistrados. 

El juicio por la caja B del PP en relación con el pago en negro de las obras de su sede nacional, en el que el partido figura como responsable civil directo y donde están acusados los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el exgerente Cristóbal Páez, está pendiente de fecha para su celebración.

Poco después de este cambio, la Audiencia Nacional ha hecho pública su decisión de no remitir a la Cámara Baja parte de la documentación relativa a la presunta 'caja b' del PP que le había solicitado la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del partido del Gobierno.

La oposición, preocupada

PSOE, Podemos y Ciudadanos han mostrado su preocupación por esta decisión de última hora. Para el PSOE, estos cambios son "preocupantes" y "no ayudan a la imagen de credibilidad e imparcialidad" que debe transmitir la Justicia, según ha declarado Margarita Robles portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.

Por su parte, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que la Audiencia Nacional se comporta como "una sucursal del PP".

"Espero que no estemos hablando de un nuevo caso de politización", ha asegurado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha pedido que los magistrados hagan su trabajo con independencia y sin presiones políticas.

Irene Montero, de Podemos cree que la modificación responde e una injerencia en el sistema judicial: "Vemos movimientos de jueces que tradicionalmente han estado vinculados al PP a posiciones relevantes en la toma de decisiones, en muchos casos para juzgar casos de corrupción del propio PP".

Por su parte, el PP ha mostrado respeto por a decisón y cree que la separación de poderes no ha sufrido daños. Pablo casado, secretario de comunicación del partido, ha asegurado que acata "cualquier decisión" del Poder Judicial, tanto cuando le viene "bien" como cuando no la "comparte".

La audiencia nacional no entregará informes de la UDEF al congreso
La Audiencia Nacional ha denegado el traslado a la Comisión del Congreso de los Diputados que investiga posible financiación irregular del PP los informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) que habían sido pedidos por los diputados. Sí aportarán las resoluciones judiciales que se le soliciten. Para el presidente de esta comisión del Congreso, trabajar sin estros documentos es “casi imposible". Pedro Quevedo ha dicho haber conocido esta decisión por la prensa.



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