La Renta Mínima como Campo de Batalla

Los cambios en los criterios en la tramitación de los procedimientos relacionados con la Renta Mínima de Inserción se traducen en mayores barreras burocráticas e incrementos de las extinciones del derecho a percibir este importe

La Chanca
Pasillo de un edificio en el barrio de La Chanca. Paulo Antón
Abogada civilista

publicado
2018-11-21 07:00:00

Mari Carmen (nombre ficticio de una persona real) es una mujer amable y risueña. Le gusta mucho empezar cualquier conversación con un sincero Cómo estás de los que esperan una respuesta. Mari Carmen es muchas cosas. En la Consejería de Políticas Sociales tienen una ficha en la que pone que es una mujer de 45 años, de nacionalidad española, que conforma unidad familiar de una única persona y está en rango medio de formación.

Mari Carmen siempre va de un lado a otro cargando dos bolsas de tela. Dentro lleva informes médicos, resoluciones de la seguridad social y lo que necesita a lo largo del día. Todo muy ordenado. Atiende esos sacos con el cuidado de quien sabe que lleva la casa a cuestas. En la bolsa roja hay un expediente de la Consejería que dice que ya no tiene derecho a la Renta Mínima de Inserción (RMI) y que le debe a la Comunidad de Madrid más de 1.000 €. Cada vez que lo saca, aprieta enfadada el lateral de las hojas que se han quedado un poco dobladas para siempre.

En julio de 2017, sin embargo, Mari Carmen estaba muy contenta. La contrataron durante unos meses como parte del programa de reinserción. Era un contrato temporal y a media jornada, pero con un salario que se acercaba un poco más al mínimo legal. La misma semana en que Mari Carmen recibía la buena noticia, su expediente de Servicios Sociales fue trasladado a otra Junta diferente porque la primera está desbordada.

La nueva trabajadora social no sabía muchas cosas sobre Mari Carmen. Desconocía su pasado de drogodependencia en los años 90 y la ejemplar historia de superación que vino después. Tampoco sabía que Mari Carmen evita pasar por los albergues públicos como parte de su programa de deshabituación. Aunque sea más barato que la habitación que alquila por 250 €, el albergue es una opción que no se puede permitir por motivos extraeconómicos. Por encima del ahorro está la supervivencia.

Mari Carmen está sola desde que su hija se marchó. Su soledad desafía la media estadística sobre número de personas por unidad familiar que perciben la RMI. La referencia es de 3,31 personas por familia según el Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción de 2017 elaborado por la Consejería de Políticas Sociales [1]. Este mismo informe confiesa que asistimos a un proceso de “feminización de los titulares” de la prestación.

Las tres personas y media que forman esas familias recibieron 467,99 € al mes en 2017. Esto es tan solo un 66% del actual Salario Mínimo Interprofesional. Un poco más de medio sueldo para casi cuatro personas. Las familias han tenido que acreditar previamente que no pueden optar a ninguna otra prestación social. La idea de la ayuda es que el dinero se destine al alquiler, la ropa, la formación y la comida. En el caso de Mari Carmen, la mitad de su RMI es para pagar la habitación que la mantiene a salvo de los hábitos de otro tiempo.

La idea de la RMI es que sea una ayuda temporal. El programa se complementa con asistencia para la reinserción laboral y visitas periódicas a los Servicios Sociales. En una de estas visitas Mari Carmen le contó a su trabajadora que por dos meses le había coincidido la paguita del trabajo con la prestación de la Comunidad. Este dinero lo tenía en su cuenta bancaria y se lo habían abonado pese a haber comunicado la solicitud de suspensión temporal de la RMI con anterioridad.

La trabajadora le dijo que no se preocupara. La tranquilizó explicándole que la Consejería tarda un poco en ponerse al día. Como la suspensión es temporal, le recomendó que guardara ese dinero para los dos meses que tarda la administración en tramitar el fin de la suspensión. Así, cuando se acabara su trabajo tendría un pequeño ahorro hasta que le reconocieran otra vez la RMI con el retraso habitual. La intención de la trabajadora no era mala y estaba basada en su experiencia anterior. Sin embargo, había otra cosa que la trabajadora social no sabía. Lola Moreno no pasa una.

Desde el año 2016, la Consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno, ha ido cambiando los criterios en la tramitación del los procedimientos relacionados con la RMI. Mayores barreras burocráticas e incremento de las extinciones. Pese al pronóstico de la trabajadora, la Comunidad finalmente acusó a Mari Carmen de haberse quedado indebidamente con las dos mensualidades de RMI. Decían que tenía que haberlas devuelto. Con esa excusa, modificaron su expediente y la suspensión temporal se transformó en extinción absoluta de su derecho. Todo dentro de la Ley.

La principal causa de extinción de los expedientes de RMI es precisamente esa: el mantenimiento de causas de suspensión por más de tres meses. Por otro lado, la tercera causa más habitual de reclamación de ingresos indebidos es la “contratación a tiempo parcial”. El informe habla de parcial y no temporal, así que no ayuda mucho a sacar conclusiones sobre reinserción laboral. La Comunidad interpreta estos datos de extinción con lentillas optimistas. Optimismo grueso, como de nueve dioptrías. Dicen que “Una de cada dos extinciones se considera que responde a salidas por causas que pueden valorarse como indicadores de inserción social y laboral”. Mari Carmen no piensa lo mismo. Todo el mundo sabe que cuando una afirmación está repleta de condicionales no puede decirse que sea verdad.

El cambio de parecer administrativo se nota más en el año 2017. Según la memoria anual de la Consejería, el número de extinciones de 2017 fue de 4.327, lo que supone un incremento del 59,79% respecto del año anterior. Mari Carmen encarna los efectos de esta decisión y, ahora que su trabajillo temporal terminó, se encuentra peleando por el aplazamiento de esos 1.000 € incrementados con los intereses. Esa deuda es para ella un mundo, un riesgo, la horrible posibilidad de tener que volver al albergue. Cuando Mari Carmen aprieta fuerte el borde de la resolución es porque la jerga burocrática esconde para ella una amenaza de muerte.

En los últimos meses, distintos actores sociales han puesto el grito en el cielo sobre la inclusión de limosnas e “ingresos por mendicidad” en el cómputo de la ayuda social. Suena a broma pero no lo es. El grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid ya acusó a la Consejería de llamar por teléfono a las/os perceptoras/es “para presionarlos y que renuncien a la prestación” en febrero del pasado año [2]. Recientemente, se publicaba que “La Comunidad de Madrid exige saber cuánto ganan los mendigos para descontarlo de sus ayudas” [3] y, aunque luego se quiso desmentir, lo cierto es que la Consejería tramitó en 2017, exactamente, 6.305 expedientes de modificación de cuantía. La lectura del diputado Raúl Camargo es que el PP “declara la guerra a los más pobres” [4].

La aporofobia del Partido Popular no es novedad. Todas recordamos a Ana Botella tomando café con leche con una mano y multando con la otra a quienes reciclaban comida de los contenedores de basura. Madrid is fun, dijo. Ella desde luego se lo pasó pirata. Pero esta lectura pasional es demasiado simplista. La embestida conservadora tiene mucho más que ver con presupuestos y politiqueo.

En Mari Carmen concurre otra variable estadística importante. Es vecina de la ciudad de Madrid. La RMI es una prestación autonómica pero del total de 111.618 solicitudes tramitadas el año pasado, el 54,18 % corresponden al municipio de Madrid. Más de la mitad. A este dato se añade el hecho de que son los trabajadores sociales del Ayuntamiento quienes se encargan de tramitar las instancias. No es de extrañar que las/os usuarias/os estén un poco confusas sobre si la competencia sobre la RMI es local o autonómica. No les queda claro si el mal de ojo hay que echárselo a Carmena o al clon repeinado y de corbata azul que haya rellenado la silueta de Cristina Cifuentes (se llama Ángel Garrido).

La Comunidad de Madrid invirtió en 2017 más de 168 millones de euros y desde hace varios años el PP ha querido deshacerse de esta partida. En octubre de este año se filtró un estudio interno de la Consejería en el que, entre otras cosas, se propone bajar el importe y asociarlo al IPREM en vez del SMI. La asociación ATD Cuarto Mundo reaccionó al contenido y dijo que desde la Consejería “intentan vender que es gente que no quiere trabajar” [5].

La capital es la zona más beneficiada por la RMI pero, dentro de la ciudad sin corazón, hay mucha diferencia entre los distintos distritos. La mayor dependencia la encontramos, por este orden, en “Puente de Vallecas y Carabanchel seguidos de Usera, Villaverde, Villa de Vallecas y Latina”, como dice el Informe. Son éstos los distritos más empobrecidos de la capital y, también, aquellos donde el Partido Popular es tan impopular que la ironía hace llorar.

Las estadísticas de las últimas elecciones municipales (2015) publicadas por el Ayuntamiento sobre datos del Ministerio del Interior muestran la geografía política de la ciudad [6]. Los distritos donde el PP obtuvo peores resultados relativos (menor porcentaje de voto) fueron, por este orden, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro, Usera y Villaverde. ¡Los mismos distritos! Parece que el Partido Popular no amortiza políticamente la inversión en la RMI.

Es difícil vaticinar cuáles son las motivaciones del PP. Las tesis oscilan desde el mero esfuerzo por sanear el Balance de los Presupuestos autonómicos a costa de la población en riesgo de exclusión, hasta un plan formal para pauperizar la ciudad de Madrid y que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad sobre la ayuda o se arriesgue a pagar el coste político.

Lo que es seguro es que el futuro de la RMI, sustento básico de tantas familias madrileñas, se ha convertido en campo de batalla entre la Comunidad y el Ayuntamiento [7]. Una vez más, las víctimas del fuego cruzado son las personas más vulnerables de nuestro territorio. Mari Carmen podrá buscar amparo judicial a su situación, pero el riesgo de volver al albergue ha vuelto a su vida de manera irremediable. El daño ya está hecho y la rueda sigue girando.

________________________________
[1] Informe de la Comunidad de Madrid; “Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción” de 2017.

[2] La Vanguardia, 16/02/2017; “Podemos acusa a la Comunidad de llamar a perceptores de RMI para “presionarlos y que renuncien” a ella”.

[3] El País, 02/10/2018; “La Comunidad de Madrid exige saber cuánto ganan los mendigos para descontarlo de sus ayudas”.

[4] Europa Press, 02/10/2018; “Podemos pide la comparecencia en pleno de la consejera de Políticas Sociales sobre los mendigos y la RMI”.

[5] Cadena SER, 12/10/2018; “La Comunidad propone endurecer la Ley de Renta Mínima de Inserción”.

[6] Estadísticas elecciones municipales 2015

[7] Diario de Madrid, 22/03/2018 “El Ayuntamiento instará a la Comunidad a modificar urgentemente la normativa sobre la Renta Mínima de Inserción”.

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Este es un blog coordinado por la cooperativa jurídica madrileña Red Jurídica, con colaboraciones ocasionales de profesionales del mundo jurídico de distintas partes del Estado, en el que intentamos explicar, desde una perspectiva crítica, la actualidad jurídica
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2 Comentarios
#26582 12:54 23/11/2018

llevo esperando una respuesta desde2de febrero le heche la renta mínima no se nada no he cojido carta ninguna poefavo desirme algo esta aprobada o no

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#26475 7:22 22/11/2018

A M Carmen le hicieron una suspensión cautelar,no temporal que son un año, supongo que por no aportar nómina de contrato a tiempo parcial.M Carmen lo quiso hacer bien y quiso entregarlo por su trabajadora social ,que tenia una lista de espera de tres meses....

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