Coronavirus
Dos millones de españoles en el exterior, en apuros para volver por las pruebas PCR exigidas por Sanidad

El requisito de presentar una prueba de Reacción en Cadena de la Polimersa, conocida como PCR, que se haya realizado en las últimas 72 horas impuesta desde el pasado 27 de noviembre supone una traba administrativa en muchos casos insalvable para los alrededor de dos millones y medio de españoles en el extranjero. No se trata únicamente de volver a casa por Navidad, sino que la norma impuesta por el Ministerio de Sanidad para quien venga de países de riesgo impide también asistir a entierros, ocuparse del cuidado de dependientes o de volver a casa tras ser despedido por la crisis de la pandemia.

La prueba PCR es un procedimiento considerado más seguro que los llamados “tests rápidos”, sin embargo, en muchos países estas pruebas solo las realizan laboratorios privados que cobran varios cientos de euros dependiendo del lugar. Asimismo, el plazo de las 72 horas es en muchos casos irrealizable, ya que los laboratorios tardan más tiempo en dar los resultados, así como el viaje puede durar más o menos dependiendo de los transbordos. Las elevadas multas de entre 3.000 y 600.000 euros a quien incumpla la normativa hace el retorno aún más complicado.

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo Adrián Vázquez pedía el miércoles al Ministerio de Exteriores que, si se exigen pruebas del tipo PCR, que éstas se faciliten a la llegada y de forma gratuita para los emigrados. Izquierda Unida Exterior ha solicitado al Gobierno que adecúe los requisitos de acceso para los residentes en el exterior. Su coportavoz, Eduardo Velázquez, señala que “desde la emigración reconocemos la importancia de la seguridad sanitaria, pero el propio ministro Illa ha reconocido que tan solo un 0,08% de los casos positivos de la covid 19 han entrado por los aeropuertos”.

No se trata únicamente de volver a casa por Navidad, sino que la norma impide también asistir a entierros, ocuparse del cuidado de dependientes o de volver a casa tras ser despedido por la crisis de la pandemia

También el colectivo Marea Granate se opone a la prueba PCR previa para quienes viven y trabajan en el extranjero y pide que se diferencie entre migrantes y turistas, así como la posibilidad de realizar dichas pruebas de forma gratuita en el territorio nacional. “Nos sentimos abandonadxs y ninguneadxs por las instituciones españolas, que hablan de turismo seguro al imponer esta medida, ignorando al colectivo migrante”, aseguraba el grupo de Viena en la red social Facebook.

El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aseguraba el pasado 12 de noviembre que “el esfuerzo que requiere” hacer este tipo de pruebas “no compensa”, debido a que el número de casos importado “es mínimo”. Para mas inri, el propio Ministerio de Salud no realiza PCR a los viajeros que lleguen sin la prueba hecha en destino, sino test rápidos, cuyo resultado se obtiene en pocos minutos. Son varios los países europeos que solicitan una prueba de coronavirus para entrar en el país, pero la mayoría permite realizar la prueba después de la llegada junto con una cuarentena y admiten los tests rápidos.

También el Centro Europeo por el Control y Prevención de Enfermedades ha asegurado que a los viajeros procedentes de países con una incidencia similar a la de España no es necesario exigirles PCR. Por otro lado, quien llega en coche, en tren o en autobús no tiene que presentar test alguno. El Gobierno de Baleares ha ofrecido tests PCR a sus ciudadanos residentes que volvieran durante el puente y se plantea extender la medida a las vacaciones de Navidad, una medida que no cubre todas las necesidades de la población en el exterior, pero que frente a la normativa nacional es un avance.

El derecho de los migrantes a regresar a su país no solo está recogido en la legislación internacional, sino que fue recordado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril. “Toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, dijo Michelle Bachellet, que recordó que “los Gobiernos están obligados a recibirlos y a velar por su acceso a la atención sanitaria” y recalcó que “deberían velar por que dispongan de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social". En el caso de muchos emigrados debido a la normativa de PCR impuesta, estos derechos de muchos migrantes no se están respetando en España.