Corrupción
“Qué”, “quiénes” y otras claves del juicio por el robo a Abel Matutes

A finales del pasado julio, un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza anunciaba la apertura del juicio oral, todavía sin fecha, por el robo que tuvo lugar en octubre de 2013 en la sede del Grupo Empresas Matutes, en la isla de Ibiza. Tras cinco años de instrucción, el proceso ha dejado al descubierto indicios de prácticas irregulares reportadas por asuntos internos del cuerpo de policías, y por parte de abogadas y juezas, que habrían beneficiado al empresario. También se han puesto sobre la mesa pruebas que apuntan a la voluntad de no declarar el dinero sustraído por parte de la trama empresarial de la familia. Este reportaje es una guía para no perder el hilo ante el juicio que ha de celebrarse en breve.

¿Qué? El robo y lo que dejó al descubierto

Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de octubre de 2013 alguien abrió con un soplete una de las cajas fuertes del holding de empresas del poderoso clan ibicenco de los Matutes, encabezado por el que fuera ministro de Exteriores bajo el primer gobierno de José María Aznar, Abel Matutes Juan. Una sustracción que no se denunció hasta pasados dos días, el 28 de octubre, a pesar de que la empresa a cargo de la vigilancia del grupo contrató a guardas de seguridad extra ese mismo fin de semana. En un primer momento, el entonces director de seguridad del grupo empresarial, Raúl Benito, interpuso una demanda en la que aseguró que habían robado 188.000 euros. Dos días después, esta cifra se amplía hasta los 995.000 y, tras sucesivos cambios en la demanda, el monto alcanza los 2,7 millones de euros. Unas modificaciones al alza que el juez que instruía el caso tildó de “ilógicas” en un auto de enero de 2014.

A la irregularidad de ambas actuaciones se añade al hecho de que buena parte del dinero sustraído no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias. Así, según la documentación aportada por la auditora Deloitte —contratada por los conocidos empresarios— durante la instrucción judicial del caso, a la que ha tenido acceso El Salto, no se declaró el IVA referido a la facturación realizada por diversas empresas del clan Matutes entre mayo y septiembre de ese año. ​Algo que, de acuerdo con la norma tributaria, debería ser objeto de sanción.

Para intentar justificar las modificaciones al alza del montante robado, el patriarca de los Matutes adujo que el dinero acumulado correspondía al cierre de la temporada de sus 20 hoteles. El ex ministro también afirmaría que los receptáculos robados eran cajas de depósitos sobre las que no había apuntes contables de entradas y salidas, y que no conocía la cantidad exacta de dinero depositado, lo que contribuyó a alargar la sombra de la sospecha. Deloitte trató de justificar el monto total con varias facturas que resultan de agregar servicios prestados a diferentes personas, un modus operandi que vulnera las reglas que aplican en materia de facturación. El clan Matutes también debería haber justificado los ingresos de hasta 781.000 euros realizados con posterioridad —el 13 de noviembre— dado que esta cifra supera el umbral de 100.000 euros a partir del cual los bancos deben informar a la administración para constatar que el dinero está al día de sus obligaciones. Los ingresos en cuestión se realizaron en el SabadellCAM, la entidad financiera que absorbió la antigua banca Matutes, propiedad de la poderosa familia de Ibiza.

Rafael Rodríguez, a quien la fiscalía considera el autor material del robo, un policía entonces en activo que —tal y como quedó constatado ante la Audiencia Nacional— llevaba a cabo tareas de vigilancia para la familia ibicenca al margen de la legalidad, aportó otros indicios que apuntan al impago de impuestos. En una conversación en el módulo de la cárcel de policías de Castellón, Rodríguez, que fue expulsado del cuerpo e ingresó en prisión preventiva como autor confeso (aunque luego se desdiciera de su autoinculpación), llegó a apuntar que las cifras que manejaban los Matutes ascendían a unos 300.000 o 400.000 euros diarios que se movían en furgonetas regularmente.

Lo hizo en una conversación que fue registrada por la unidad de asuntos internos del cuerpo, y en la que se dan otras tantas claves que apuntarían a posibles delitos de evasión de capitales como el posterior traslado en barcos del dinero al Caribe, donde las leyes son más laxas en materia de tributación, o su uso para pagar “en negro” al personal de las empresas del grupo. Con todo, ninguna autoridad tributaria llevó a cabo investigaciones sobre estas alegaciones.

Tras el transporte en furgonetas y antes del supuesto traslado al Caribe o de los pagos en negro apuntados por el expolicía, el dinero se guardaba en cajas fuertes de dos metros de alto, uno de ancho y medio metro de profundidad en la sede del Grupo Empresas Matutes. De acuerdo con su testimonio, habría un mínimo de dos receptáculos de este tipo en el edificio y, a juzgar por los informes aportados por la aseguradora, a los que ha tenido acceso El Salto, también habría dinero metido en armarios ignífugos, lo que podría indicar que las cajas fuertes ya estaban llenas.

El exagente a sueldo de los Matutes también apuntaba en esa conversación que, de acuerdo con lo que habría cotejado en los libros de contabilidad del grupo, una sola de esas cajas podría llegar a contener seis millones de euros a los que se llegaría mediante entregas que iban de los 180.000 a los 300.000 euros.

La investigación y sus irregularidades

Existen, además de las irregularidades ya expuestas, otras que también han sido documentadas por el organismo de autocontrol del Cuerpo Nacional de Policía. En una primera comparecencia en la comisaría de Ibiza el 31 de octubre de 2013, el supuesto autor material del robo, Rafael Rodríguez, aseguró que dos hombres con acento madrileño, a quien considera los verdaderos autores de la sustracción, habían proferido amenazas contra su familia para conseguir que colaborara con ellos en el robo. Así, en la identificación que el exagente llevó a cabo mediante una fotocomposición identificó a miembros de una banda especializada en este tipo de delitos. Pero la noche del día siguiente, 1 de noviembre, su relato da un vuelco de 180 grados. El policía cesado se declara entonces culpable y asegura que otro agente del cuerpo estaba implicado: el que la acusación particular y la fiscalía pasan a considerar encubridor, aunque horas después varios de sus compañeros quisieron imputarlo como autor del robo: José Joaquín Fernández. Ambos agentes, que deberán comparecer en sede judicial próximamente, ejercieron, por asignación del cuerpo, de guardaespaldas para Abel Matutes Juan.

Por las horas referidas en las actas de intervención del 1 de noviembre de 2013 se puede deducir que unos doce agentes concluyen la toma de declaración del ahora exagente de policía que estuvo a cargo de la vigilancia del grupo Matutes, lo ingresan en el calabozo, se coordinan y se desplazan a la localización en la que el primer monto de dinero sustraído estaría escondido para desenterrarlo y llevarlo a la comisaría. Todo ello en un tiempo récord, teniendo en cuenta que el imputado como autor material del robo a los Matutes empezaba a prestar declaración a las 22h y a las 00.10h el dinero desenterrado ya se encontraba en dependencias policiales. Por las fotos aportadas cuatro años después de la sustracción por los agentes al cargo de la investigación se puede inferir que el dinero recuperado la madrugada del 2 de noviembre se encontraba en dos cajas de plástico cargadas de billetes de 10 y 20 euros atados con gomas y enrollados con film transparente. Unos fajos que, a su vez, estaban cubiertos por un material de color negro parecido al de las bolsas de basura y cinta marrón. En las imágenes, una de las cajas aparece abierta, su contenido disperso y el envoltorio negro arrancado.

La cifra recuperada en esta operación supera la cifra denunciada en un primer momento por Empresas Matutes: unos 195.000 euros frente a los casi 188.000 de la primera demanda.

El agente al cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) por aquel entonces, Jaime Ferrer, sostuvo ante un juez que la caja en cuestión se abrió porque “todo el mundo la había tocado”. Según los informes policiales emitidos desde la aprehensión, diez de esos paquetes se pierden de camino a la policía científica. Quien ocupaba el cargo de policía científico en ese momento, Fernando García Crespo, que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Palma en junio de 209 por delitos contra la integridad moral y lesiones, fue beneficiario de un indulto bajo el gobierno del PP, el partido con el que Matutes se convirtió en ministro, en 2012. El inspector jefe de la comisaría, Roger Sales, pidió que se dejasen esas cajas en su despacho y, mientras duró el conteo del dinero, ni el agente autoinculpado ni su abogada estuvieron presentes, según apunta un informe de la Policía Nacional remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, al que ha tenido acceso El Salto.

En el mismo informe se afirma que este monto se entregó a los Matutes sin pasar por la correspondiente tutela judicial y entre bromas de Sales, luego director insular de la Administración del Estado de Ibiza y Formentera, a un responsable del grupo empresarial de los Matutes a quien le habría dicho que deberían de hacerles socios de la empresa por haber recuperado su dinero. No se llevó a cabo ninguna comprobación sobre la propiedad del efectivo desenterrado. Otro de los agentes al cargo de esas primeras pesquisas, Juan José Ferrer, compatibilizaba su trabajo en la policía con la lucrativa venta de los cines Serra y sus galerías de Vara del Rey, de los que era copropietario y que el sobrino de Matutes acabaría gestionando tras su reconversión en hotel de lujo. Este agente jugó un papel en la investigación a pesar de que la misma estaba fuera de su área de competencias.

Cuatro días después, el 6 de noviembre, el exagente que trabajaba para Matutes de vigilante y hasta entonces autor confeso, Rafael Rodríguez, reconoce que ha escondido más dinero: unos 782.000 euros que estarían a resguardo dentro de un Ford Fiesta en la carretera de San Juan, a unos 800 metros de un terreno propiedad del policía imputado por el robo. En esa ocasión, según refiere el citado informe policial, se desplazaron al sitio solo cinco agentes: entre ellos, el policía en negociaciones para la venta del inmueble en Vara del Rey —Juan José Ferrer—, el inspector jefe y luego director insular —Roger Sales— y el jefe de la UDEV que luego fue degradado, Jaime Ferrer. Sin ningún agente de la científica ni operario judicial que les acompañara. Según asuntos internos, tampoco se aportaron actas de inspección ocular durante el proceso de aprehensión del monto en cuestión que haría ascender la cifra denunciada a casi un millón de euros. Abel Matutes donó una décima parte de ese dinero a la Fundación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía.

Indefensiones y culpas cuestionables

José Joaquín Fernández, el agente al que se acusa de encubridor en el juicio que todavía está pendiente de fecha, asegura que recibió una llamada a las 23h del 1 de noviembre, una hora después de que el ahora exagente imputado como autor del robo hubiera declarado por segunda vez cambiando el relato de los hechos. Era Juan José Ferrer, el policía beneficiario de la venta de los Cines Serra, y lo habría llamado para que le ayudara a encontrar el primer monto de dinero sustraído a los Matutes dado que Férnandez vivía cerca de la zona donde se escondía el dinero y conocía muy bien el lugar. Se encontraron en un punto de la carretera de San Lorenzo. Tampoco entonces hubo agentes de la policía científica en la aprehensión de la suma, ni Rodríguez, en calidad de acusado por el robo, ni su abogada. A las 2.45h, más de dos horas después de que se recuperara el dinero, la policía arresta a Fernández.

Este agente siempre ha defendido que lo arrestaron y lo acusaron de coautor del robo porque no quiso convertirse en cómplice de la operación de entrega del dinero a los Matutes sin pasar por la imperativa tutela judicial y porque, en este sentido, sabía demasiado. Como elemento probatorio se presentó una sola huella flotante y aislada de Fernández sobre uno de los envoltorios de plástico negro de los billetes recuperados en la primera aprehensión. El hecho de que se pasara de una acusación de robo a una de encubrimiento plantea aún más objeciones sobre cómo esa huella llegó ahí.

La abogada que llevaba la defensa del agente que, en un primer momento, se inculparía del robo, Ascensión Joaniquet, se ofreció también a defender al otro agente imputado. Esta abogada trabajada en el mismo bufete que el hijo del inspector jefe y luego director insular, Roger Sales —quien formuló las acusaciones en contra del que fuera su cliente—. La mujer de Sales también era la procuradora de los Matutes en el proceso judicial. El agente imputado por encubrimiento prescindiría de sus servicios tras una serie de desencuentros con ella.

Tras comunicarle su arresto, la madrugada del 2 de noviembre de 2013, el policía pasó 65 horas aislado en un calabozo. Carmen Martín, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, emitió un auto en el que decretaba la prórroga de su detención y el reingreso en los calabozos para realizar una consignación de datos identificativos. Mientras eso pasaba, informaciones no contrastadas que después se probaron falsas y que se publicaron en medios locales señalaban que se había encontrado dinero del robo en el jardín de la casa de Fernández, el agente al que se acusa de encubrimiento. Poco después, una nueva intervención de la jueza Martín en el caso volvió a resolverse con la privación de libertad de Fernández. Fue el 30 de noviembre de 2013 y esta vez Martín ocupaba accidentalmente la plaza del juez que instruía el caso del robo. La magistrada decretó el ingreso en prisión del policía, algo que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 desautorizaría al volver a su puesto.

El ingreso tuvo lugar después de que Fernández sufriera una agresión en su domicilio por parte de dos hombres que se hicieron pasar por guardias civiles. Los hechos ocurrieron la noche del 25 de noviembre de 2013, a pesar de que el domicilio se encontraba bajo vigilancia policial en aquel momento. Después, el agredido se fue a Murcia con la intención de contratar un abogado de confianza tras rechazar los servicios de la amiga del inspector jefe y luego director insular, Roger Sales, a quien culpa de haberlo metido en todo este embrollo. El mismo Sales apareció junto a otros agentes en la finca del imputado sin que nadie requiriera su presencia mientras la Guardia Civil llevaba a cabo las pesquisas relativas a la agresión. Del informe de la Benemérita se desprende que uno de ellos recogió una navaja del escenario del crimen que habría sido utilizada para la comisión del delito, lo que supone una interferencia en la investigación.

Cinco años más tarde la magistrada Martín dió credibilidad a uno de los acusados por estas agresiones, que demandó al agredido por falso testimonio. Lo hizo en contra del criterio de la fiscalía. El juicio se resolvió a favor del imputado por encubrimiento. En dicha sentencia se afirmaba que el hecho de que no se hubiera podido probar la culpabilidad de los supuestos agresores no implicaba automáticamente su inocencia.

¿Quienes?... Los perjudicados 

Abel Matutes Juan. Apodado don Abel, es el patriarca del clan Matutes. Su imperio hoy se extiende desde el sector hotelero, insignia de su poder empresarial, hasta la ganadería bovina, pasando por su reciente incursión en el negocio de distribución de bebidas en la isla. Junto a sus hijos, sobrinos y otros familiares ha tejido una compleja red de empresas con ramificaciones en todo el mundo. 

Marc Rahola Matutes. Sobrino de Abel Matutes, hijo del arquitecto Víctor Rahola y la interiorista Maite Matutes, se ha convertido en el más digno sucesor del imperio creado por el exministro. La cadena OD Hotels, de su propiedad, gestionará el hotel de cinco estrellas construido sobre los antiguos cines Serra, de los que Juan José Ferrer, inspector de seguridad ciudadana de la comisaría de la policía de Ibiza, era copropietario.

Leopoldo Navarro y Raúl Benito. Los dos estuvieron enfrente de Natsuki Servicios Centrales S.L., la empresa al cargo de la seguridad de la sede del grupo de empresas Matutes. La Audiencia Nacional da por probado que Navarro intentó “aleccionar” a los guardas que estuvieron en el turno en el que se cometió el robo la madrugada del 26 de octubre de 2013 antes de que prestaran declaración en el Alto Tribunal. El plan era esconder a toda costa que el ahora expolicía Rafael Rodríguez trabajara para los Matutes. Rodríguez llegó a decir de ellos que si les llega a hacer entrega del monto robado ni la familia ibicenca ni la policía hubieran visto “un duro”.
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... Supuestos implicados

Rafael Rodríguez. La fiscalía y la acusación particular lo consideran el autor material del robo. Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre da dos versiones completamente diferentes ante la policía. Ingresó en prisión preventiva y, mientras estaba recluido fue presionado por el que fuera inspector de la UDEV, Jaime Ferrer, para que acusara a José Joaquín Fernández de autor del robo. En la conversación que Rodríguez tuvo con Ferrer se apuntan unos cuantos elementos clave sobre otros cuantos delitos fiscales de la familia Matutes. El acusado dispondría de esa información por haber llevado a cabo tareas de vigilancia para el clan Matutes, lo que le costó la expulsión de la policía.

José Joaquín Fernández. Investigado por encubrimiento, a pesar de que en primera instancia los agentes al cargo de la investigación lo quisieron imputar como coautor del robo. Cada vez son mayores las dudas sobre su vinculación con los delitos juzgados y la rebaja de la petición a encubrimiento evidencia la sobredimensión de los cargos por los que se le acusaba inicialmente. La fiscalía pide la desimputación de su mujer, a quién también se acusaba de encubrimiento..

Agentes al cargo de la investigación

Roger Sales. En el momento de la investigación ocupaba el cargo de inspector jefe de la comisaría de Ibiza. Luego fue ascendido a director insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera. En los documentos de asuntos internos se afirma que habría estado bromeando con los responsables de empresas Matutes en el sentido que les hicieran socios de la empresa (a él y a algunos de los compañeros que llevaron la investigación) por haber recuperado el dinero. Un dinero que fue entregado sin pasar por la correspondiente tutela judicial y que fue aprehendido de forma irregular. El conteo se habría realizado en su despacho sin que ni el acusado ni su abogada estuvieran presentes. En enero de 2017 se jubiló antes de agotar el tiempo máximo de su mandato como director insular y antes de quese designara un sustituto.

Juan José Ferrer. Inspector del área de Seguridad Ciudadana. Tuvo un papel relevante en la recuperación del cerca de un millón de euros aprehendidos entre la noche del 1 de noviembre y el 6 de noviembre de 2013, aunque la investigación estaba fuera de su campo de competencias. La recuperación que se llevó a cabo sin inspecciones oculares, ni agentes de la científica, ni tampoco operadores judiciales presentes. En el momento de la investigación, estaba negociando la venta de los cines Serra, de los cuales era copropietario. El sobrino de Matutes se encargó de la gestión del terreno y del hotel que se levantó en el solar.

Jaime Ferrer. En el momento de la investigación era el agente que estaba al frente de la UDEV. También fue a la prisión de Castellón a hablar con Rafael Rodríguez para presionarle con el objetivo que acusara a José Joaquín Fernández de haber cometido el robo. Durante la conversación llegó a afirmar que el hecho de que no se hicieran fotos en la aprehensión de los 782.000 euros del 6 de noviembre fue gracias a él. En sede judicial, Ferrer reconocería que se hizo entrega de las dos sumas sin comprobar si los Matutes eran sus dueños y sin pasar por la tutela judicial. Jaime Ferrer fue degradado y perdió su puesto de mando en la UDEV.

Fernando García Crespo. El agente al cargo de la policía científica durante la investigación. En 2009 fue condenado a seis meses de cárcel y a dos años de inhabilitación por un delito contra la integridad moral y lesiones a un detenido. En 2012 sería indultado por el exministro de Justicia, el popular Alberto Ruíz-Gallardón, y acabaría al frente de la UDEV.

Los operadores de la judicatura

Carmen Martín. La jueza que retuvo a José Joaquín Fernández durante 65 horas tras decretar la prórroga de su arresto y lo envió a prisión casi 25 días después, cuando fue a Murcia a contactar un nuevo abogado, alegando riesgo de fuga. Tiene tras de sí un largo historial de polémicos sobreseimientos. En julio de 2016 decretaría la libertad de los responsables de la discoteca Amnesia, a quienes se acusaba de delitos de blanqueo y contra la hacienda pública. Sería desautorizada en 2015 por la Audiencia Provincial cuando pidió 10.000 euros de fianza a un colectivo que pretendía ejercer una acusación popular. También archivó en 2014 el caso Ibiza Centro, que implicaba al ex alcalde socialista de Vila de Ibiza, Xico Tarrés. Ese mismo año fue obligada a continuar la tramitación de un juicio contra dos guardias civiles por un presunto delito de coacciones y en 2012 se le exigió que abriera un juicio oral contra los populares José Sala Torres y María Estela Matutes, hija de Abel Matutes Juan, por haberse lucrado, supuestamente, con el Pla insular territorial (PTI). José Joaquín Fernández pidió su recusación en 2015.

Ascensión Joaniquet. Amiga del ahora jubilado Roger Sales, el hijo del cual trabaja con ella en su bufete. Se ofreció a José Joaquín Fernández como defensa sin que él la hubiera requirió y mientras también ejercía la defensa de Rafael Rodríguez. En 2016 coincide como abogada de la empresa de cruceros Balearia con la mujer de Sales, procuradora de profesión, quien ha ejercido ese rol para la familia Matutes. Balearia es una de las empresas participadas por la familia ibicenca.

Los supuestos agresores

Adrian Puslau y Ángel Parada. Parada habría regentado un bar y una tienda en San Antonio de Portmany y los dos habían llevado a cabo tareas de seguridad para algunos clubes de la isla, incluído alguno propiedad de la familia Matutes. José Joaquín Fernández los identifica, a los dos, como a los autores de la agresión que sufrió el 25 de noviembre de 2013. Una identificación que ratificó hace en julio de este año en sede judicial cuando Parada le denunció por sentirse perjudicado por lo que él consideró una denuncia falsa. La demanda de Ángel Parada fue resuelta en su contra a finales de julio.

¿Cuándo?

25 y 26 de octubre de 2013 → Se produce el robo en empresas Matutes.

28 de octubre de 2013 → Primera denuncia de la familia Matutes por un monto de 188.000 euros.

31 de octubre de 2013 → Primera declaración de Rafael Rodríguez en la que apunta como culpables a una banda especializada.

1 de noviembre de 2013 → Segunda declaración de Rafael Rodríguez en la que cambia su versión, se autoinculpa y asegura que José Joaquín Fernández estuvo implicado en el robo.

2 de noviembre de 2013 → Aprehensión del primer monto en un punto determinado de la carretera de San Lorenzo. José Joaquín Fernández es arrestado. Se encuentra más dinero que el que había denunciado el grupo empresarial: unos 195.000 euros.

6 de noviembre de 2013 → Aprehensión del segundo monto de 782.000 euros en la carretera de San Juan. Empresas Matutes amplía la denuncia.

25 de noviembre de 2013 → José Joaquín Fernández es víctima de agresiones por parte de dos personas que se hacen pasar por guardias civiles.

30 de noviembre de 2013 → José Joaquín Fernández ingresa en prisión preventiva cuando la jueza Carmen Martín ocupa accidentalmente la plaza del juez de instrucción número 2. El magistrado en cuestión revocaría esa decisión al recuperar su puesto.

12 de febrero de 2014 → Un informe pericial de la empresa Deloitte eleva la cuantía sustraída en 2,7 millones de euros.