2018, un año de macroprocesos judiciales por corrupción

2018 será el año en el que por fin sabremos la sentencia de los 28 acusados en el caso Gürtel. También en el que continuará, previsiblemente, la instrucción de procesos que han ido abriéndose en los últimos años y que tocan de lleno al PP de la Comunidad de Madrid –caso Lezo y Canal de Isabel II–, o que se han reabierto, como la investigación de los papeles de Bárcenas.

Se trata, de nuevo, un año en el que los delitos de corrupción serán protagonistas en los juzgados. El primer juicio importante sobre corrupción celebrará su primera vista oral el próximo 8 de enero. El Caso De Miguel trata sobre el supuesto tráfico de influencias y cobro de comisiones por parte de Alfredo De Miguel (PNV), diputado foral de País Vasco desde 2007 hasta marzo de 2010, cuando dimitió de su cargo tras ser arrestado. Se prevé que el juicio dure hasta septiembre. En esos nueve meses, pasaran cerca de 30 personas acusadas por la sala del Palacio de Justicia de Vitoria. Alfredo de Miguel se enfrenta en este caso a 54 años de prisión, acusado de 21 delitos de corrupción por operaciones que sumarían 16 millones de euros. 

El caso Faycán será el siguiente del año. Sobre el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde, en Canarias, entre los 29 acusados está todo el equipo de Gobierno del Partido Popular y el director de la constructora Cobra –perteneciente al Grupo ACS– en Canarias y su comercial, y el director general de la constructora Mazotti, Alejandro Navarro Miñón, quien ya ha pasado en dos ocasiones por los juzgados acusado de delitos de corrupción: el caso Mazotti –del que fue absuelto– y caso Paraíso, en el que fue condenado a un año de cárcel. El 15 de este mes será la primera de las 40 sesiones programadas.

En los mismos días comenzará también el juicio de la segunda pieza del caso Gürtel, la relacionada con la financiación ilegal del Partido Popular valenciano para las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008. En el banquillo se sentarán 20 acusados, entre los que se cuenta a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, que ya se encuentran en prisión sin fianza por su condena de hasta 13 años de cárceles por el caso Fitur.

En febrero, el protagonista será Jaume Matas, que vuelve, según prevé la Audiencia Provincial de Palma, con su séptimo juicio por el caso Palma Arena. En concreto, el de febrero sería sobre la pieza separada conocida como Over, empresa a la que el PP balear habría contratado de forma irregular para la campaña electorales de las autonómicas de 2003 y 2007. Hasta ahora, Matas, que ya pasó nueve meses en prisión, tiene sobre él otras cinco condenas, pero solo una de ellas de cárcel, por 3 años y ocho meses por el caso Nóos. Tras este juicio, a lo largo del año Matas volverá a los juzgados dos veces más, primero, en julio, por el caso Ópera –pieza separada tres del Palma Arena sobre la contratación de Santiago Calatrava– y, de nuevo, en septiembre.

En marzo el foco se vuelve a poner en País Vasco, esta vez con el caso Margüello, que gira en torno al exconsejero de Sanidad por el PNV, Gabriel Inclán, y el supuesto fraude y prevaricación en torno a contratos de este área de los que fueron beneficiadas empresas del doctor José Carlos Margüello.

Aunque aun no hay fecha fijada, otro de los grandes casos que previsiblemente llegarán a juicio este año es el de la salida a Bolsa de Bankia, por el que se sentará en el banquillo de los acusados a Rodrigo Rato. Rato, que tras su paso por la vicepresidencia y por el Ministerio de Economía llegó a Bankia como director en 2010, está acusado de falsear las cuentas de la entidad financiera. También se enfrenta a otro juicio por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares del que tampoco se sabe la fecha programada.

Menos procesos
Desde 2015, el Poder Judicial publica las estadísticas de los procedimientos iniciados y juzgados por corrupción, contando en estos los que estén relacionados con delitos de cohecho –soborno–, prevaricación, ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico, infidelidad en custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraude o abuso de poder.

En estos tres años analizados –sin contar el cuarto trimestre de 2017, del que aún no se han proporcionado datos–, 2015 fue el que contó la apertura de más procesos judiciales por corrupción, un total de 797, de los cuales 255 se abrieron en Catalunya, 138 en Madrid y cien en Cantabria. En cuanto a juicios, solo se celebraron 24 –19 de ellos con sentencia condenatoria–.

En 2016 se abrieron otros 654 procesos y se celebraron 104 juicios, de los que 76 tuvieron sentencia condenatoria. En los tres primeros trimestres de 2017 se han abierto 215 procesos y se han celebrado 79 juicios con 58 sentencias condenatorias.