Coronavirus
La crisis sanitaria agrava la precariedad de las familias que viven sin agua corriente

Lavarse las manos con frecuencia y mantener limpias las superficies de uso diario son, probablemente, las dos recomendaciones que más han repetido las autoridades sanitarias en los últimos meses, puesto que son algunas de las medidas más efectivas para prevenir el contagio por covid-19. Unos hábitos que, aparentemente, son fáciles de adoptar. Aunque no para todas. Para las familias que no disponen de agua corriente en casa, seguir estas medidas en pleno confinamiento supone un sobresfuerzo titánico.

Se trata de familias en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas recién llegadas de otros países, que no cuentan con suministros básicos como luz o agua corriente en sus hogares. Su falta de recursos les lleva, muchas veces, a instalarse en pisos vacíos que les proporcionan un techo temporal hasta que su situación mejora, aunque la mayoría de veces se trata de viviendas que no tienen contratados los servicios de gas, luz y agua. La situación administrativa irregular de muchas de estas familias impide, además, que puedan acceder a ayudas sociales puesto que, casi siempre, se les exige un padrón imposible de gestionar, en la mayoría de ciudades, sin un contrato de alquiler.

Viaje a la precariedad

Raissa y Nabil, nombres ficticios a petición de los testimonios, abandonaron Marruecos hace siete meses con su hijo de cinco años. Su vida en el país norteafricano se estaba volviendo cada vez más difícil e insostenible y decidieron apostar por buscar una vida mejor en Mataró, una ciudad costera a unos 30 km de Barcelona. Era octubre de 2019 y nada les hacía sospechar que su vida en la Europa de los Derechos Humanos estaría marcada, de nuevo, por la precariedad: sin papeles, sin hogar y sin tan siquiera agua para lavarse o cocinar.

Al inicio de las restricciones, el Ayuntamiento de Mataró decidió cerrar algunas fuentes porque las consideraba un foco de contagio, lo que provocó que muchas familias dejasen de tener acceso al único punto de agua corriente del que disponían

Antes de la llegada del coronavirus, esta joven familia se instaló en un piso propiedad de un fondo buitre y se las arreglaba llenando garrafas con agua de las fuentes públicas. Haciendo varios viajes, podían reunir el agua suficiente para cocinar, limpiar y ducharse diariamente calentado el agua en cazos. “Es muy complicado, cuando se acaba el agua del cazo y hay que rellenarlo, tenemos que esperar a que se caliente y eso en invierno es muy duro”, afirma Raissa, que lamenta que su hijo haya sufrido ya varios resfriados desde que llegaron.

Las crisis del coronavirus

Si la situación ya era dura antes de la pandemia, con la llegada del virus y el posterior confinamiento, todo empeoró. Al inicio de las restricciones, el Ayuntamiento de Mataró decidió cerrar algunas fuentes porque las consideraba un foco de contagio, lo que provocó que muchas familias dejasen de tener acceso al único punto de agua corriente del que disponían. Fue entonces cuando la Plataforma de Afectados por la Crisis y el Capitalismo (PACC) denunció la situación de otras 23 familias de la ciudad que se encontraban en la misma situación que Raissa y Nabil y, finalmente, el Ayuntamiento reabrió las fuentes públicas. Aun así, la PACC considera que se trata de una medida insuficiente y exige que la administración cumpla con su deber de garantizar los suministros básicos.

En este sentido, David Bondia, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC), asegura que la administración pública debe tener “un papel proactivo en la garantía de derechos fundamentales, especialmente en un contexto de crisis sanitaria”. Para este abogado, el Ayuntamiento de Mataró estaría ejerciendo “una omisión muy grave” al no garantizar el acceso a suministros básicos a los colectivos más vulnerabilizados, lo cual supone, además, “no garantizar su derecho a la salud en un contexto de crisis sanitaria”.

Callejón sin salida

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que mantiene activo un protocolo de actuación conjunta con la empresa suministradora de agua de la ciudad, a partir del cual se compromete a tramitar la contratación provisional del suministro de agua a las personas en situación de riesgo de exclusión residencial a través de un contador social. Pero para acceder a esta medida, las familias deben iniciar un largo y agotador trámite administrativo que, en muchos casos, conduce a un callejón sin salida. Desde el inicio del confinamiento, y según datos del Ayuntamiento, solo tres familias han conseguido tramitar con éxito la instalación de este contador social.

La PACC denuncia que, entre muchos otros requerimientos, el Ayuntamiento y la empresa suministradora exigen un informe de Servicios Sociales que solo pueden obtener las personas que están empadronadas en la ciudad. La tramitación del padrón municipal, por su parte, solo lo pueden tramitar telemáticamente las personas con DNI o NIE, por lo que quedan excluidas todas aquellas personas en situación administrativa irregular, que tampoco pueden tramitar la solicitud presencialmente porque las oficinas permanecen cerradas durante el estado de alarma.

“Tortura administrativa”

La dificultad que las personas migradas tienen para acceder a un padrón supone, de hecho, una gran limitación en el acceso a muchos servicios básicos. En este sentido, Sira Vilardell, miembro de la Junta Directiva de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), asegura que “todos los ayuntamientos tienen la obligación legal de empadronar a todas las personas” y añade que “no hacerlo es una decisión de cada ayuntamiento que deja fuera a mucha gente vulnerable de cualquier posibilidad de recibir ayudas públicas”. Según explica Vilardell, no se trata de una negación explícita, pero la administración “pide tal exceso de documentación que convierte el trámite en una odisea imposible”. Para Vilardell, esta situación supone, prácticamente, “una tortura administrativa que empeora la situación de las personas más necesitadas”. En este contexto, Bondia recuerda que “un requisito administrativo nunca puede ser una excusa para no garantizar derechos fundamentales”.

"Todos los ayuntamientos tienen la obligación legal de empadronar a todas las personas. No hacerlo es una decisión que deja fuera a mucha gente vulnerable de cualquier posibilidad de recibir ayudas públicas”

De hecho, la familia de Raissa y Nabil, que ahora espera otro bebé, se quedó en la cuneta mucho antes de llegar al trámite del empadronamiento en este imposible camino para conseguir un contador social de agua. Para obtener la autorización del Ayuntamiento y la empresa suministradora de agua, lo primero que deben obtener es una autorización del propietario del piso que, de momento, según denuncia la PACC, “lleva dos meses dando largas”. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que no puede instalar el contador social sin la autorización del propietario porque, asegura, este podría denunciarles. La consecuencia de este laberinto burocrático es que todas aquellas familias que se encuentran ocupando un piso que no es propiedad de una entidad financiera, que no tienen autorización de la propiedad, o que no cuentan con un padrón que les permita acceder al informe de exclusión social, no tienen garantizado su acceso a agua corriente en esta ciudad.

Una realidad oculta

Según Maria Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), “aunque es muy difícil recabar datos exactos, cerca de un 11% de toda la población española se encuentra en situación de pobreza energética”, eso significa que una persona de cada diez no tiene acceso a suministros básicos o no puede afrontar el pago de las facturas. Para Campuzano, además, “la situación de las familias que viven en pisos ocupados es una de las realidades más ocultas de la pobreza energética”, aunque asegura que se trata de uno de los colectivos más vulnerables porque, como no tienen un contrato de alquiler “tienen muchas dificultades para regularizar estos servicios”. En relación al agua corriente, Campuzano celebra que algunas ciudades hayan hecho pasos para acabar con la limitación a este bien de primera necesidad.

“No se puede condicionar el acceso al agua al hecho de encontrarse en situación regular en cuanto a la vivienda”, dice María Campuzano. “El Gobierno debería aplicar medidas contundentes para que todas las personas tengan garantizado el acceso a suministros básicos”

En el caso de Barcelona, por ejemplo, se ha establecido un convenio para garantizar la cobertura de agua corriente a todas aquellas familias que tengan un informe de Servicios Sociales y estén empadronadas, una medida muy parecida a la que garantiza el ayuntamiento de Mataró, con la diferencia de que Barcelona permite y facilita el padrón sin domicilio fijo, lo cual facilita enormemente el resto de trámites. En este sentido, Campuzano afirma que “no se puede condicionar el acceso al agua al hecho de encontrarse en situación regular en cuanto a la vivienda” y asegura que el Gobierno debería aplicar medidas contundentes para que todas las personas tengan garantizado el acceso a suministros básicos.

Goteo de denuncias

Sin embargo, muchas otras ciudades siguen imponiendo limitaciones en el acceso a suministros básicos. Durante el estado de alarma, varias entidades y colectivos de todo el territorio español han denunciado la situación de decenas de familias que se encuentran en esta situación. David Salcedo, del colectivo Mariola en Movimiento, denuncia que, solo en un barrio de Lleida hay, por lo menos, 17 familias sin agua en su domicilio. Pero la historia se repite en otras muchas localidades, como Madrid, Valencia o Badajoz: trámites que se eternizan y que llevan muchas veces a ninguna parte, hacen prácticamente imposible que algunas familias puedan abrir un grifo para cocinar, limpiar o lavarse las manos.

En el barrio de la Suerte de Saavedra, en Badajoz, el colectivo Campamento Dignidad denuncia que, como mínimo, 18 familias se encuentran en la misma situación desde hace tres años. En este caso, el colectivo consiguió que un juez obligara al ayuntamiento a dotar de agua corriente un edificio propiedad de la Guardia Civil, que en este momento están habitando familias en situación de vulnerabilidad. Aun así, de momento solo han conseguido que, durante el estado de alarma, se instale un único grifo en el portal, que deben compartir las diez familias del bloque.

¿Hasta cuándo?

Varias entidades sociales coinciden en que, como ocurrió con la crisis económica y social de 2008, la situación actual también traerá consecuencias trascendentales para la sociedad. Por una parte, existe una gran preocupación por el impacto que esta crisis sanitaria está teniendo y tendrá sobre aquellas personas más vulnerables. “El modelo que tenemos no funciona y esta crisis lo demuestra. Entregar la gestión de servicios básicos a multinacionales que únicamente buscan maximizar beneficios, supone dejar al margen a una gran parte de la población”, afirma Maria Campuzano, que teme que el número de familias en situación de pobreza energética se eleve después de esta crisis.

“No queremos una comisión de reconstrucción para volver a lo que ya teníamos, lo que necesitamos es una comisión de crisis social para construir una sociedad nueva”

Por otro lado, sin embargo, también son muchas las que ven esta situación como una oportunidad de cambio. Según afirma Sira Vilardell, de ECAS, “esta crisis ha permitido visibilizar situaciones que permanecían escondidas y presionar a la administración para avanzar de forma estructural en materia de derechos sociales”. Algunos aseguran incluso que “no aprovechar esta situación sería un fracaso, supondría no haber aprendido nada del pasado”, explica David Bondia, del IDHC, que concluye: “No queremos una comisión de reconstrucción para volver a lo que ya teníamos, lo que necesitamos es una comisión de crisis social para construir una sociedad nueva”.

Mientras tanto, Raissa, Nabil y su hijo pequeño desean que, cuando nazca el bebé que están esperando, el Ayuntamiento de Mataró haya encontrado una solución digna para ellos: “Queremos hacerlo todo de forma legal, pero no podemos aguantar mucho tiempo más recurriendo a las fuentes públicas para podernos duchar”, lamenta Nabil.